El personal de la prisión de Ceuta se une a las protestas nacionales contra las agresiones que sufre el personal penitenciario y la pasividad que dice tener el Gobierno de la Nación al respecto. La brutal agresión a un funcionario de la cárcel madrileña de Soto del Real el pasado lunes y que estuvo a punto de costarle la vida, ha despertado esta reivindicación de un ambiente laboral seguro para las prisiones españolas.
La falta de personal y de clasificación de los reclusos en el interior de las prisiones son algunas de las quejas emitidas por este colectivo, quienes se han concentrado este mediodía en las puertas de sus centros de trabajo para exigir más seguridad.
“Esta es una situación de la que venimos avisando desde hace mucho tiempo a la Administración y ésta sigue haciendo oídos sordos a las demandas de los sindicatos”, lamenta Mohamed Haidor, delegado sindical de prisiones en UGT. Temen que tengan que lamentar la muerte de un compañero para que se tomen las acciones pertinente.
Esa falta de personal, tanto en Mendizábal como en el resto de prisiones del país, incide de manera directa en la seguridad de los centros penitenciarios, denuncian los sindicatos, sin que se haya puesto remedio a esta situación. Aseguran que los mismos reclusos saben el caso omiso que la Administración les hace a los trabajadores y por ello aprovechan ese vacío de autoridad.
“Como se da en la actualidad, presos que tienen larguísimas condenas, que están en un régimen de primer grado que están en aislamiento y que tienen muy poco que perder. Para estas personas apuñalar a un funcionario y acabar con su vida, les sale prácticamente gratis”, puntualiza José María Raya, delegado sindical de la APFP.
Y es que otra de las demandas históricas de este colectivo es que, pese a estar en contacto directo con condenados por algún delito, son funcionarios que no son considerados agentes de autoridad, por lo tanto, las agresiones hacia estos trabajadores no se consideran atentado, sin entender aún cómo no se ha cambiado esta clasificación.
Todas las asociaciones sindicales coinciden en que no hay un protocolo de actuación ante las agresiones en prisión, dejando al descubierto a sus trabajadores. Una de las quejas es que los insultos y las amenazas no están contempladas como agresiones, pese al estrés y la ansiedad que genera entre los funcionarios afectados.
Fuerte Mendizábal no es ajena a esta situación y también denuncia que su personal no trabaja en las condiciones óptimas para una cárcel de esta categoría. La mala clasificación de este centro, así como la falta de una RPT, desencadena en un ambiente laboral en el que se propicia este tipo de incidencias.
“Lo lamentable es que el mismo Gobierno, la misma Administración, que conoce que está mal, no hace nada para solucionarlo y tenemos que llegar a estas barbaridades de que haya un apuñalamiento en un centro para que nos den voz y nos escuchen. Ahora arréglenlo”, exige Juan Martín, delegado sindical de CSIF
