Fueron interceptadas en el servicio de control de preembarque de los vehículos que pretenden acceder a los ferry con dirección a la Península. Los agentes procedieron a la identificación y reconocimiento de un vehículo que pretendía realizar el embarque y que les resultó sospechoso.

Cuenta el Instituto Armado en una nota de prensa que, durante la actuación, y contando con el apoyo del Servicio Cinológico de la Comandancia, el perro oficial detector de narcóticos, guiado por su responsable, marcó de forma inequívoca la posible existencia de sustancias estupefacientes en el interior del turismo.

Sospecha y localización del hachís

El vehículo fue conducido a las instalaciones del garaje de la Unidad, en donde los agentes actuantes procedieron a realizar un reconocimiento exhaustivo del coche.

Como resultado de la minuciosa inspección, se logró localizar un doble fondo practicado en el interior del maletero, diseñado para eludir los controles policiales, toda la droga, un total de 64 kilos de hachís.

De inmediato, se procedió a detener a madre e hija, por su presunta relación con un delito contra la salud pública. Eran las únicas ocupantes del coche.

Las detenidas, en unión de las diligencias serán puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia, quedando la sustancia intervenida depositada en el Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno y el vehículo a disposición de dicha autoridad judicial.

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El hombre se encontraba en la zona de las duchas en donde se ha producido el accidente, que ha terminado con esta fatal desenlace.

El cuerpo, tendido en el suelo, ha sido tapado con una sábana mientras los demás inmigrantes se encontraban alrededor. La Policía ha tenido que estar en el lugar, en concreto la UIP, para evitar cualquier foco de tensión.

La muerte ha sido accidental aunque habrá que realizar la autopsia que lo concrete. Todo apunta a que ha podido sufrir un infarto y posteriormente, al desplomarse, se golpeó.

Según los primeros datos facilitados, el fallecido tenía algo más de 50 años y era magrebí.

 

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Medios de comunicación en el lugar

Los medios de comunicación nacionales que se encuentran en la zona están siendo testigos de la realidad que se da en Ceuta, con inmigrantes fallecidos en las rutas a nado, por la valla o de forma accidental.

En este caso la muerte del hombre ha tenido lugar en la zona de las duchas colocadas en este punto para la comunidad de inmigrantes que hay aquí.

Con la Policía en la zona, custodiando el lugar, los demás compañeros de asentamiento permanecen en los alrededores.

El fallecido tapado con una manta no ha podido superar las lesiones a pesar de la intervención sanitaria a través del 061.

Se espera la llegada de la comitiva forense y de la funeraria para proceder a la retirada del cuerpo sin vida.

La práctica posterior de la autopsia determinará exactamente la causa del fallecimiento.

Muertes tras las avalanchas

Este no es el primer fallecimiento de inmigrante llegado tras la avalancha, ya que se han producido otras en el hospital por enfermedad o por hechos delictivos.

Sí que es el primer fallecido en este asentamiento en donde ya ha habido otros sucesos de gravedad.

 

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Hace unas semanas otro inmigrante sufrió un infarto que a punto estuvo de costarle la vida.

La administración central ha dispuesto duchas y servicios. En una de ellas es en donde ha ocurrido la muerte.

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El operativo se ha llevado a cabo en el transcurso de la incursión de los agentes en este centro, labores de las que ha informado este periódico ya que han contado con numerosos efectivos de esta unidad acompañados de un guía canino.

Las dos menores han sido reconocidas en el hospital mientras que los tres detenidos han sido conducidos a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía.

Uno de los arrestados presentaba una herida que ha sido reconocida por las víctimas lo que ha favorecido su localización.

Detención ilegal y lesiones

Ahora se tratará de esclarecer unos hechos asociados a una detención ilegal y lesiones, de acuerdo con las indagaciones efectuadas por la propia Policía que han derivado en esta operación.

La Policía tiene además conocimiento de informaciones que apuntan a prostitución de mujeres inmigrantes por la zona, aprovechando la vulnerabilidad de un colectivo que en muchos de los casos sigue en la calle.

Hoy precisamente la Dirección General de Atención Humanitaria ha realojado sin incidentes en el recurso de la Hípica a 63 personas, todas ellas mujeres solas o con hijos menores a cargo, que se encontraban a las puertas del recinto, aliviando así la situación que vivían desde hace semanas.

