El teniente coronel de la Guardia Civil que dirigía el grupo que fue una pesadilla para los narcotraficantes, David Oliva, tuvo que declarar como investigado en la Audiencia Nacional. Con él, uno de sus subordinados, un teniente destinado en Ceuta.

Siempre defendieron que todo aquello fue el resultado de un montaje urdido por la Policía Nacional y el Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado que terminó siendo la muerte del OCON-Sur, unidad de la que formaron parte varios agentes de Ceuta y que, entre otras operaciones, desarrolló la ‘Perla Costa’ que arrastró decenas de detenciones relacionados con el tráfico de drogas con abundantes registros y decomisos.

Pues bien, ahora el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha aceptado una querella contra un policía que ha sido presentada por el teniente coronel Oliva y uno de sus subordinados destinado en nuestra ciudad. Se investiga un posible delito de denuncia falsa, que llevará a que el jefe de la Policía Nacional que generó, indirectamente, el desmantelamiento del OCON-Sur tenga que declarar.

Informaciones falsas o incorrectas

La información la ha adelantado este miércoles el diario El Mundo. Con la admisión de esa querella se trata de averiguar si las pruebas que causaron una auténtica revolución en el seno de la Guardia Civil eran falsas o incorrectas.

El informe lo llevó a cabo este policía nacional ahora denunciado y en el mismo se basó Asuntos Internos para actuar.

El procedimiento abierto por la Audiencia Nacional en 2022 contra la cúpula del OCON por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas quedó archivado. Tras ese auto ha venido la reacción de los afectados, la respuesta en forma de una maquinaria que quiere que todo se sepa, aunque asomen auténticas cloacas.

Tal y como informa El Mundo, ese informe sobre vigilancias a los jefes del OCON-Sur les atribuyó una relación con el clan de Los Ariza. Un perito acreditó errores en los seguimientos efectuados, sacando a la luz que los encuentros con narcos eran imposibles.

Ahora queda por conocer el recorrido a toda esta historia, toda vez que los perjudicados mantienen que se crearon pruebas falsas contra ellos.

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Contra esta resolución, que condena en costas al marroquí, se puede presentar recurso de casación.

Víctima del terremoto de 2004 en Alhucemas, expuso que en aquel seísmo perdió su casa y nunca fue recompensado por el Estado de Marruecos, lo que le llevó a participar en una manifestación contra las promesas incumplidas de reconstruir casas y atender a los afectados.

Detenido por la Policía marroquí, cumplió 3 meses de prisión y no fue hasta 2017 cuando volvería a participar en otra protesta. Muchas personas fueron apresadas y condenadas a 20 años de cárcel. Su hermano, expuso en su demanda, era preso político.

Tras participar en las protestas, estaría sufriendo trabas burocráticas para acceder u obtener permisos para construir una nueva vivienda.

Sin afiliación política, sindical o religiosa contraria a las costumbres del país, pero con ideas subversivas y contrarias al régimen político, no estaba sometido a ninguna situación de amenaza real o de persecución, pero siempre que ha tenido contacto con la administración le amenazaban con meterlo en la cárcel.

La presión sobre los rifeños

Rifeño, el demandante argumentó que se sentía perseguido por su pertenencia a dicho grupo.

Expuso además que cuando ocurrió el terremoto, España hizo una gran aportación económica como ayuda humanitaria, siendo publicado un listado con las familias que se verían beneficiadas y la cantidad económica que a cada una le correspondería, sin embargo nunca llegaron a percibir nada en este concepto, ni tampoco se vieron cumplidas las promesas estatales de restauración de sus viviendas, por lo que se siente, “no solo abandonado por el gobierno de su país, sino perseguido por las distintas autoridades con las que se ve obligado a mantener cualquier tipo de relación”.

En sentencia se indica que, con independencia de haber participado en manifestaciones, esto no determina que pueda haber persecución contra su persona. “Desde luego, si el interesado participó en alguna manifestación no fue detenido ni tuvieron lugar las condiciones que lo hiciesen visible y reconocible ante las autoridades marroquíes, pues se trató de un manifestante más entre miles”.

