La Federación de Servicios Públicos de UGT alzó ayer la voz contra los continuos recortes laborales que los funcionarios y el resto de empleados de la Administración sufren desde hace años, acentuados más aún en tiempos de crisis económica y restricciones presupuestarias.
Su secretario general en Ceuta, Juan Carlos Pérez, presentó ayer La dignidad es el salario, la campaña que el sindicato impulsa en toda España como protesta por la continua merma que han experimentado las retribuciones del colectivo. Como muestra de ese escenario que UGT no duda en considerar una “continua sustracción salarial”, Pérez recordó que los trabajadores públicos han visto reducido su poder adquisitivo en un 48 por ciento desde 1982, algo que intuye “parece tener visos de continuidad durante los próximos años, como atestiguan los Presupuestos Generales del Estado”.
Ese desplome en los ingresos, agravado con una caída del 10 por ciento solo en el periodo comprendido entre 2010 y 2013, es según UGT fruto de decisiones “de todos los gobiernos, del PSOE y del PP”, por lo que repartió culpas a partes iguales entre el decreto del 5 por ciento de reducción salarial aprobado por el último Gobierno de Rodríguez Zapatero y el de la eliminación de la paga extraordinaria con la que se estrenó en La Moncloa el Ejecutivo de Rajoy. Pero no es el único caballo de batalla de los funcionarios: a los bocados en las nóminas habría que unir, denunciaba ayer Pérez, los continuos incrementos de impuestos directos e indirectos, los recortes adicionales aprobados por las comunidades autónomas o entes locales o las subidas en las bases de cotización a la Seguridad Social. Todo ello, conjugado, ha retrotraído, según los datos que maneja UGT, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y sus retribuciones a los niveles de hace una década. “Los salarios de dos millones de empleados de la Administración son en 2014 los mismos que en 2007”, subrayaba ayer Juan Carlos Pérez.
Contra esa política de recortes sistemáticos, FSP-UGT exige al Gobierno que aproveche la anunciada e incipiente recuperación económica para “rectificar” y “restituir todo lo hurtado desde el año 2010”, capítulo que también hace extensivo a “la pérdida de los 500.000 empleados públicos desde que gobierna el Partido Popular” y a la “tasa de reposición cero que ha provocado que no haya oferta pública de empleo, que no se renueven plantillas ni se cubran jubilaciones”.
Sobre la recuperación de la paga extraordinaria eliminada por el Gobierno central y que varias sentencias judiciales comienzan a aventurar su devolución, Pérez auguró que “el Tribunal Constitucional dará la razón a los funcionarios”, de ahí que según su criterio el Ejecutivo esté ya “perdiendo tiempo para reintegrar no ya la parte proporcional de lo devengado en su día, sino la nómina entera”.
