Mañana comienza un juicio encuadrado en la Audiencia Provincial de Cádiz en su Sección Sexta de Ceuta y en el que se tratará de dirimir si un hombre, cuyas iniciales responden a las letras J.L.R. incurrió en un delito de apropiación indebida entre los meses de noviembre de 2005 y septiembre de 2006.
Se trata de un hombre, natural de Ceuta, que en estos instantes cumple condena en el Centro Penitenciario de Los Rosales, al ser condenado en sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Penal número Uno de Ceuta el 27 de abril de 2010 a tres años, nueve meses y un día de prisión por un delito contra la salud pública, y que ahora comparece en el banquillo por los cargos anteriormente referidos.
Mientras se celebre el juicio, cabe destacar que el Ministerio Fiscal considera que los hechos por los que J.L.R. será enjuiciado son constitutivos de un delito de apropiación indebida en base a los artículos 252 y 74 del Código Penal Español razón por la que interesa solicitar una pena de prisión de cinco años y la imposición de una multa durante once meses a una cuota diaria de quince euros al día, lo que supondría un total de 5.115 euros así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas procesales respectivas.
De tal modo, y a la espera de que la Justicia se pronuncie en un sentido u otro, es preciso explicar los hechos por los que J.L.R se sentará desde mañana y hasta el próximo viernes en el banquillo de la sala de la Audiencia Provincial de Cádiz en su Sección Sexta de Ceuta: según estima el Ministerio Fiscal, además de la Acusación Particular, J.L.R. tenía una relación laboral con la empresa mercantil ‘Almacenes Mame Sociedad Limitada (S.L.)’, encargándose dentro de la misma, en la que estaba contratado y en plantilla, de las funciones de repartidor.
Así, el acusado supuestamente hizo suyas, con ánimo de lucro y con conocimiento de la obligación de entregar los abonos recibidos a cambio de la mercancía entregada, algunas cantidades percibidas, destruyendo tales albaranes y ocultando a la empresa dicha circunstancia de modo que entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006 el imputado podría haberse beneficiado de hasta 52.514,56 euros de manera ilícita.
Para el juicio el Ministerio Fiscal, por propia petición de la Acusación Particular, ha citado para testificar hasta 42 comerciantes de pequeñas empresas familiares de nuestra ciudad, con la intención de que ofrezcan su visión al respecto, un punto de vista que pudiera resultar clave para esclarecer el caso ya que fueron ellos los que recibían los pedidos –la mayoría de artículos culinarios– por parte del imputado y por ende los que entregaban el dinero a éste a cambio.