“Si la policía marroquí sospechase que el interesado pudo haber desarrollado labores como posible miembro organizador o promotor de manifestaciones entre 2016 y 2018, el interesado habría sufrido una conducta más directa, decidida y eficaz por parte de estas autoridades, mediante citaciones policiales para personarse en comisaría o directamente habría sido detenido”, añade.

Sobre su origen rifeño, expone que, “aunque el desafecto hacia el régimen político marroquí es alto entre la población rifeña y que existen importantes demandas de carácter cultural, político, social y económico en el seno de la misma y que han sido escasamente atendidas, no existe una sola fuente informativa solvente que afirme que el ciudadano marroquí rifeño es perseguido por las autoridades marroquíes a causa de su origen étnico”.

No se considera, por tanto, la existencia de indicios de que el interesado haya realizado alguna labor política de cierto activismo, ni se ha significado entre los miles de manifestantes que participaron en las protestas de 2016, 2017 y en menor medida 2018 que le haya colocado en situación de sufrir alguna forma de hostigamiento por parte de agentes estatales marroquíes.

“El perfil del interesado parece ser, a lo sumo, el de un rifeño desafecto al régimen político y a las estructuras estatales marroquíes, como hay cientos de miles en Marruecos, especialmente entre la comunidad rifeña”, aclara la Audiencia Nacional.

Por todo ello, se entiende "que no ha quedado establecido un temor fundado de persecución por los motivos previstos en el art. 7 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre y, en consecuencia, no concurren los supuestos para el reconocimiento del estatuto de refugiado”, apunta.

Rechaza también el reconocimiento del derecho a la protección subsidiaria porque del relato de la persona solicitante "no se deduce la posibilidad de que sufra la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen”.

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Para llegar a este resultado final, en una decisión que no es muy común, se han tenido en cuenta las características que han rodeado este caso concreto en el que, a pesar de constar esa condena, se ha podido demostrar con abundante documentación la buena conducta cívica demostrada por su protagonista.

Ahí ha estado la clave, después de que se hubiera recalcado por la administración que denegaba esa nacionalidad al no haberse demostrado suficientemente la buena conducta por constarle una sentencia condenatoria fechada en 2019.

Se argumentó, de hecho, que, a pesar de tener satisfechas sus responsabilidades penales, no habían transcurrido los plazos para que estuvieran canceladas, evidenciándose con la condena que no existía una buena conducta cívica.

“Debe significarse además el tipo de delito por el que fue condenado, su gravedad y significación social”, expuso la administración en una decisión refrendada por el abogado del Estado.

Frente a ello, la parte recurrente argumentó que la causa penal estaba ya archivada y que los hechos por los que se le había condenado databan de 2011, es decir, siete años atrás de la presentación de la petición de nacionalidad española por residencia. La pena fijada, traducida en 3 meses de prisión e indemnización de 456,32 euros, estaba al límite de un delito leve de estafa ya que la cuantía de lo defraudado superaba en poco los 400 euros.

“Por motivos de innegables dilaciones indebidas en ese proceso, mi representado se ha visto afectado por ello, pues, su condena, al cabo de unos ocho años, le ha truncado el proceso de naturalización, habiendo mostrado por lo demás un comportamiento ejemplar e intachable y buena conducta cívica durante todo el periodo que lleva residiendo en España”, sostuvo.

En sus argumentos expuso además que sería “un ingente retroceso en su crecimiento personal y profesional si se le deniega el derecho a la nacionalidad española por residencia y tuviese que volver a empezar todo el proceso de naturalización, teniendo en cuenta el colapso existente en la tramitación de estos expedientes, toda vez que mi representado”, expone, “ha cancelado esos antecedentes penales habiendo reparado íntegramente el daño causado con sus actos delictivos del pasado”.

El límite de la conducta: el civismo y su valoración

En sentencia, la Audiencia Nacional estudia al detalle esa apreciación recogiendo, en base a resoluciones dictadas por el Supremo, cómo el civismo no consiste solo en no delinquir, sino en respetar unas pautas mínimas de respeto y solidaridad con respecto al resto de la sociedad. De ahí que la Administración “deba tener en cuenta todas las circunstancias que concurran en cada caso, haciendo una razonable valoración de conjunto de las mismas”.

