La recuperación de la Estación de Ferrocarril, un proyecto
con diez años de historia ya, sigue acumulando capítulos. El último lo han escrito los técnicos de la Ciudad después de que el Gobierno se decantase por un modificado para evitar un nueva licitación y asegurarse de que fuese Dragados la empresa que terminase la obra. La idea era conseguir 1,6 millones de euros más pero solamente se pueden consignar 663.000 euros “incluyendo baja de adjudicación y actualización de precios hasta 2016”. El plazo que se establec para redactar el proycto es de un mes y el de ejecución, de otros nueve.
La obra se ha convertido en uno de los grandes agujeros negros de la era de Juan Vivas en el Gobierno. En 2004 se contrató la redacción del proyecto básico y de ejecución junto con la dirección de las obras con destino a biblioteca. Su presupuesto total ascendía a 5,6 millones de euros divididos en dos fases, 3,4 para la primera sufragados a medias entre el Ministerio de Fomento y la Ciudad Autónoma según un convenio suscrito hace casi once años.
En julio de 2008 se encargó a Dragados la ejecución en un año y 22 días. “Tras muchas vicisitudes y paralizaciones temporales entre ellas la aprobación de los modificados”, según recoge el último informe emitido por la Administración local, “se emitieron 25 certificaciones hasta junio de 2011”.
Casi tres años después, la Consejería de Educación y el subdirector general de Arquitectura del Ministerio de Fomento acordaron retomar el planteamiento inicial del convenio y destinar a usos culturales el resultado: sala de lectura, estudio y refuerzo educativo, así como sede de la Fundación Premio Convivencia.
Los técnicos han limitado el complementario al 20% del presupuesto
En mayo de 2015 se suscribió un acta de comprobación de replanteo para la reanudación de las obras con alegaciones de Dragados que derivaron en un reconocimiento de deudas por cerca de 18.000 euros, por un lado; una indemnización para la contratista de algo más de 84.000 (reclamaba cerca de medio millón) y una actualización de precios que se cifró en casi 176.000.
En agosto de 2016 se dictó un Decreto que obligaba a Dragados a reanudar las obras en un mes pero hasta noviembre no se rubricó el acta de inicio, en el que la Dirección Facultativa solicitó la redacción de un complementario “por interferencias entre los distintos capítulos de las dos fases del proyecto primitivo”.
Desde la reanudación hasta febrero del año pasado se emitieron cuatro certificaciones y en abril ‘Aranguren y Gallegos’ se desvinculó del proyecto, con lo que su responsabilidad se encomendó en junio al arquitecto municipal, Javier Arnáiz, como director de obras, y al aparejador Salvador Niebla como director de ejecución.
En julio del año pasado, ambos recogieron en un informe que la cuantía de las certificaciones emitidas ascendía a 2,2 millones, que la cantidad restante de la contrata sería de 1,1 millones y que la obra necesitaría de medio año, seis meses, para su finalización.
Entonces se redactó un complementario que, al superar el 20% del presupuesto original, se acabó desechando. Dragados quiere 1,6 millones más para terminar la obra pero los técnicos solo ven posible darle unos 660.000 amparándose en “la imposibilidad de prever por parte de la Administración” y en “la dificultad de separar técnica o económicamente las obras del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de contratación o que sean estrictamente necesarias para lograr su perfeccionamiento”.