No se trata de una ampliación del recurso, dado que las 63 plazas libres ocupadas hoy, correspondían a mujeres que se encontraban en la Hípica y que han sido trasladadas en las últimas 48 horas al CETI, donde serán atendidas a partir de ahora.

Despliegue constante

Las fuerzas de seguridad han redoblado los controles y despliegues en zonas consideradas foco de tensión como es el Trampolín a donde acudían este viernes cuantiosos agentes de la UIP para controlar y revisar la zona.

El caso está ya bajo investigación policial y pendiente del juzgado.

Las detenciones se producen después de que una de las víctimas fuera encontrada anoche con lesiones. Tras indagar en este caso es como han llegado a dar con los tres arrestados.

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Junto a los agentes de la UIP, el dispositivo se ha reforzado con guías caninos, encargados de registrar y revisar toda la zona. Estaba en concreto un miembro de esta unidad con un can especializado en detección de sustancias.

Los policías nacionales han permanecido por la mañana en el lugar, llevando a cabo labores de control constante en todas y cada una de las tiendas. Esa presencia no va a ser aleatoria, sino constante. Como, de igual modo, lo ha sido la acción para erradicar la venta ambulante.

 

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El mayor foco de tensión e inseguridad

En este punto es en donde más incidentes se han registrado, con peleas, apuñalamientos, agresiones, robos, además de tráfico de inmigrantes con la aproximación de embarcaciones que llegan para llevar a cabo las cargas de personas que son introducidas en las costas peninsulares.

A la UIP se le ha encomendado esta labor para lo que se ha producido un amplio despliegue.

Los inmigrantes que habitan este asentamiento, que se cuentan por miles, ocupan lo que es toda la explanada del Trampolín, pasan la antigua fábrica del Guano y llegan casi hasta Calamocarro.

Los agentes han reconocido un escenario en el que se siguen levantando nuevas tiendas. Se quiere tenerlo controlado, más aún ante las informaciones publicadas de presencia de jóvenes por este entorno que estarían siendo captadas para el ejercicio de la prostitución, además de trapicheo de sustancias ilegales.

Quien está ya en Ceuta es el mando coordinador nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que fuera jefe superior de la Jefatura de la ciudad, Francisco López Gordo.

El compromiso del ministro Torres

El ministro de Política Territorial y coordinador del Mando Único, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a hacer "todo lo posible" para que las playas de Ceuta queden desalojadas antes de mediados de octubre.

Una medida que conllevaría el cierre del Trampolín, en donde a diario se están ejecutando labores por parte de la Ciudad Autónoma para que los puestos de venta ambulante no se vuelvan a ubicar.

A pesar del compromiso asumido como autoridad funcional encargada de coordinar la respuesta del Estado, el ministro ha explicado las dificultades legales y operativas que condicionan la actuación de las administraciones.

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Los hechos ocurrieron sobre las 01:50 horas cuando indicativos de seguridad ciudadana fueron comisionados a una vivienda donde una mujer requería presencia policial ya que, al parecer, su expareja se encontraba allí y tenía en vigor una orden de alejamiento.

Una vez en el lugar, los agentes constataron tales extremos y procedieron al arresto del varón por quebrantamiento de condena. Fue así como descubrieron que esa casa tenía truco, ya que se dieron cuenta de la presencia de gran cantidad de personas hacinadas, en total 14.

Hacinadas, sin hablar español y pagando 15 euros diarios

Todas estaban indocumentadas y no hablaban español por lo que fueron trasladadas a dependencias policiales en virtud de la normativa vigente en extranjería. Al parecer, cada uno de ellos abonaba 15 euros diarios por la estancia en ese piso patera.

Por todo ello, los agentes procedieron al arresto de la mujer por un presunto delito de tráfico ilegal de inmigración clandestina.

Al final lo que era una intervención para atender una llamada por quebrantamiento de condena se convirtió en un doble servicio, ya que la reclamante policial terminó siendo descubierta por la realización de estas prácticas que se están extendiendo por toda la ciudad.

Ya son varias las viviendas patera que han sido detectadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en estos días, tras la entrada masiva. Los que gestionan esos pisos se nutren del escaso dinero que tienen los inmigrantes.