En este caso, el recurrente acreditó la realización entre 2016 y 2022 de multitud de cursos sobre navegación, marinería, protección marítima, seguridad en el mar, supervivencia y emergencias, así como una vida laboral que justifica su trabajo en ese ramo durante años.

Además, pudo acreditar la existencia de un decreto de archivo definitivo de la causa penal dictado en 2019 y el certificado de antecedentes penales de 2021. “Es de reseñar que ambos documentos son posteriores a la petición de nacionalidad española que se presentó en junio de 2018”.

“Tomando en consideración que los hechos delictivos ocurrieron en 2011 (siete años antes de la petición de nacionalidad) y que en la actualidad se hayan extinguidas las responsabilidades pena-les y civiles y cancelados los antecedentes penales, debe valorarse todo ello en relación con el hecho (conocido notoriamente) del retraso extraordinario que se impone a cualquier petición de nacionalidad española que se formule ahora ante el Ministerio de Justicia de España y todo ello a la hora de valorar si se debe imponer al recurrente la carga de volver a solicitar la nacionalidad española una vez que se tiene la constancia de que se han cumplido los requisitos legalmente establecidos”, se recoge en sentencia.

“La buena conducta cívica y la oportuna integración en España deben darse por supuestos en el caso presente puesto que consta acreditada una evidente actividad laboral, el empadronamiento en España, la convivencia en España, la superación de la prueba de conocimientos culturales y socioculturales y el dominio de la lengua española. Además, se ha aportado el certificado de vida laboral. Las pruebas aportadas por el recurrente son evidente prueba de una más que correcta integración en la sociedad española, que es el único obstáculo que el Abogado del Estado reconoce a la concesión de la nacionalidad solicitada”, concreta.

La propia Audiencia Nacional resalta que “no es frecuente, en recursos de análoga significación al presente, que se aporte tan abundante documentación que justifica la actividad laboral del recurrente lo que comporta, a la vez, la correcta integración en la sociedad española”.

“El análisis de todos los elementos de prueba aportados es razón más que suficiente, ante la inexistencia de prueba en contrario, para acreditar dicha integración”, concreta.

“La supuesta falta de buena conducta cívica y un deficiente grado de integración es algo que, de existir, debería haber acreditado la administración pues desde la fecha de solicitud de nacionalidad española (en julio de 2018) ha transcurrido tiempo más que suficiente para acreditar dicha exigencia en la forma y modo que hubiera considerado conveniente”, zanja.

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Tal y como se recoge en la sentencia a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, el recurrente, coronel de Regulares, pidió en abril de 2021 la prórroga por el plazo de un año (desde mayo de 2022 al mismo mes de 2023) de su derecho a solicitar un destino como víctima de terrorismo.

En hasta dos resoluciones no se le dio la razón y ahora es la Justicia la que no solo desestima su recurso, sino que además impone el pago de las costas.

En sentencia se recoge que “la motivación de la denegación se encuentra in alliunde en el informe de la asesoría general, que expone que de la simple lectura del precepto en cuestión cabe concluir claramente que el derecho de petición de destino conferido al personal militar declarado víctima de terrorismo debe ser ejercitado una sola vez, y dentro del límite temporal de cinco años a computar desde el reconocimiento de dicha condición de víctima”.

Solo se podría recoger una excepción de concurrir circunstancias objetivamente justificadas, “que son las que harían factible una nueva asignación, pero nunca una prórroga o alargamiento del límite temporal de cinco años antes referido”, se expone.

En el recurso de alzada, además de contestar las razones formales aducidas sobre falta de motivación y no vinculación al informe de la asesoría jurídica, se razonó que el precepto reglamentario establece que debe ejercitar su derecho una sola vez y dentro del límite temporal de cinco años a computar desde el reconocimiento de dicha condición de víctima, circunstancia que tuvo lugar el 24 de mayo de 2017 por lo que su derecho, atendiendo a dicho tenor literal, terminaría el 24 de mayo de 2022, sin que concurra una circunstancia objetiva y justificada que permitiría prorrogar ese plazo.

Lo “contrario a la norma”

 El recurrente, que obtuvo la insignia de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo, discrepó a través de su representación letrada en cuanto a la interpretación del plazo para ejercer el derecho a solicitar un destino como víctima del terrorismo por una sola vez y en un periodo máximo de 5 años desde el reconocimiento.

