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Al papel, el tóner o la luz suma que los funcionarios tienen que escanear en vez de dedicarse a tramitar y agilizar.
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La responsable estatal asegura que el nuevo Palacio de Justicia nacerá “desfasado”.
Ma Victoria Carrero Díaz, responsable nacional del Sindicato de Justicia de UGT, explicó ayer cuál es la situación de la Administración de Justicia en la ciudad autónoma porque se trata de un “reflejo más de lo que está pasando en el Ministerio” –son cinco las comunidades autónomas sin el traspaso de competencias además de Ceuta y Melilla–.
El “único proyecto” que Rafael Catalá heredó de Alberto Gallardón fue el proyecto de ‘papel cero’ y que, como criticó Carrero, “ni siquiera se puede llamar así –ahora mismo se llama ‘justicia digital’– porque el papel, lejos de reducirse de los juzgados pasando a ser el expediente digital, se ha incrementado a costa de la ciudadanía de este país”.
Esta representante de UGT Justicia denunció que todos los procedimientos de 2016 y 2017 que tenían que ser papel cero, “siguen llenando los armarios de los juzgados”, porque aquello que antes presentaban abogados y procuradores en papel ahora va “a cargo del ciudadano: el papel, el tóner, la luz, impresoras...”. Con lo cual, razonó que este proyecto es un “fracaso” y es “falso” que haya acabado con el papel.
Los funcionarios, reprochó Carrero al Ministerio, “ahora se dedican en vez de a tramitar, resolver y agilizar la Administración de Justicia para el ciudadano, a imprimir y escanear documentos un día tras otro”. El Ministerio, lamentó Carrero, “no es capaz de imponer a quienes tienen que dar este paso fundamental, que es el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, hacia una modernización de la Administración de Justicia”. Los cuerpos generales a su servicio, indicó la ugetista, reciben la orden de estar ocupados en estas labores porque “lo quieren todo en papel” ya que son personas “bastante mayores que no saben manejar un correo electrónico ni las comunicaciones telemáticas”.
Por tanto, concluyó Carrero, el proyecto de Catalá “nunca llegará a ser real, nunca habrá una ‘justicia digital’ como pasa por ejemplo en la Agencia Tributaria, donde prácticamente no hay papel y los ciudadanos se comunican con ella prácticamente por vía telemática”.
Asimismo, UGT reclamó a Justicia que se decida en cuanto a cuál es el modelo de Nueva Oficina Judicial “correcto y el que mejor funciona”, de los tres existentes en territorio del Ministerio.
Desde este sindicato exigen, desde hace en torno a dos meses, la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien está “reprobado” en el Congreso por la gestión “nula y nefasta” que está haciendo de la cartera. Ni tan siquiera cumplió, añadió Carrero, el acuerdo de mejora de este servicio público y de las condiciones laborales de los trabajadores.
A preguntas de los periodistas, la ugetista consideró que la adecuación del Banco de España para albergar los juzgados de Ceuta, “es otro disparate de la Administración de Justicia y de la gestión de este Ministerio”. Carrero argumentó que en todas las ciudades, cuando se abre un nuevo Palacio de Justicia que requiere una inversión significativa, “ya queda totalmente desfasado para poder alojar a todo el personal”. A su juicio, esta obra significa “años y años, de nuevo, de dispersión de sedes judiciales y de mala calidad del servicio al ciudadano”.
“Años” para cobrar por las cláusulas suelo
En cuanto a las demandas por las cláusulas suelo, la responsable de UGT Justicia denunció que en Ceuta “ni tan siquiera se están nombrando refuerzos”. Carrero vaticinó que el verdadero problema vendrá con la ejecución porque es donde “realmente el ciudadano va a cobrar su dinero” pero, aseguró, “va a tardar años y años” porque en la ciudad, señaló, “ni siquiera han puesto prolongaciones de jornada –al personal– para dedicarse a esas demandas”. Algo que tildó de “escandaloso lo que ha pasado entre el Consejo, el Ministerio y comunidades autónomas con transferencias” porque, afirmó, “favorece a la Banca”.