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Los hechos sucedieron el pasado día 1 de septiembre en la barriada del Príncipe, concretamente en la zona del zoco.

La víctima fue sorprendida por un individuo al que ya conocía de antes –ambos son vecinos de Ceuta- y con el que había tenido problemas.

Agresión con arma blanca de manera sorpresiva

De manera sorpresiva, le agredió utilizando para ello un arma blanca. El ataque le provocó lesiones de gravedad en la zona de los riñones y en las manos.

En los días previos, el agresor había amenazado tanto a la víctima como a un familiar con un arma de fuego, pero no se practicó su detención. 

Investigación y resultados por parte de la Policía Nacional

Los agentes de Policía Nacional llevaron a cabo la oportuna investigación y procedieron a la detención del presunto autor de los hechos quien, tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión.

Quedan otros delitos por esclarecer que se produjeron en esas mismas fechas, como el caso de dos marroquíes que fueron heridos por empleo de pistola de perdigones.

La criminalidad ha descendido en Ceuta, pero únicamente tomando datos correspondientes a antes de la entrada masiva de finales de julio.

Así, entre enero y junio, la ciudad contabilizó 1.718 delitos penales, 30 menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 1,7%. En el resto de España, por el contrario, la criminalidad aumentó un 0,5% hasta junio.

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Según la información trasladada a CSIF, esta actuación “no se había desarrollado antes debido a indicaciones verbales, atribuidas a la Delegación del Gobierno o al mando único, que desaconsejaban intervenir ante el temor a posibles alteraciones del orden público y a la dispersión de las personas asentadas en la zona hacia otros puntos de la ciudad”.

Los agentes han trasladado reiteradamente al sindicato que restablecer la legalidad en este entorno resulta imprescindible para recuperar la normalidad.

Las normas son iguales para todos

“No es aceptable tolerar el incumplimiento continuado de las ordenanzas municipales en una zona mientras se exige su cumplimiento en el resto de Ceuta. Las normas deben aplicarse con igualdad y con las garantías necesarias para quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir”, explica el sindicato.

El pasado martes, sin que aquellas indicaciones se hubieran formalizado por escrito, la UIR inició un dispositivo extraordinario para poner fin a la venta ambulante en el Trampolín. “Su actuación demuestra la capacidad de respuesta de la Policía Local cuando puede desarrollar su trabajo”, expone.

Trabas y falta de cooperación: se ordenó suspender las revisiones

CSIF denuncia que, durante el operativo, se trasladó en la Junta Local de Seguridad la instrucción de suspender estas intervenciones hasta nueva orden.

El sindicato atribuye esta decisión al mando único encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres, designado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras la controversia generada, se volvió a permitir la actuación policial, que continuó el jueves por la mañana conforme a la planificación prevista.

Retrasos en la respuesta al ciudadano

Para CSIF, estos cambios de criterio dificultan el trabajo de los profesionales y retrasan una respuesta que la ciudadanía necesita con urgencia. “Quienes dirigen la gestión de esta crisis deben conocer de primera mano lo que ocurre en Ceuta y comprender que recuperar los espacios públicos y garantizar el cumplimiento de las normas son prioridades inaplazables”.

El sindicato advierte de que la ocupación prolongada de espacios públicos y la consolidación de zonas al margen de la legalidad “no pueden normalizarse ni servir para alimentar discursos que cuestionen la españolidad de Ceuta. Las administraciones deben ejercer sus competencias y garantizar que toda la ciudad permanezca bajo el control efectivo de las autoridades”, resalta en una nota de prensa. 

Mermas en las actuaciones por culpa de los políticos nacionales: se plantean ir al juzgado

Desde CSIF denuncian que, desde el inicio de esta grave crisis, “la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas han visto limitada su capacidad de actuación por las decisiones de los responsables políticos nacionales que coordinan la respuesta”.

“A la falta de instrucciones claras se suman, según la información recibida por el sindicato, decisiones que han obligado a suspender intervenciones o han dificultado su ejecución”.

Pese a estas dificultades, “nuestros agentes mantienen su compromiso con la ciudadanía. También viven en Ceuta, tienen aquí a sus familias y comparten las preocupaciones de sus vecinos. Su implicación merece reconocimiento, medios suficientes y el respaldo institucional necesario para desarrollar su trabajo”, explica el sindicato.