“El derecho reconocido a las víctimas de terrorismo lo es solo para solicitar nuevo destino, como circunstancia excepcional por su condición de víctima. No es una medida prevista en la normativa reguladora al margen de lo establecido en la relación de puestos militares y en la publicación de las vacantes”, se indica en sentencia.

“Lo que pretende el recurrente”, advierte el tribunal, “es permanecer en su destino para continuar el mando que estaba ejerciendo como coronel jefe una vez que finalice el tiempo máximo de permanencia, lo que además de ser contrario a las exigencias de la previsión normativa para la ampliación del plazo, es una circunstancia completamente ajena al derecho de solicitud de nuevo destino en que pretende ampararse”, zanja.

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Ingresa en prisión por delitos de autoadoctrinamiento y autocapacitación. También hoy han declarado otras dos personas más por la comisión de esos delitos, pero que no fueron detenidos en Ceuta, en el marco de una investigación llevada a cabo por la Benemérita, tal y como ha podido saber El Faro, y que también ingresan en prisión. Se trata de dos procedimientos diferentes.

El juez Francisco de Jorge ha ordenado la entrada en prisión después de que el mismo día de su arresto, en la madrugada del martes, la Guardia Civil ordenara su traslado a Madrid.

La incursión en la barriada tuvo lugar en la madrugada del martes. La entrada y registro se llevó a cabo sobre una vivienda ubicada en las cercanías del Polifuncional, en pleno corazón del barrio, justo en el antiguo Poblado Legionario.

Operación de los servicios de información

Los agentes del servicio de Información de la Comandancia de Ceuta y los centrales coordinaron este operativo, disponiendo de un perímetro de seguridad integrado por agentes de los GRS.

Con canes especializados se registró la casa y mientras los guardias civiles estaban en plena operación arrojaron piedras grandes desde casas próximas al punto de operación, sin que se haya informado de detención alguna al respecto, aunque en la misma noche se estaba tratando de identificar a los autores.

Los GRS enfocaban con linternas hacia los puntos de donde habían partido esos objetos.

Estas actuaciones se enmarcan en la política de lucha contra prácticas del yihadismo que se tornan radicales. En cuestión de días las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hecho dos operativos en Ceuta que se han saldado con 5 detenidos en nuestra ciudad al margen de los efectuados fuera.

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El plazo de envío de propuestas es hasta el próximo 13 de diciembre de 2024 y las mismas se recibirán a través del correo normativa-sgca@sanidad.gob.es.

Esto se lleva a cabo “para abordar la creciente preocupación por el intrusismo en la cirugía estética”. De manera que el Ministerio de Sanidad propone “una modificación al Real Decreto que regula los centros sanitarios”.

Se trata de una medida que surge “tras la suspensión cautelar de una Orden Ministerial que limitaba los profesionales autorizados para realizar estas intervenciones”.

La meta es poder “garantizar la seguridad jurídica de la norma y asegurar que la cirugía estética sea practicada únicamente por médicos con la especialidad correspondiente”.

Inicio de la consulta pública

Al respecto, el Ministerio de Sanidad ha recordado que “los magistrados de la Audiencia Nacional que dictan la suspensión cautelar de la orden no entran en el fondo del asunto, pero ponen en duda que el tipo de fórmula utilizada, la redacción de una orden ministerial para modificar un anexo del Real Decreto sea la adecuada porque va más allá de la intención original de del mismo”.

Es por ello que, “mientras el proceso contencioso-administrativo sigue su curso”, el Ministerio de Sanidad ha optado por iniciar una consulta pública previa para modificar el articulado del propio Real Decreto 1277/2003.

El objetivo perseguido con esta iniciativa es “reforzar la seguridad del paciente en la práctica de la cirugía estética, garantizando que las intervenciones sean realizadas por médicos con la titulación y competencias adecuadas”.

Garantizar la seguridad del paciente

“La necesidad de la modificación surge del aumento de las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos y del incremento en la apertura de centros sanitarios que ofrecen este tipo de servicios”, a lo que se suma que “se busca evitar el intrusismo profesional y garantizar la seguridad del paciente, asegurando que la cirugía estética sea practicada por médicos que hayan obtenido la titulación oficial de una especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica que incluya competencias en cirugía estética en su programa formativo oficial”.

