El ugetista Carlos Javier Álvarez denunció el “deterioro” que sufren los servicios y advierte del “malestar” de los trabajadores
El responsable de la Secretaría de la Administración General del Estado, de FSP-UGT Estatal, Carlos Javier Álvarez, denunció el “deterioro” que están sufriendo los servicios públicos de la AGE y el “malestar” de los empleados con las políticas del Gobierno, y reclamó al PP la eliminación de la tasa de reposición de efectivos y un incremento “consolidable” del salario.
El incremento que reclama la FSP-UGT es de, al menos, el 2 por ciento en los PGE para 2015, por tres motivos: justicia, coherencia y necesidad para la economía del país. Sobre el primero, Álvarez dijo que “ya es hora que se empiece a compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo que llevan los empleados públicos desde 2010, en cualquiera de los casos superior al 20 por ciento”. Por coherencia, dijo que debería ser del 2 por ciento porque el Gobierno “ha planteado” que el PIB del país va a crecer en esta cifra. Y dijo que este incremento también se debe llevar a cabo “porque es necesario activar la demanda interna, y para ello los salarios han de crecer”.
Los ugetistas facilitaron un documento en el que se podía ver que desde el año 2010 se han amortizado casi 24.000 plazas de funcionarios y de 10.000 laborales, un descenso total del 15 por ciento de las plazas de los empleados públicos, que tiene como consecuencia “que la calidad de determinados servicios públicos se va a ver afectada por la insuficiencia de recursos humanos”. Además, Álvarez denunció que el Gobierno “está utilizando esta merma de la calidad de los servicios públicos para decir que es necesario externalizar”, y advirtió de que en 2012 se celebraron más de 40.000 contratos con empresas privadas, con un montante total de más de 6.000 millones de euros, “curiosamente por encima de lo que supuso la incautación de la paga extra de 2012”.
El sindicalista habló del “malestar” y la “falta de motivación” de los empleados públicos, lo que se pone de manifiesto en que la jubilación voluntaria se ha disparado, ya que de 4.200 que se jubilaron anticipadamente en 2010, en 2013 se llegó a casi 16.000. Y es que quienes cumplen los requisitos –60 años de edad y 35 de servicios cotizados– “se van a su casa hartos de aguantar el trato que les dispensa este Gobierno”.
También pidió la eliminación de cualquier tope en la tasa de reposición de efectivos y que se cubran las plazas del personal que se jubila cada año. Puso como ejemplo de la amortización de plazas que los servicios públicos de empleo, con una plantilla un 10 o un 15 por ciento inferior a 2009, en la actualidad están atendiendo “al cuádruple de desempleados que había en aquella época”.
En su visita a la ciudad, Álvarez se reunió con los delegados de UGT en la AGE para hablar de la situación actual del sector y del planteamiento de esta organización sindical.