Desde CSIF, “no vamos a aceptar que esta situación se enquiste ni termine asumiéndose como parte de la normalidad de nuestra ciudad. Emprenderemos las actuaciones sindicales y judiciales a nuestro alcance para esclarecer las decisiones adoptadas y exigir las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que pudieran corresponder”.

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En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se recoge que además de esos 22 años de cárcel, cumplirá 9 de libertad vigilada, medida que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, ‘Pastilla’ ha sido condenado a pagar 300.000 euros a los herederos del ‘Tayena’, entre ellos el hijo que nació tras este suceso. Al delito de asesinato, se suma otra condena por el de tenencia ilícita de armas, fijada en 1 año y 5 meses de cárcel.

En la condena se recoge que debe abonar los gastos de la Acusación Particular, que ha sido ejercida por el abogado de Salamanca, Elías Carcedo.

Lo que ha hecho la Audiencia es fijar la condena después de que un Jurado declarara que el ‘Pastilla’ era culpable de haber arrebatado la vida de quien era su amigo y jefe.

El crimen, de 2023

Era en base a esa relación por la que el condenado se encontraba en un chalé de Los Barrios junto a la víctima y la pareja de este.

En la madrugada del 12 de abril de 2023 se produjo este crimen. ‘Tayena’ fue asesinado de un disparo en el pecho cuando se encontraba en su dormitorio. Ese mismo día era su cumpleaños y aunque llegó con vida al hospital, murió poco después en la UCI.

La víctima no pudo defenderse al sufrir un ataque de manera sorpresiva por un ‘Pastilla’ que no tenía licencia para hacer uso de arma. En las grabaciones de la cámara de seguridad que había en la vivienda, se recogió el momento en el que el condenado entraba en el hogar empuñando un arma de fuego para salir poco después.

El condenado entró sigilosamente y disparó a muy corta distancia, sin opción a una defensa. Actuó “con sigilo y rapidez”, se recoge en la resolución judicial.

Una fuga a Ceuta abortada por la Guardia Civil

‘Pastilla’ fue detenido cuando pretendía marchar a Ceuta, después de haber confesado a un amigo que había disparado a ‘Tayena’ porque abusaba de él.

La pareja de 'Tayena', que se encontraba con él cuando se produjo el crimen, manifestó que al ‘Pastilla’ le habían apuñalado días antes en Ceuta y que por eso la víctima le ofreció estar en su casa. Ella fue testigo de lo sucedido y por tanto clave en reconocer al ahora condenado como autor de ese asesinato.

Su relato ha sido calificado de “claro, objetivo, contundente, espontáneo, carente de contradicciones y coincidente con otras declaraciones previas”.

Aunque ‘Pastilla’ quiso embarcar hacia Ceuta, ya se había alertado a la Guardia Civil del puerto de la posibilidad de que intentara ese pase. Lo detuvieron cuando iba al baño de la estación marítima. Al levantar la mirada ante el agente, le confesó que era la persona a quien buscaban, manifestando que había matado a ‘Tayena’ porque le maltrataba. El arma, confesó, la había tirada al mar.

Fuentes de prueba suficientes

En sentencia, la magistrada presidente recoge, atendiendo lo indicado por el Jurado, que no se está “ante una simple enumeración de fuentes de prueba, sino ante una exposición más que suficiente de lo que se estima relevante significar de cada uno de los medios de prueba enumerados, en orden a tener por acreditado el hecho”.

Queda probada que existía una relación de amistad entre víctima y ejecutor, lo que hacía que estuvieran en la misma vivienda. De hecho, ‘Tayena’ consideraba al acusado como si fuese su hermano.

Esa confianza no impidió que terminara con un asesinato y un protagonista que terminó haciéndose mediática tras su fuga de la cárcel de Alcalá-Meco.

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Según han trasladado a través de un comunicado de prensa, esta medida se está llevando a cabo sin proporcionar formación previa sobre las reglas de empleo, la cobertura legal aplicable ni la protección jurídica que ampararía a los efectivos en caso de utilizarlo.

