La publicación ayer en una edición especial del BOCCE del decreto por el que la Ciudad concede el trámite de audiencia a los recursos presentados por varios funcionarios contra la reordenación del sector público empresarial desató ayer el rechazo de UGT, que en un duro comunicado “condena la revelación de las identidades” de esos empleados. El sindicato considera ese hecho “de una gravedad sin precedentes”, lo eleva a “alarde de irresponsabilidad” y acusa al Ejecutivo de haberse “inventado una exposición pública no requerida expresamente por la ley, difundiendo los nombres y apellidos de estos funcionarios, cuando en todo caso, se les debiera haber requerido en dicho trámite de forma personal, sin que en ningún momento vieran comprometidas sus identidades”.
Con esa actuación, UGT considera “que el Ejecutivo de Vivas intenta coaccionar y coartar a todos los funcionarios de la Ciudad Autónoma, mostrando que todo funcionario que interponga un recurso, cuyos datos personales sólo le interesa a él y a la Administración recurrida, podría ver sus datos reflejados en el citado Boletín de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con las consecuencias personales que acarrea dicha revelación”. Esa conducta, cree UGT, podría ser “constitutiva de uno de los delitos tipificados en el artículo 197 y siguientes del Código Penal.
Fuentes del Gobierno de la Ciudad mostraron ayer a El Faro su “perplejidad” por el contenido del comunicado y aseguraron que la publicación de las identidades, como la del resto de la información vinculada a los recursos, “es obligatoria y parte del trámite preceptivo” que marca la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que establece que en el plazo de entre 10 y 15 días se incluyan en los boletines oficiales los términos y detalles de los mismos.
