Fue una madrugada como la de hoy. 6 de febrero de 2014. Cientos de subsaharianos intentaron entrar a Ceuta bordeando el espigón del Tarajal a nado, los cuerpos sin vida de 15 quedaron en el camino: algunos fueron recuperados en aguas marroquíes y otros hallados entre el tramo de la playa fronteriza y la zona de la Almadraba. Esa madrugada teñida de tragedia se escribió uno de los capítulos más convulsos de la inmigración, pero no el único. La tragedia del 6F cobró más fuerza en los medios de comunicación que su predecesora, la del 29S de 2005 cuando subsaharianos murieron trepando la valla después de que los dispararan por la espalda.
Hoy, seis años después, el llamado ‘caso Tarajal’ atesora varios carpetazos judiciales. Los tomos escritos a base de declaraciones, pruebas, recursos y peticiones de apoyo de Marruecos que murieron en el olvido, se acumulan en una causa sobre cuyo archivo definitivo tiene todavía que pronunciarse la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Desde esa sede hasta la del Juzgado de Instrucción número 6 han estado navegando importantes decisiones para el esclarecimiento de unos hechos en torno a los que nunca pudo personarse la requerida y necesaria Acusación Popular.
Este sábado volverán a repetirse los actos en memoria de aquellos 15 fallecidos, contando con el respaldo de hasta 145 colectivos que han apoyado la VII Marcha por la Dignidad, bajo el lema ‘Frente a vuestros muros construimos puentes’.
En el mismo arenal en donde aquella madrugada todavía podía apreciarse la presencia de material antidisturbio, se colocará una nueva placa en recuerdo de aquellos muertos. También se leerá un manifiesto y se recordará lo ocurrido. Todo en una jornada en la que se han previsto conferencias y un teatro protagonizado por sin papeles en el salón de actos del Ayuntamiento que escenificará la obra ‘Bozza, el grito que derrumba muros’. Será a las 11:00 horas.
Tras los sucesos del 6F no se marcó un antes y un después en la inmigración, salvo las órdenes cursadas que negaron el empleo de material antidisturbio como el que fue utilizado aquella madrugada. Nunca más se repitieron ese tipo de escenas, no así las devoluciones en caliente como las ordenadas con los inmigrantes que consiguieron llegar a nado hasta la playa.
Las mismas siguen produciéndose amparadas por las decisiones dictadas por el Ministerio de Interior y así se mantendrán salvo cambio de criterio por los tribunales europeos que, este 13 de febrero, publicarán la sentencia tras una denuncia presentada por una devolución de subsaharianos en Melilla. Mientras, todo sigue igual, con Unidas Podemos en el gobierno en coalición o en la oposición. Nada cambia en torno al futuro inmediato de estas personas.
El escenario en donde se produjeron aquellas escenas dramáticas: el espigón del Tarajal, cuya imagen guardó el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de recuerdo en su teléfono móvil, nunca recibió la inversión anunciada pero frente a él se levantó un auténtico búnker de seguridad establecido por Marruecos para ejercer el papel protector por el que recibe la financiación europea, vetando así cualquier aproximación a la playa.
El 6F dejó muchos interrogantes en el camino, arrastró una política informativa pésima por parte de la Delegación del Gobierno y de posteriores comisiones informativas de Interior que eran complicadas de entender. Hubo demasiados cambios de versiones, se negó incluso que hubiera personas que llegaron a la playa cuando integrantes del gabinete de la Delegación eran testigos de cómo se les expulsaba a Marruecos. El rosario de incongruencias dio pie a una de las peores historias contadas que a su vez arrojó cuantiosas generalizaciones que todavía siguen dándose hoy por válidas, construyendo un relato de hechos que ni siquiera casa con lo que realmente pasó.
La puntilla judicial
La causa del 6F arrastra tres archivos con tres magistradas distintas en instrucción. Todavía la Audiencia no se ha pronunciado tras el recurso interpuesto contra el último sobreseimiento por todos. Porque han recurrido no solo las oenegés representadas que piden el procesamiento de los guardias civiles, sino también la propia Fiscalía y las Defensas de los agentes de la Benemérita que quieren mayor claridad en la conclusión judicial dejando claro la función realizada por los efectivos.