“Los militares se vuelven a encontrar ante una situación en la que las órdenes y criterios de actuación no parecen estar suficientemente definidos, generando incertidumbre entre el personal militar que a diario desarrolla una misión especialmente compleja y exigente”. Según ha señalado la organización este jueves, la falta de pautas de actuación explícitas genera inseguridad en una misión caracterizada por una alta complejidad y exigencia diaria.

La preocupación se intensifica al considerar que el producto suministrado constituye un medio coercitivo catalogado formalmente como arma en diversos ámbitos institucionales.

En este sentido, la entidad ha recordado que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ordenó la expulsión de una parlamentaria por exhibir un aerosol de estas características en el hemiciclo al entender que portaba un arma.

“Ante la falta de reconocimiento como agente de la autoridad ¿Qué ocurrirá si un grupo de personas pone en riesgo la seguridad de nuestros militares? ¿Podrán emplearlo o no? ¿Qué respaldo normativo tendrán si lo hacen? ¿La legislación vigente ampara su utilización en defensa propia o en el cumplimiento de sus cometidos?”. Estas son algunas de las interrogantes planteadas por la asociación.

Falta de cobertura legal y vacíos en las reglas de empleo

La Asociación de Tropa y Marinería Española ha expresado que ante la falta de respuesta institucional, la tropa ha trasladado diversos interrogantes sobre las circunstancias exactas en las que resultaría legítimo emplear el espray de defensa.

Al respecto, ATME ha concretado que entre las principales dudas destaca si la normativa vigente ampara su uso en defensa propia o de terceros frente a situaciones que pongan en riesgo la integridad física del personal.

Para la asociación, resulta inaceptable entregar este tipo de material en escenarios de elevada tensión sin definir por escrito sus límites de uso ni la protección legal que recibirán los militares.

Desde ATME se ha insistido en que la seguridad física de los uniformados debe ir acompañada necesariamente de una sólida seguridad jurídica.

Al respecto, ha señalado que ningún efectivo debería verse en la obligación de elegir entre resguardar su integridad o afrontar un posterior procedimiento judicial debido a la ausencia de instrucciones claras por parte del Ministerio de Defensa.

1️⃣@_ATME solicita información sobre reparto spray pimienta a militares en Ceuta sin unas normas de uso claras ni garantías jurídicas suficientes.
Se entregá un medio coercitivo considerado arma sin informar de reglas de empleo...#ATMEactua #FAShttps://t.co/cI1oN2jb4b pic.twitter.com/SBzTilJwS3

— Asociación de Tropa y Marinería Española ATME (@_ATME) September 24, 2026

Cuestionamiento público y exposición mediática de los efectivos

La distribución de estos dispositivos coincide con la difusión de contenidos periodísticos que señalan presuntas actuaciones con gas pimienta de las Fuerzas Armadas en Ceuta. Así lo ha hecho saber ATME.

La organización ha lamentado que se cuestionen públicamente las intervenciones militares mediante acusaciones de abuso de autoridad o lesiones sin que existan pruebas concluyentes que sustenten tales afirmaciones.

“Este tipo de situaciones únicamente contribuyen a poner en duda la profesionalidad de los hombres y mujeres que están entregando lo mejor de sí mismos en Ceuta y en defensa de España, desarrollando una labor de enorme dificultad y bajo una presión constante”.

La entidad también ha advertido de que muchos militares son grabados de forma continuada durante sus cometidos y sus imágenes se difunden en redes sociales, lo que en ocasiones conlleva la publicación de datos personales que comprometen su seguridad y la de sus familias.

Peticiones formales de ATME al Ministerio de Defensa

Para revertir esta situación de indefensión, la organización ha exigido de forma inmediata el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad para el personal militar desplegado en la ciudad autónoma. Esta atribución se considera indispensable para que los efectivos puedan desarrollar sus funciones con todas las garantías legales.

De forma paralela, la asociación elevará solicitudes de información ante el Ministerio de Defensa para esclarecer si el producto forma parte de la dotación reglamentaria autorizada. La iniciativa busca detallar la normativa que regula su empleo, los protocolos de actuación aplicables y la cobertura jurídica prevista ante eventuales denuncias derivadas de su utilización.

