Un accidente mortal en Ceuta, clave para que la Policía haga más atestados

La Fiscalía de Sala de Seguridad Vial ha comunicado su intención de enviar un oficio a las policías judiciales de tráfico antes de las Navidades para que levanten más atestados de accidentes de tráfico con el fin de que se instruyan más procesos penales que protejan a las víctimas. El motivo parte de una sentencia dictada el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo respecto a un caso ocurrido, precisamente, en Ceuta durante el año 2016, a raíz de un accidente de tráfico que costó la vida al ocupante de una motocicleta.

Para el fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, la sentencia del Supremo es “muy relevante”, de manera que propondrá a las policías de tráfico que levanten más atestados para que los casos no queden “al albur de la interpretación de cada uno con una tendencia a despenalizar”, lo que perjudica más a las víctimas económicamente vulnerables. “Con el procedimiento penal, las víctimas están aún más protegidas que fuera de él”, comentó.

Vargas comentó que la nueva instrucción pretende “revisar los criterios” para que los policías realicen atestados en casos que los jueces pueden considerar imprudencias menos graves, como un atropello en un paso de cebra o un accidente al saltarse un semáforo en rojo.

Diferentes criterios

En una primera instancia, la Audiencia absolvió al conductor que provocó el accidente de homicidio imprudente, realizando una nueva valoración de las pruebas, distinta a la que efectuó la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1, quien consideró que el acusado había incurrido en una imprudencia grave que derivó en la muerte del motorista.

Posteriormente, en el mes de julio de este mismo año fue el Supremo el que anulaba la sentencia de la Audiencia Provincial y volvió a condenar a este implicado, aunque esta vez rebajaba la gravedad del homicidio imprudente, y acabó condenando al acusado como autor de un delito de homicidio culposo por imprudencia menos grave con una multa de 1.500 euros. La compañía aseguradora indemnizó a la familia del motorista fallecido.