La
Universidad de Granada (UGR) volvió a ser protagonista en las redes sociales a nivel nacional: el motivo, una investigación fundamentada únicamente en unas capturas de un grupo de WhatsApp que fue utilizado por unos estudiantes, supuestamente, como medio para compartir las soluciones y copiar en la prueba de la asignatura de Derecho Administrativo, según ha podido conocer El Faro de Ceuta. El examen se dividía en dos bloques: uno teórico y uno práctico. La parte teórica constaba de 40 preguntas tipo-test, que se presentaban de cinco en cinco y en las que se contaba con un minuto para responder a cada pregunta. La parte práctica constaba de 10 preguntas que seguían el mismo modelo de las anteriores. Toda esta situación sale a la luz el lunes, cuando el
decano de la facultad manda un correo en el que informa de que “tras haber recibido pruebas fehacientes de un evidente fraude en la realización de los exámenes tipo test on-line de asignaturas responsabilidad del Departamento de Derecho Administrativo, así como de otros departamentos de la Facultad de Derecho, se ha abierto una investigación oficial”, continuó expresando, por lo que “queda en suspenso la finalización del procedimiento de evaluación de estas asignaturas a la espera de lo que resulte de dicha investigación”. La misma afectará a entre 800 y 1.000 estudiantes, que se encuentran indignados antes las declaraciones del decano, remarcando la de que “pagarán justos por pecadores”. A toda esta situación se sumó que los estudiantes tuvieran que enterarse de las medidas que se iban a llevar a cabo por medio de la prensa y no de su propia universidad, y que en esta asignatura la media de aprobados durante años fuera menor, en numerosas ocasiones, al veinte por ciento y nadie abriese una investigación cuando cada año se producían manifestaciones a las puertas del decanato. Se preguntan el motivo por el cual un porcentaje tan alto de suspensos no lleva a una investigación hacia el profesorado o el proyecto docente de la asignatura, pero un alto elevado de aprobados lleve a la investigación de más de 800 alumnos, algunos de Ceuta, que serán castigados con exponerse a repetir el examen haciendo que les coincida con otros, modificando de esta forma un calendario de exámenes el cual no se puede alterar, o no permitiendo que puedan cerrar su expediente, ya que, para un gran número de universitarios, era la última asignatura que les quedaba para aprobar la carrera. El Faro de Ceuta se puso en contacto con Carlos Luna, portavoz estudiantil del movimiento llevado en contra de las medidas tomadas por la delegación. Luna se muestra incrédulo porque “en un lugar como esta facultad, que debería ser como un templo para el derecho, sea realmente un estado bananero en el que están usando pruebas ilícitas”. Los alumnos sienten cómo están siendo vulnerados múltiples de sus derechos, Luna lo explicó en un acta que será llevada a los altos cargos de la universidad. Por una parte, el decanato estaría violando el derecho sancionador, debido que se debe “responsabilizar de forma individual a los autores de los actos objeto de reproche, y nunca liderar actuaciones bajo la rúbrica de hacer pagar justos por pecadores”. Otro derecho vulnerado sería la presunción de inocencia, el cual “garantiza no sufrir sanción en el orden administrativo sancionador, sin previa actividad probatoria. En ningún caso está obligado el inculpado/expedientado a probar su inocencia, al venir amparado por la presunción de inocencia constitucional”. En virtud del principio de contradicción, “entendemos que no se puede tomar una decisión contra nosotros sin ser escuchados, estando directamente relacionado con el derecho a la prueba que tiene como primer requisito la legalidad de la petición probatoria”. Consideran que también ha sido vulnerado el principio “in dubio pro reo” y el artículo 13 de la propia normativa del departamento, cuyo contenido expone que “es responsabilidad de los Departamentos, o de la Comisión Académica del Máster, el asegurar la suficiente vigilancia y supervisión durante el desarrollo de las pruebas…”. La gran parte de los universitarios afectados por estas medidas no tenían constancia de ningún grupo de WhatsApp ni de ninguna irregularidad en cuanto al supuesto fraude que expone el decanato. La indignación de los alumnos, los cuales están siendo coaccionados por parte de la administración para que destapen los engaños realizados en la prueba ya mencionada, ha llegado a su máximo esplendor y piden visibilidad y que se les escuche ante un decanato ante el que se sienten “desamparados”.