“La seguridad física de los militares es importante, pero también lo es su seguridad jurídica. Ningún militar debe verse obligado a elegir entre proteger su integridad o enfrentarse posteriormente a un procedimiento judicial por la falta de instrucciones claras por parte del ministerio de Defensa”, ha recalcado ATME.

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Esas casas eran utilizadas como puntos de ocultación y había hasta 28 inmigrantes en situación irregular, tres de ellos menores de edad.

Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron concretar la ubicación de dos inmuebles situados en el Príncipe y en Loma Colmenar, “zonas limítrofes caracterizadas por una elevada concentración de edificaciones de reducidas dimensiones y baja altura, con construcciones de diferentes características y numerosas ampliaciones y espacios anexos”, explica la Policía Nacional.

De esas operaciones ya informó este periódico en anteriores noticias. Ahora se conocen más detalles.

Estas particularidades dificultan la localización de este tipo de inmuebles y favorecen que determinadas viviendas, dependencias anexas, espacios en desuso o construcciones todavía pendientes de finalizar puedan ser empleados para ocultar a personas durante determinados periodos de tiempo.

Así se dio con los pisos patera. El del Príncipe, en construcción

La investigación permitió determinar que dichos espacios eran utilizados para albergar a los inmigrantes en condiciones especialmente precarias, “llegando en algunos casos a tratarse de viviendas particulares y, en otros, de habitáculos o dependencias que no estaban destinados inicialmente a su uso como alojamiento”, explica la Policía.

El operativo policial ha permitido localizar a 28 inmigrantes, entre ellos tres menores de edad.

Uno de los lugares se encontraba ubicado en el Príncipe, “tratándose de un inmueble en proceso de construcción, distribuido en dos plantas y que carecía de unas condiciones mínimas de habitabilidad”.

“En su interior, los agentes localizaron a numerosas personas hacinadas sobre varios colchones en el suelo, en un espacio que no disponía de suministro de agua corriente, electricidad, ventilación adecuada ni cocina, entre otras carencias”, explica la Policía.

El segundo inmueble, en Loma Colmenar, presentaba igualmente unas dimensiones reducidas y era utilizado para ocultar a inmigrantes.

Las investigaciones apuntan a que ambos espacios eran gestionados por diferentes personas que se encargaban de facilitar el acceso y permanencia de los inmigrantes a cambio de cantidades económicas.

Más de 10.000 euros obtenidos por facilitar el ocultamiento: las tarifas según lugar y condición

Las diligencias practicadas y las manifestaciones recogidas durante la investigación han permitido determinar que las cantidades exigidas a los inmigrantes variaban en función de diferentes circunstancias, entre ellas sus posibilidades económicas y las características o dimensiones del espacio ocupado.

Asimismo, las investigaciones apuntan a que, en determinados casos, la contraprestación por el alojamiento no se habría realizado exclusivamente mediante pagos económicos, sino también mediante la realización de trabajos de reforma, mejora, construcción o ampliación de los propios inmuebles.

Según los datos obtenidos durante la investigación, esta actividad habría generado beneficios superiores a los 10.000 euros desde la entrada ilegal de los migrantes hasta el momento de la intervención policial.

Tres menores quedan bajo protección asistencial

Entre las 28 personas localizadas durante el operativo se encontraban tres menores de edad. Una vez constatada su condición de menores, y realizadas las comunicaciones y actuaciones preceptivas, se ha procedido a activar los mecanismos de protección correspondientes, estableciéndose contacto con las organizaciones no gubernamentales que desarrollan su actividad en la ciudad autónoma.

Los menores han sido derivados a los recursos asistenciales correspondientes, quedando bajo la guarda y tutela de los organismos competentes, conforme a los procedimientos establecidos para su protección.

“La investigación se ha desarrollado gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales repartidas tanto por la costa andaluza como a nivel central que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de inmigrantes”, explica la Policía.

Desalojo de un asentamiento en El Tarajal

En otra actuación llevada a cabo durante la mañana de ayer, la Policía Nacional desalojó sin incidentes un asentamiento que se encontraba próximo a las dependencias fronterizas y que, por su ubicación, impedía el acceso a acometidas de servicio público.

Los servicios municipales de la Ciudad llevaron a cabo la recogida y la limpieza del lugar, colocando un vallado para evitar incidencias en las instalaciones.

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