Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias son la única corporación dependiente del Ministerio del Interior que no son considerados autoridad y por lo tanto, una agresión hacia este colecto no está penado como atentado, como sí ocurre con otros cuerpos como la Policía o la Guardia Civil, así como otras profesiones como los jueces y fiscales, así como los médicos y docentes, que se unieron a esta protección hace ya cuatro años.
No obstante, desde este colectivo siguen sin entender, como siendo una de las profesiones que más agresiones sufre al año por su condición de peligrosidad, no está amparada por la legislación penal, como sí lo están otros colectivos. El último cambio de la ley se dio hace justo cuatro años, cuando se amplió el cuerpo funcionarial que se consideraba autoridad, para abarcar tanto a profesores como al personal de la sanidad pública, dado el alto índice de agresiones que se producían entre sus filas.
De esta forma, el Gobierno de aquel momento daba la razón a los colegios profesionales que llevaban años peleando este reconocimiento, sobre todo en el caso del personal sanitario, logrando que una agresión pudiera costarle a su promotor hasta cuatro años de cárcel. Sin embargo, los trabajadores de prisiones quedaron excluidos de esta tipificación, por lo que a día de hoy, si son víctimas de una agresión derivada de su labor profesional, será considerado como una falta o lesión, pero no como un atentado a la autoridad.
“Supongo que lo han dejado para una reforma profunda de la Ley Orgánica, que data de 1979, y ya está exigiendo un cambio acorde a los nuevos tiempos”, entiende Mohamed Haidor, delegado de Prisiones en UGT Ceuta y que junto al resto de sindicatos está organizando una serie de concentraciones para dar visibilidad al problema de este colectivo.
Lo cierto, incide Haidor, es que muchas personas creen que por el hecho de ser una corporación dependiente del Ministerio del Interior ya son autoridad, pero lo cierto es que ese reconocimiento nunca les ha llegado. “La verdad es que sorprende a todo el mundo cuando se enteran que carecemos de ese reconocimiento de agente de autoridad. No sé hizo en su día, y así hemos continuado pese a ser una de las reivindicaciones históricas del cuerpo, como lo es la reclamación de un estatuto propio dada la singularidad de nuestro trabajo y la consiguiente salida de la AGE”, agrega el funcionario y representante sindical.
Reivindicación histórica sin cumplir
No sólo están expuestos, critica, sino que también están desprotegidos, “cada vez más”, ante la ley. En ocasiones los mismos funcionarios han reconocido que los mismos internos saben de la situación de los trabajadores, por lo que no dudan en acometer agresiones, dado que “no pierden nada”. Creen que esta reivindicación de años se debería haber solucionado ya, pero “los gobiernos pasan y nada”, lamenta Haidor.
Recuerda que el año pasado se aprobó en el Congreso una propuesta de proyecto de ley del PP aprobada con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos, “pero en casi un año y medio que ha pasado no han hecho nada por aprobar un texto de ley concreto”. Esta situación se presenta siendo el cuerpo de la Administración que más agresiones sufre, alrededor de 400 anuales.
Aunque no encuentras explicación a esta situación, creen que la razón puede estar en que este reconocimiento debe llegar a través de la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y aún no se han puesto de acuerdo para modificarla, ya que necesitan mayoría absoluta del Congreso. También existe una propuesta en este sentido de Podemos, de noviembre del año pasado, pero que tampoco ha prosperado. “Todo indica que tendremos que esperar a la nueva legislatura y de cómo se conforman las mayorías en el Parlamento”, augura el sindicalista coincidiendo el inicio de la campaña electoral.
