El Tribunal de Cuentas (TCu) ha vuelto a urgir por enésima vez a la Ciudad Autónoma en su informe del ejercicio 2018 que acaba de publicar a elaborar y aprobar “una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de acuerdo con las necesidades de los servicios y los requisitos y capacitaciones necesarias para el desempeño de cada uno”. Según el dictamen del órgano fiscalizador, actualmente no se dispone en la Administración local de “ningún instrumento técnico adecuado para la ordenación del personal”, lo que “ha motivado la aplicación de un modelo basado en tareas poco claras, responsabilidades no definidas y el establecimiento de complementos específicos otorgados históricamente con criterios no ajustados a factores objetivos”.
El TCu también estima que “debería confeccionarse un Registro de Personal en el que consten todos los actos que afectan a la vida administrativa del personal de la Ciudad” y “solicitarse nuevamente la provisión de los puestos de interventor y secretario de habilitación nacional para su inclusión en los concursos unitarios que anualmente celebra el Ministerio de Hacienda”.
En el caso de la Intervención, desde la convocatoria publicada en el BOCCE el 15 de abril de 2015, que quedó desierta, no se ha vuelto a efectuar ninguna. La de secretario no ha salido nunca.
Con respecto a la plantilla, el informe recoge que “las principales condiciones laborales fijadas en el convenio colectivo para el personal laboral y el acuerdo regulador para el funcionario de la Administración de la Ciudad son idénticas, al haberse regulado de forma unitaria materias como el régimen retributivo, la jornada laboral, horarios, licencias, permisos, vacaciones, derechos sociales, formación y promoción profesional, régimen disciplinario y garantías sindicales”.
Se trata de algo no admisible a la luz de la jurisprudencia “unánime” en contra de esa “regulación unitaria debido a su incardinación tanto en distintos órdenes jurisdiccionales y campos normativos.
Una “importante debilidad” de esta Administración
Según el Tribunal de Cuentas, “la ausencia de una RPT debidamente cumplimentada” en la Ciudad Autónoma “constituye una importante debilidad en la gestión de los recursos humanos” por la Administración local, que de esta forma no dispone de “un instrumento técnico adecuado para la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y los requisitos y capacitaciones necesarias para el desempeño de cada puesto de trabajo”.
Todo por hacer, seis años después, en el sector periférico
El TCu censura en su informe de fiscalización de la Ciudad correspondiente al ejercicio 2018 que “siguen sin llevarse a cabo los compromisos establecidos en los acuerdos plenarios de 27 de febrero y 1 de diciembre de 2014 en los que, tras dejar sin efecto el proceso de reestructuración del sector público periférico como consecuencia de la estimación de varios recursos de reposición presentados por funcionarios, se expresó la voluntad de seguir avanzando en la racionalización de medios, mediante la adopción de resoluciones tendentes a actualizar los objetos sociales de las sociedades municipales, establecer planes de gestión por objetivos, configurar una relación de puestos de trabajo (RPT) de cada entidad, tender a la homogeneización de las condiciones laborales preservando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como modificar los estatutos de las sociedades municipales, incluyendo la obligatoriedad de gestionar el presupuesto de cada una de ellas de conformidad con la legislación aplicable a los Presupuestos de la Ciudad”.
Nada de eso se ha hecho y el sector público empresarial “ha permanecido como antes del proceso de reestructuración” excepto en las sociedades Puerta de África, Parque Marítimo del Mediterráneo y Obimace, cuyas participaciones se transmitieron a la Ciudad desde Procesa y Obimasa.
