El Tribunal de Cuentas (TCu) ha vuelto a insistir a la Ciudad en su último informe fiscalizador, relativo al ejercicio 2017, en que “debería poner en práctica los Acuerdos del
Pleno de la Asamblea de modificar los Estatutos de las sociedades municipales con el objetivo de aumentar la transparencia y eficiencia en la gestión económico-financiera”. “La Ciudad”, lamenta en el dictamen, “no ha desarrollado ninguna medida de revisión de los objetos sociales de las sociedades, puesta de manifiesto en esta recomendación, a pesar de que en febrero y diciembre de 2014 el Pleno aprobó resoluciones en este sentido”.
Aquel proceso de reestructuración del sector público periférico municipal quedó en vía muerta como consecuencia de la estimación de varios recursos de reposición presentados por funcionarios.
El Gobierno de Vivas manifestó entonces su voluntad de “seguir avanzando en la racionalización de medios” mediante la adopción de resoluciones “tendentes a actualizar los objetos sociales de las sociedades municipales”, establecer “planes de gestión por objetivos”, configurar una RPT de cada entidad y avanzar hacia “la homogeneización de las condiciones laborales preservando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, así como modificar los Estatutos de las empresas públicas, incluyendo la obligatoriedad de gestionar el presupuesto de cada una de ellas de conformidad con la legislación aplicable a las cuentas de la Ciudad.
Sin embargo, cinco años después “estas medidas no se han adoptado y el sector público empresarial de Ceuta ha permanecido como antes del proceso de reestructuración excepto en las sociedades Puerta de África, Parque Marítimo del Mediterráneo y Obimace, cuyas participaciones se transmitieron a la Ciudad desde Procesa y Obimasa.
Las cuentas de las sociedades municipales en 2017 presentan un activo total de 84,6 millones y un resultado negativo agregado de 696.000 euros. Los resultados de explotación antes de subvenciones reflejan unas pérdidas de 40,6 millones, lo que “constata su recurrente situación deficitaria, que motiva que la Ciudad deba acudir a la cobertura de las pérdidas generales y a la financiación de las inversiones mediante transferencias corrientes y de capital, incrementándose el grado de dependencia financiera.
“Importante carencia” de planificación
El Tribunal de Cuentas denuncia que “las sociedades participadas íntegramente por la Ciudad” continúan sin dar cumplimiento a la legislación al no contar con Planes de Actuación, Inversión y Financiación, ni disponer de unos Presupuestos de explotación y capital, “lo que supone una importante carencia desde el punto de vista de la planificación y el control de la actividad empresarial municipal por el Pleno”. Las sociedades hacen unas cuentas “de carácter administrativo, que posteriormente se incorporan al Presupuesto consolidado de la Ciudad y sus estados de liquidación al cierre del ejercicio son “heterogéneos”.
Algunos avances y múltiples sugerencias pendientes
El Tribunal de Cuentas valora en su último informe sobre la Ciudad que “ha avanzado en el cumplimiento de algunas recomendaciones señaladas en fiscalizaciones de ejercicios anteriores, especialmente en lo referente a la formulación, rendición y contenido de las cuentas anuales de las entidades dependientes de la Ciudad, así como en la finalización de los procesos liquidatorios de las sociedades municipales que estaban inactivas.
No obstante, alerta de que “se mantiene pendiente de implantación un número elevado de recomendaciones entre las que destacan las relativas a la mejora de la gestión del inventario, al control de las relaciones financieras con las entidades dependientes, dejar de aprobar modificaciones sin cobertura financiera, así como a la mejora de las debilidades señaladas en la gestión de las subvenciones públicas o la aplicación de los módulos de proyectos y gastos con financiación afectada”.
También permanece “pendiente” de implantación “la mayor parte” de las recomendaciones señaladas en las Resoluciones de la Comisión Mixta, entre ellas “las referentes a la adopción de medidas para subsanar la existencia de numerosas deficiencias de índole contable, especialmente en la rúbrica de inmovilizado, así como la toma en consideración presupuestaria de compromisos devengados en ejercicios anteriores”.