Los trabajadores sociales adscritos al Convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECyD) y la Ciudad Autónoma que, salvo contratiempo indeseado, se incorporarán a sus puestos de trabajo el próximo lunes, cuando comenzará la actividad lectiva en las aulas, serán los encargados de distribuir “de forma personalizada” entre los alumnos con mayores necesidades los más de 240.000 euros que la Consejería que dirige Mabel Deu repartió el pasado mes de junio entre los distintos centros educativos de la ciudad.
Según explicó ayer la consejera, estos trabajadores se coordinarán con los tutores de cada entro educativo para, a partir de los datos recopilados por el departamento de Asuntos Sociales (en forma de solicitantes del Ingreso Mínimo de Inserción Social y otras ayudas), asegurarse de que dichos estudiantes cuentan con todos los libros de texto y el resto de material escolar que necesitan para afrontar el curso en condiciones.
“En primer lugar”, detalló Deu en declaraciones a este periódico, “se revisará cuántos de esos estudiantes han solicitado y recibido y beca y, en contacto con sus familias, se constatará si la cantidad recibida ha sido suficiente o no para hacer frente a todos los gastos que conlleva el inicio del año académico, que en algunos casos no pueden satisfacerse íntegramente con las ayudas repartidas en las correspondientes convocatorias oficiales”.
La partida en cuestión procede del excedente del programa de becas del año pasado.
Desde 2008, la Ciudad Autónoma y el Ministerio que se materializan en un vale canjeable por libros de texto y/o material didáctico e informático para los estudios solicitados en cualquiera de las librerías o establecimientos comerciales adheridos al programa.
Posteriormente, estos reciben el importe total de los mismos previa remisión a la Consejería de Educación de la correspondiente factura, acompañada de los respectivos vales.
Al margen de los programas de gratuidad total que se han puesto en marcha en algunas Autonomías, en otras como Euskadi las familias pueden acogerse a un proyecto de préstamo y reutilización de libros de texto en el que deben pagar un canon de alrededor de un 20% del costo para la reposición por el deterioro de los libros de texto.
Algunos ayuntamientos cubren esta cantidad de las familias en los casos en los que acreditan tener recursos más limitados.