Hay que recordar que la consulta pública previa “está destinada a recabar la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta de modificación del Real Decreto. Se busca asegurar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa y mejorar la transparencia en la toma de decisiones”.

Para mayor información al respecto, los interesados pueden consultar todos los detalles en https://www.sanidad.gob.es/normativa/consultas/home.htm

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Hay un detenido por su presunta relación con un delito de autoadoctrinamiento. La operación se enmarca en la lucha antiterrorista llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado.

La incursión en la barriada ha tenido lugar de madrugada. La entrada y registro se ha llevado a cabo sobre una vivienda ubicada en las cercanías del Polifuncional, en pleno corazón del barrio, justo en el antiguo Poblado Legionario.

Allí han actuado los componentes del Servicio de Información de la propia Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, que se han coordinado en una investigación con los servicios centrales especializados.

Los agentes han controlado la zona desde primeras horas de la madrugada, disponiendo de un perímetro de seguridad integrado por agentes de los GRS. De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, se ha practicado la detención de una sola persona y el lugar de intervención ha sido esta barriada.

Esta intervención viene a culminar un periodo de investigación previa sobre accesos a determinados tipos de contenido de manera habitual que hagan sospechar de fines radicales.

La operación de la Guardia Civil se lleva a cabo solo días después de otra similar ejecutada, esta vez, por componentes de la Policía Nacional. Los agentes de este Cuerpo detenían a 4 personas en las barriadas del Príncipe y Vicedo Martínez que ayer mismo entraban en prisión.

Esta madrugada se repetía la forma operativa con participación de componentes de distintas unidades de apoyo a quienes han liderado la investigación. Así, además del apoyo en seguridad se ha contado con más unidades para el registro exhaustivo de la vivienda.

Con canes especializados han registrado la casa y mientras los guardias civiles estaban en plena operación han arrojado piedras grandes desde casas próximas al punto de operación.

Los GRS enfocaban con linternas hacia los puntos de donde habían partido esos objetos.

Estas actuaciones se enmarcan en la política de lucha contra prácticas del yihadismo que se tornan radicales.

El detenido será puesto a disposición de la Audiencia Nacional previo traslado a Madrid.

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Tal y como han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional a El Faro de Ceuta, el titular del juzgado número 1, Francisco de Jorge, ha ordenado la entrada en prisión provisional de los seis detenidos que han sido puestos a disposición judicial este lunes.

Dos de los investigados están acusados por pertenencia a organización terrorista, otros tres por colaboración con organización terrorista y otro por autoadoctrinamiento y autocapacitación.

En el caso de los 4 arrestados en Ceuta, tres fueron trasladados a Madrid directamente el mismo día de la operación, mientras que uno de los detenidos, una persona de mayor edad, quedó en Ceuta y ha prestado declaración a través de videoconferencia.

La decisión judicial pasa por su ingreso en prisión provisional después de haber escuchado las manifestaciones de todos los detenidos.

Las medidas de prisión sin fianza adoptadas se fundamentan en la existencia de “indicios racionales de criminalidad” y “riesgo de fuga”. La Policía investiga además la descarga de archivos de tono radical, su difusión, además de archivos que ensalzan a personas vinculadas a grupos radicales.

La operación que ha dado pie a este caso fue coordinada entre efectivos de la Comisaría General de Información junto con la Brigada de Ceuta y se ejecutó en las barriadas de Vicedo Martínez y Príncipe, habiendo en total 5 registros. En el caso de esta última barriada lo fueron en tres escenarios diferentes.

El operativo de seguridad conjunto y simultáneo entre los servicios marroquíes y españoles tuvo como objetivo desmantelar una célula terrorista leal a ISIS en el Sahel, formada por nueve miembros, entre ellos tres activos en Tetuán y Fnideq (Castillejos), y otros seis en Madrid, Ibiza y Ceuta, según ha informado la Policía Nacional.

