La magistrada del juzgado de lo Penal número uno ha dictado sentencia condenatoria contra un hombre acusado de cometer un delito relacionado con el ámbito urbanístico. La pena que se le ha impuesto al acusado consiste en seis meses de prisión, el abono de una multa de 1.080 euros y la obligación de demoler la supuesta construcción ilegal. El acusado no deberá ingresar en prisión al no contar con antecedentes penales, aunque sí debería cumplir con los otros dos puntos de la condena. La defensa ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.
El caso comienza en el mes de abril del año pasado, cuando los agentes de la Benemérita estaban peinando la zona de Cabrerizas Altas, donde hay más de 300 viviendas, para comprobar que no se cometieran delitos contra la ordenación del territorio. En su recorrido encontraron una construcción que les resultó sospechosa, según dijo el instructor durante el juicio. Primero porque estaba en una zona declarada como rústica; y después porque se estaba construyendo lo que ellos entendieron que era una nueva vivienda junto a otra antigua. El relato de indicios que hizo el agente fue extenso e incluyó desde la presencia de una importante cantidad de material, hasta un reportaje fotográfico en el que se podría ver cómo evolucionó la construcción desde las paredes y hasta la colocación del techo.
El acusado aseguró que no había construido nada nuevo en ese terreno y explicó que simplemente se trataba de una obra menor de reforma de una vivienda antigua. Esta reconstrucción habría incluido la sustitución del techo, que según dijo antes era de uralita, la reparación de las paredes, que estaban llenas de humedad, y la sustitución del cableado, que era antiguo y estaba deteriorado. En ningún caso admitió que estuviera construyendo un nuevo módulo de viviendas y afirmó que esa casa llevaba allí 83 años y que la actuación era una obra menor de reparación por el paso del tiempo. Además en las actuaciones consta la concesión de una licencia de 2006 para el cambio del techo, aunque en ningún caso para realizar el resto de obras que se estaban ejecutando.
La magistrada entiende que el acusado procedió a la construcción de un nuevo inmueble de unos 48 metros cuadrados que iba a ser destinado a vivienda y que se habría construido sobre un terreno calificado como rústico, no urbanizable y de especial protección ecológica. Para llegar a esta conclusión se basa en que “todo aparece íntegramente corroborado por las fotografías”, realizadas durante diferentes meses, y en que el propio acusado reconoció, en una declaración anterior, que la vivienda había sido construida “ocho meses antes”.
DETALLES
Guardia Civil
Miembros de la Unidad contra la Delincuencia Urbanística en Ceuta de la Guardia Civil fueron los responsables de llevar este asunto y hacer un seguimiento de la supuesta construcción ilegal. Uno de los miembros de esta unidad participó en el juicio y explicó cómo observó todo el proceso de levantamiento de la vivienda a lo largo del tiempo.
Fotografías
Una de las pruebas fundamentales para la jueza ha sido el reportaje fotográfico que la Guardia Civil presentó. En él se observa cómo la construcción se fue realizando durante meses.
Obra menor
El acusado, y promotor de la presunta construcción ilegal, alegó en todo momento que simplemente estaba realizando labores de remodelación y, en todo caso, una obra menor. La jueza no le creyó.
