Las organizaciones sindicales representativas de la Policía Nacional en Ceuta, JUPOL, SUP, CEP y UFP, han reclamado el cese del delegado del Gobierno en Ceuta y la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que consideran una “gestión ineficaz” de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad y un “abandono” de los agentes destinados en la frontera sur.
En un manifiesto conjunto firmado por las cuatro organizaciones, los sindicatos denuncian la situación que están afrontando los efectivos policiales desplegados en los puntos fronterizos y los espigones, y critican la ausencia de una respuesta estructural ante los episodios de presión migratoria registrados en los últimos días.
Los sindicatos sostienen que la situación actual “no es un hecho aislado ni impredecible” y recuerdan la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando se produjo una entrada masiva de personas a través de los mismos puntos de acceso.
A su juicio, tras aquel episodio “no se han adoptado medidas estructurales” para reforzar de manera permanente las plantillas policiales ni para incrementar los medios materiales disponibles en la frontera.
JUPOL, SUP, CEP y UFP acusan a la Delegación del Gobierno de haber llevado a cabo una gestión basada en “la improvisación diaria” y denuncian una falta de respuesta ante las necesidades planteadas por los agentes.
En el manifiesto, las organizaciones aseguran que la institución ha mostrado “una desconexión total con la realidad operativa” de los pasos fronterizos y los espigones, provocando una sobrecarga de trabajo para los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los sindicatos alertan de que los policías destinados en Ceuta están soportando una presión “física y psicológica inasumible”, con una falta de efectivos y medios de protección adecuados.
“Es inadmisible pretender suplir la falta de un modelo fronterizo real convirtiendo a los funcionarios de seguridad en el escudo humano de la inacción política”, señalan en el documento.
Además, reclaman la puesta en marcha de un plan de contingencia con protocolos claros, inversiones en infraestructuras y una estrategia específica para afrontar los episodios de llegada masiva.
Entre sus reivindicaciones, las cuatro organizaciones policiales solicitan la declaración de Ceuta como Zona de Especial Singularidad (ZES), además de una actualización del catálogo de puestos de trabajo, refuerzos permanentes y nuevos medios materiales.
Los sindicatos extienden sus críticas al Ministerio del Interior y responsabilizan a Grande-Marlaska de la situación en la frontera sur, al considerar que no se ha desarrollado “una política de Estado firme, real y dotada presupuestariamente”.
Por ello, exigen formalmente el cese inmediato o dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta y la dimisión o cese del ministro del Interior, al que señalan como máximo responsable de la gestión fronteriza y de las condiciones laborales de los agentes.
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