La misma fuente añadió que las investigaciones preliminares realizadas demostraron que los sospechosos, entre ellos ex detenidos en casos de terrorismo en España, promovían la ideología "ISIS" y celebraban reuniones en Ceuta y Tetuán en el marco de la planificación y coordinación para llevar a cabo actos terroristas en la zona en el nombre de “ISIS” antes de unirse a las filas de la rama de esta organización en la región de la costa al sur del Sahara.

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De los 9 detenidos en total, 4 lo fueron en Ceuta. Un quinto no encontrado en su vivienda fue arrestado en Marruecos, en donde se efectuaron detenidos en ciudades del norte del país como Tetuán o Castillejos.

Los cinco registros se practicaron en la barriada de Vicedo Martínez, en donde se hizo una de las detenciones, y en varias zonas del Príncipe como diversos puntos a la altura de Casas Nuevas y la parte más próxima a la ITV. En esta barriada se realizaron los otros 3 arrestos.

Efectivos de la Comisaría General de Información junto con la Brigada de Ceuta se habían coordinado adecuadamente para garantizar los resultados que iban a desembocar en la actuación extendida durante horas, ya que empezó en torno a las cinco para terminar casi a las once de la mañana en cuanto a los despliegues en las barriadas.

Quienes primero entraron en las viviendas fueron agentes de la UIP para garantizar la seguridad, accediendo después a las mismas los investigadores autores de la ejecución estelar de un operativo que ha contado con conseguimientos personales, pero también controles de publicaciones en redes sociales.

La operación de seguridad conjunta y simultánea entre los servicios marroquíes y españoles, la Oficina Central de Investigaciones Judiciales de la Dirección General de Vigilancia Territorial de Marruecos y la Comisión General de Información de la Policía Nacional española desmantelaban así lo que se considera una célula terrorista leal a ISIS en el Sahel, formada por nueve miembros, entre ellos tres activos en Tetuán y Castillejos, y otros seis en Madrid, Ibiza y Ceuta, según informó la Policía Nacional.

En los registros realizados en los domicilios de los sospechosos se procedió al decomiso de equipos electrónicos, los cuales serán sometidos a las pericias digitales necesarias, y todos los teléfonos móviles disponibles.

Las familias y vecinos de los detenidos defienden su inocencia.

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Este permiso, que figura tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en el Estatuto de los Trabajadores, establece:

“Cinco días por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluyendo al familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como cualquier otra persona, diferente de las mencionadas, que conviva con el trabajador en el mismo domicilio y necesite su cuidado”.

Falta de interpretación clara

Dado que se trata de una reforma reciente, los tribunales aún están afinando su interpretación más allá de lo estipulado en el texto legal.

Algo similar sucede con el permiso parental de 8 semanas para el cuidado de menores de 8 años, que se está otorgando como no retribuido debido a la falta de una regulación concreta.

Es esencial avanzar hacia una interpretación clara y una correcta aplicación de estos nuevos permisos de conciliación, como ya han hecho varias sentencias recientes.

Progresos en la jurisprudencia

Una sentencia del 27 de junio de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia señala que, en casos donde hay vínculo familiar, no es necesario probar la convivencia, ni que el paciente requiera el cuidado efectivo de quien se acoge al permiso.

Por otro lado, la Audiencia Nacional, en resoluciones de julio y septiembre, ha establecido que el alta hospitalaria no concluye automáticamente el permiso retribuido, ya que el reposo domiciliario y la atención continuada son comparables a la hospitalización en cuanto al disfrute del permiso. Además, el inicio de este no tiene que coincidir con el primer día de hospitalización, pudiendo ajustarse a los periodos de hospitalización, reposo y asistencia. Es decir, que podrás elegir cuándo coger esos 5 días de permiso.

A la espera del Supremo

A pesar de estas resoluciones, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse para consolidar la interpretación final sobre este permiso.

Las decisiones tanto del TSJ de Galicia como de la Audiencia Nacional reflejan una mayor sensibilidad de la justicia hacia la conciliación laboral, algo fundamental para profesiones como enfermería y fisioterapia, donde la flexibilidad laboral es limitada.

Aunque estas sentencias están enfocadas en el personal laboral del sector privado, el permiso de 5 días aparece de manera similar en el EBEP, por lo que también debería aplicarse al personal estatutario, funcionarios y trabajadores del sector público.

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