La Federación de Servicios Públicos de UGT intuye que no existe "interés alguno" por parte de la Ciudad en incrementar las medidas de seguridad en los edificios públicos bajo su competencia, como ha reclamado el sindicato de forma insistente durante las últimas semanas.
Ésa fue la conclusión que extrajo ayer su delegado, José Miguel Antúnez, tras la reunión mantenida con el superintendente de la Policía Local, Ángel Gómez, en la que le trasladó la preocupación de los funcionarios de la Administración local y el agravio comparativo que, a su juicio, supone que en las sedes de la Administración central (Delegación del Gobierno, comisarías o Agencia Tributaria, entre otras) sí que se hayan reforzado las medidas preventivas con más medios materiales y humanos.
UGT reitera que el nivel 3 de alerta decretado por el Ministerio del Interior ante la amenaza terrorista debería haber obligado a la Ciudad a incrementar la vigilancia en el interior y alrededores de sus oficinas. "No es cuestión de alarmar al ciudadano, pero es una realidad, y la realidad es la que es. Nuestra misión como sindicato es reclamarlo y lo triste es que tengamos que hacerlo porque no se cumpla lo que marca la ley, que obliga a la Administración local a garantizar la custodia y vigilancia de sus edificios", subrayaba ayer Antúnez.
En la reunión, asegura el delegado de UGT, el máximo representante de la Policía Local le trasladó que el número de efectivos a su mando destinados a controlar los accesos en las sedes administrativas de la Ciudad son suficientes y que, además, no dispone de más personal para incrementar esa dotación. En la misma reunión, Gómez habría sugerido, en palabras de Antúnez, proponer al Ejecutivo local la contratación de seguridad privada para incrementar los controles en los edificios, una alternativa que compensaría las estrecheces de una plantilla, la de la Policía Local, que en los últimos años ha visto reducidas al mínimo las incorporaciones.
El sindicato reclamó también una relación de las medidas que la Policía Local asegura que ha activado en los edificios públicos y de los destinos que considera prioritarios para negarse a movilizar agentes de esas funciones actuales a las de vigilancia de las sedes. Antúnez reitera que la Ciudad está obligada a garantizar el mismo nivel de protección que la Administración central ha activado en sus sedes, "con perímetros de seguridad o con arcos detectores". Y no sólo se trataría de una respuesta a la amenaza terrorista: el delegado de UGT pone como ejemplo un suceso de la pasada semana en el Edificio Ceuta Center, cuando un individuo intentó entrar por la fuerza en el Registro General golpeando una puerta. "Los funcionarios nos trasladan que sienten miedo", advierte.
