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La empresa alega que la diferencia en los trabajos verticales va a sufragar costes indirectos
Tragsa sigue acumulando motivos para la suspicacia entre sus detractores. El último, la subcontratación de los trabajos verticales en la ya de por sí controvertida encomienda de gestión que le ha encargado la Consejería de Medio Ambiente para limpiar con 50 peones zonas de difícil acceso, entorno fronterizo y algas de las playas.
La empresa pública va a percibir por hacer ese trabajo durante seis meses un total de 1,54 millones de euros, 870.000 para personal y casi 450.000 para maquinaria como partidas principales.
El presupuesto desglosado de la encomienda, a cuyas cifras ha tenido acceso este periódico, establece que Tragsa recibirá 127.505,10 euros por hacer trabajos verticales de limpieza pero el caso es que la empresa ha sacado a licitación por solo 85.000,38, aproximadamente un tercio menos de lo que cobrará de la Ciudad, ese trabajo.
Según ha podido saber ‘El Faro’, un total de cinco empresas de Ceuta y Andalucía han concurrido al concurso, en algunos casos con ofertas muy superiores al máximo establecido y en otros “al límite”. Anteayer se abrieron los sobres de las propuestas económicas y la próxima semana, previsiblemente, se decidirá si la subcontrata queda desierta o el nombre de su adjudicataria.
Las fuentes consultadas por este periódico sobre semejante diferencia de importes han hecho hincapié en que Tragsa, “como empresa pública y, sobre todo, medio propio de la Administración que es”, no tiene “ningún afán de maximizar beneficios a costa del erario público, pero también el deber de no entrar en pérdidas”.
A partir de esa premisa, defienden que el margen de distancia existente entre lo que se factura a la Ciudad y lo que se ofrece como máximo a las subcontratas está destinado a “sufragar todos los costes indirectos que Tragsa, como cualquier empresa, debe asumir para mantener los servicios de prevención de riesgos laborales, vigilancia, seguridad, personal, etcétera, necesarios pero no directamente vinculados a esta encomienda”.
De acuerdo con la legislación vigente, Tragsa puede externalizar hasta un 50% del presupuesto de los trabajos que le encomienden las Administraciones. La Ciudad prometió que será en Ceuta.
“Trasladar” o no a la encomendante, interrogante
Según la Cámara de Cuentas de Aragón, las encomiendas de gestión deben ser “una excepción a las reglas generales del Derecho comunitario en materia contractual”, aplicarse “restrictivamente” y tramitarse empezando “con la elaboración de una memoria justificativa de la necesidad”. Según su interpretación, “en el caso de que se produzca una subcontratación, las bajas obtenidas en las licitaciones deberían trasladarse a la entidad encomendante”. La Intervención del Estado asume que pueden “existir diferencias entre el importe abonado en una encomienda al medio propio y el abonado, a su vez, al tercero contratista”.
Subrogación del Plan de Empleo Juvenil, “en ningún caso”
Antes de encomendar a Tragsa la limpieza de zonas de difícil acceso, el entorno fronterizo y las algas de las playas, el consejero de Medio Ambiente saliente, Emilio Carreira, pidió a los técnicos que informasen sobre la posible obligación de subrogar al personal que formaba parte del extinto Plan de Empleo Juvenil que fue adjudicado a la UTE Solares de Ceuta, con la que estaban vinculados por contratos “de obra o servicio”.
La respuesta que obtuvo fue que “en ningún caso se podría aplicar la subrogación de los trabajadores salientes a la futura encomienda de gestión de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos”.
Desde su punto de vista, el objeto del primer concurso público y el de la encomienda “en nada se parecen o asemejan”, pues el de Tragsa “se trata de dotar a la Consejería de los medios necesarios, a través de actuaciones de adecentamiento de diversas zonas de la ciudad, para la conservación y protección del medio ambiente ceutí”.
Además, el técnico firmante apuntó que “el Convenio de aplicación” para Tragsa sería “el del sector de Limpieza Pública de Ceuta, pues el de la empresa pública excepciona de su ámbito a los trabajadores que por la naturaleza de la prestación estén incluidos en el de uno específico, como es el caso”.
