La
Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta ha solicitado este viernes al Ministerio de Educación y Formación Profesional (
MEFP) en rueda de prensa y a través de una carta dirigida a su director general de Planificación y Gestión Educativa el "cese inmediato" de su director provincial, Juan Bosco de Alba, tras quince días esperando sin éxito alguna explicación “convincente”
sobre las circunstancias en las que su esposa recibió una vacante de interinidad en el IES Abyla que no había solicitado su equipo directivo, sin carga lectiva, sin que la UPE conociese el supuesto programa que sostenía la incorporación y sin el informe preceptivo de la Inspección. Los
sindicatos FeSP-UGT, FECCOO, CSIF y ANPE consideran que “es una necesidad más que urgente devolver a la Dirección Provincial a la normalidad" y que, si los Servicios Centrales no consideran viable su cese hasta que concluya el expediente que se le ha abierto, con posibles responsabilidades administrativas al margen de las políticas, se adopten “medidas cautelares”. El presidente del órgano de representación, Francisco Lobato (FeSP-UGT), ha seguido pegado a la “presunción de inocencia”, pero ha dejado claro que la Junta “no puede aguantar más” ante la cadena de “hechos probados” que "no han sido desmentidos en ningún momento". En ese sentido ha recordado el "estupor" y la "indignación" que ha cundido entre maestros y profesores desde el 15 de octubre, cuando se conoció
la dimisión del jefe de la Inspección Educativa, Carlos Cornax, por las 2,5 vacantes extra asignadas al IES Abyla al margen de los procedimientos seguidos hasta entonces con decenas de vacantes y en un marco "de falta de profesorado, déficits en las plantillas y sin interinos de muchas especialidades". Con "incredulidad" y "estupefacción", los sindicatos quisieron ser “prudentes” e “investigaron”, comprobando que el director del instituto no había solicitado esas incorporaciones, que no tenían carga lectiva, que De Alba apeló a un programa relacionado con la pandemia del que la UPE no tenía ni idea, que no había documentación alguna que lo avalase y tampoco informe técnico "preceptivo" para incorporar personal sin horas de clase. "Pedimos explicaciones y no hemos recibido ninguna, pero tras quince días de prudencia y a pesar de que los compañeros nos pedían una reacción más enérgica, después de que la delegada del Gobierno nos haya dicho que el tema está en manos del Ministerio y de un expediente informativo abierto, no podemos aguantar más", ha resumido Lobato, que atisba tras la asignación a posteriori de carga lectiva un intento de "ir quitando irregularidades".