La
Agrupación Deportiva Ceuta no va a hacer declaraciones sobre la
condena a uno de los futbolistas del filial por un delito de
abuso sexual. Publicada la información, el club deportivo considera que no debe ofrecer valoración alguna y a preguntas de este periódico ha indicado que no hará declaraciones al respecto. El Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito ha condenado a prisión a tres futbolistas por abuso sexual y por un delito contra la integridad moral por unos hechos ocurridos en 2018 en Villanueva de la Serena.
Uno de esos condenados está jugando en el Ceuta B en la actualidad. Los otros dos jugadores actualmente militan en el Villanovense. Si bien, los tres habrían finalizado ya su relación contractual con el club serón en el momento que sucedieron los hechos, la madrugada del 15 de mayo de 2018, durante una celebración de varios jugadores del equipo tras haber terminado la temporada 2017/2018. Los hechos ocurrieron en un local de apuestas de la localidad villanovense donde trabajaba la víctima en aquella fecha. La sentencia condena al actual jugador del Ceuta B, Dani Muñoz, a una pena de un año de prisión y a la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros o comunicación con la víctima por un período de un año por el delito de abusos sexuales al haber aprovechado un momento de descuido de la mujer para tocar sin su consentimiento los glúteos de la víctima, algo que ella le recriminó. En la sentencia se da como hechos probados los tocamientos en los glúteos sin su consentimiento por parte del integrante del filial del Ceuta, también los cuantiosos desperfectos ocasionados en el interior del establecimiento y los comportamientos de vejaciones hacia la víctima que se consideran probados por parte de los otros dos futbolistas condenados. A los otros dos condenados, se les ha impuesto una pena de 6 meses de prisión, además de la prohibición de acercamiento y comunicación por un año, por el delito contra la integridad moral. Ninguno de los tres futbolistas entrará en prisión ya que se ha acordado la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas a cada uno de los acusados durante el período de dos años, condicionada dicha suspensión a que durante el período de la misma no cometan delito alguno, de lo contrario se revocará la suspensión. El juicio oral se celebró este pasado 29 de noviembre y, en la fase de cuestiones previas, el Ministerio Fiscal modificó el escrito presentado inicialmente en aras de llegar a un acuerdo y rebajando las penas solicitadas al inicio del proceso. Las condenas dictadas por el Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito implican además una indemnización de 17.500 euros por el daño moral sufrido por la denunciante, una cantidad ya consignada por los acusados con anterioridad a la fecha del juicio, así como hacerse cargo de las costas procesales de 4.072 euros, también ya abonadas.