Los trabajadores afectados por el ERTE aplicado por la Fundación SAMU en sus centros de atención a menores extranjeros en Ceuta han expresado su “preocupación e incertidumbre” ante la posibilidad de quedarse sin ingresos durante un periodo prolongado.
Las alarmas se han encendido tras una visita al SEPE, desde donde habrían informado a los trabajadores de que este miércoles 10 de junio, día en el que estaba previsto el cobro de la primera tanda, no sería abonada la cuantía debido a la falta de documentación presentada por la empresa.
Según explican los afectados, el temor surge por una experiencia similar vivida en 2022, cuando numerosos empleados permanecieron durante más de dos meses y medio sin percibir ni salario ni prestación mientras se completaban los procedimientos administrativos relacionados con otro ERTE.
Los trabajadores aseguran que aquella situación provocó importantes dificultades económicas para muchas familias y temen que vuelva a repetirse.
En el comunicado dirigido “a la opinión pública”, los trabajadores señalan que continúan a la espera de que se completen los trámites necesarios para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda gestionar con normalidad las prestaciones correspondientes.
La primera tanda de empleados afectados por el ERTE comenzó la suspensión de sus contratos el pasado 16 de mayo. Según indican los trabajadores, tras realizar consultas al SEPE, muchos han sido informados de que no cobrarán la prestación prevista para este 10 de junio.
Entre este primer grupo se encontrarían más de veinte profesionales, entre ellos “educadores, mediadores y ATE”.
A ellos se suma una segunda tanda de trabajadores que entró en ERTE el pasado 1 de junio y que estaría integrada por “unas diez personas o más”.
La preocupación entre este segundo grupo también es elevada. Los afectados temen que, si los trámites no avanzan con rapidez, tampoco puedan percibir la prestación prevista para el próximo 10 de julio.
Los empleados afectados destacan que esta situación está generando una gran incertidumbre tanto económica como personal.
Entre los trabajadores afectados hay numerosos padres y madres de familia que dependen de estos ingresos para hacer frente a gastos esenciales del día a día.
Alquileres, hipotecas, facturas de agua y luz, alimentación y gastos relacionados con el cuidado de los hijos forman parte de las obligaciones económicas que muchos temen no poder afrontar si los retrasos se prolongan durante varias semanas.
Por este motivo, los trabajadores aseguran que han decidido hacer pública su situación con el objetivo de que las gestiones necesarias se agilicen y se eviten nuevos retrasos en el cobro de las prestaciones.
Asimismo, señalan que una de sus principales reivindicaciones es obtener información clara y transparente sobre el estado de los trámites administrativos, así como conocer los plazos y fechas en los que podrán percibir la prestación.
La medida fue comunicada por Fundación SAMU a los trabajadores afectados. A estos se les informó la suspensión temporal de los contratos según lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.
La organización justifica la medida por causas productivas y organizativas derivadas del descenso progresivo de la ocupación en los centros de acogida de menores que gestiona en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Mientras tanto, los afectados insisten en que su intención es visibilizar públicamente el problema para evitar que la falta de ingresos que, según denuncian, sufrirán los trabajadores que debían cobrar este 10 de junio termine afectando también a quienes tienen previsto percibir la prestación el próximo 10 de julio.
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