Le han caído ocho meses de suspensión de empleo y sueldo por no archivar unos documentos “no urgentes” antes de irse de vacaciones.
El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha manifestado su descuerdo con la sanción impuesta por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a un trabajador del centro penitenciario de Los Rosales por entender que se trata de una medida “desproporcionada” en relación con los hechos por los que se le sanciona.
Según fuentes de la central sindical, el hombre sancionado trabajaba en el área administrativa y se le ha impuesto una falta grave relacionada con una falta de rendimiento que afecta al normal funcionamiento de los servicios. Ésta falta se ha aplicado en el apartado máximo, lo cual conlleva la pérdida de empleo y sueldo durante un periodo de ocho meses. Según UGT, a partir de sanciones de seis meses se pierde el destino de trabajo, por lo que el trabajador de la prisión local será luego enviado a otro lugar.
Tanto el sindicato como el resto de trabajadores condenan la citada sanción y estiman que ésta debería haberse impuesto en su apartado mínimo para que el daño moral y económico fuera el menor para el trabajador de Los Rosales.
Según relata un miembro de UGT, el funcionario sancionado es un trabajador ejemplar. Su único fallo fue dejar pendiente de archivo unas cuestiones no urgentes antes de irse de vacaciones, con la mala fortuna que durante su ausencia se presentó en la prisión la Inspección Penitenciaria, que fue desde donde partió el acta sancionadora. “Le acusan de no haber cumplido con su trabajo, cuando no ha sido así”, explica uno de los compañeros de prisiones. De hecho, algunos cuentan que el trabajador sancionado ha estado realizando la labor de hasta seis personas a la vez por la ausencia de éstas bien por vacaciones o bien por bajas y demás. “Es una buena persona y un gran trabajador”, explican sus compañeros. Para ellos, esta situación es “tremendamente injusta” y por ello no son capaces de ocultar su “malestar” y su “indignación”, dos palabras que desde UGT se repiten constantemente en el discurso de defensa del funcionario afectado.
Desde el sindicato cree que lo máximo que debía haber ocurrido con este trabajador es que se le hubiera impuesto una sanción de entre 10 días y un mes de suspensión de empleo y sueldo. “Esa habría sido una medida más ajustada y menos desproporcionada”, afirman.
De momento, la sanción está recurrida ante las autoridades judiciales de lo Contencioso-Administrativo, aunque eso no ha impedido que el trabajador haya tenido que comenzar ya a cumplir con los ocho meses de suspensión que se le han impuesto, ya que no se ha decretado la paralización del cumplimiento del castigo de forma cautelar.
Desde UGT mostraron su completo y total apoyo al trabajador perjudicado y aseguran que no van a dejar que este caso se quede tal y como está ahora mismo, ya que van a luchar.
