Desde Septem Nostra miran hacia la desaladora de Ceuta con cierta inquietud. Sus instalaciones, que son necesarias para el consumo de agua humano, también son objeto de recelos. El proceso de conversión acarrea consigo efectos que pueden resultar nocivos para el mar y el ecosistema que lo conforma.
Los análisis de medición de vertidos permiten conocer el estado del hábitat y de las especies o si existe una repercusión de la salmuera sobre ellos. La entidad denuncia a este periódico que dichas evaluaciones no se realizan en la planta desde hace más de cuatro años.
“Si se vierte hay que tener un control”, destacan. “No es que no tengan un impacto. Simplemente no se sabe cuál podría ser la consecuencia”, explican. Independientemente de las conclusiones tras la valoración, estiman que es preciso llevarla a cabo porque “la ley no es un criterio. Es una obligación”.
La asociación coloca sobre la mesa otra cuestión relativa a este asunto. “¿Qué sucederá legalmente con todos esos años en los que se ha incumplido la norma?”, se preguntan. “Si se estipulan sanciones al respecto, ¿quién lo pagará”, expresan.
Alga invasora
“Es un problema si no se hace. El espacio cercano a este complejo está propuesto para ser protegido como un LIC, es decir, un Lugar de Importancia Comunitaria”, comentan. “Primero, debe desarrollarse por salubridad ambiental y segundo por el alga invasora. No se sabe cómo interactuará la salmuera con esta especie. No se conocen las consecuencias; por ello es preciso monitorizarla”.
Manifiestan que no se sabe a ciencia cierta cuáles son sus efectos en la Rugulopterix okamurae. Sin embargo, sí tienen certeza de sus “repercusiones dañinas” en poblaciones “de especies frágiles” como lo son los corales, las esponjas o la Posidonia oceánica.
A fin de cuentas, señalan que afecta a seres vivos de valor natural que se hallan en las profundidades del mar. Todos ellos pueden reaccionar de formas muy diferentes en función de su resistencia o de su ciclo vital.
A su vez, insisten en que en el último informe del que se tiene constancia no se niega que no haya ningún tipo de impacto. “Lo que no pasa ahora, puede ocurrir mañana por acumulación silenciosa”, subrayan.
Sin ir más lejos, en el año 2023 Ecologistas en Acción otorgó una bandera negra a Ceuta precisamente por la ausencia de medidas de vigilancia en torno a la desalinizadora. Dicha calificación la asigna a aquellas playas o lugares donde la entidad cree que existe contaminación o una desfavorable gestión medioambiental.
Concesión de la planta
El Faro ha consultado esta cuestión a Acemsa. Juan Manuel Sánchez, director gerente, indica que los estudios no se elaborarán de momento y que ponerlos en marcha se planteará una vez que esté transferida la ampliación de la desaladora.
“¿Hubo algún signo o señal de alarma en todo el tiempo que ha sido vigilada? No”, comenta. “Hasta que no sea de la Ciudad, no se va a tomar ninguna determinación”, detalla.
“Una vez realizado este trámite, se verá qué se va a hacer y si se va a abordar o no un plan de medidas ambientales”. Explica que una parte está en manos de ellos, pero que es en la que está por entregar “donde se hacía el seguimiento”.
Este lunes durante la celebración de la sesión plenaria se anunció la aprobación de un convenio para que la Ciudad se haga cargo de sus instalaciones por un periodo de diez años.
Fin de los informes
“Después de varios años haciéndolo el resultado es que no había ninguna afección al medio. No ha cambiado nada”, expresa. “Cuando nos la den, veremos lo que marca la ley y si hay que ejecutarlo, se hará. Tenemos una autorización de vertidos”.
“El control se realizó durante el periodo que la Confederación lo consideró oportuno. Lo finalizó cuando dejó estimarlo preciso tras desarrollar los estudios y saber lo que había. La pretensión es que lo haga la Ciudad, pero hasta que no sea recibida no se analizará esta necesidad”, narra.
Este periódico ha contactado en numerosas ocasiones con la citada entidad y le ha consultado cuestiones en torno a la práctica del monitoreo. No se ha recibido respuesta tras las peticiones cursadas.
Real Decreto
Fuentes consultadas recuerdan que en el año 2007 se publicó un BOE vinculado a este tema. Se trata del escrito número 74 del 27 de marzo sobre la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de ampliación y adecuación de la instalación de la desaladora en Ceuta.
Bajo la meta de controlar los efectos al medio marino se estipuló el desarrollo de una vigilancia “inicial”. El texto refleja que esta debe continuar durante la fase de explotación con una frecuencia mínima estacional de cuatro muestreos anuales.
Subrayan que “la salmuera supone una fuente de contaminación puntual según el Plan Hidrológico de Cuenca de tercer ciclo, entre 2021 y 2027”. Asimismo, señalan que “debe ser monitorizado según la norma vigente del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado en Real Decreto 1/2001 del 20 de julio y en base a los parámetros del 817/2015 fechado en el 11 de septiembre”.
A este se suma la Ley de Evaluación de Impacto Medioambiental, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de enero de 2008. El documento incide en que el seguimiento debe efectuarse en “instalaciones de desalación con un volumen nuevo o adicional superior a los 3.000 metros cúbicos al día”. Los últimos datos disponibles sobre la producción de esta infraestructura señalan que, tras los trabajos de ampliación, su capacidad alcanza los 30.000.
Hacen hincapié en que las publicaciones y reglas mencionadas son las que “establecen los criterios de control y de valoración del estado de aguas superficiales y de las reglas de calidad ambiental”.
Salmuera
Una vez expuestos los documentos en el marco de los análisis, ahondan en la propia salmuera, el compuesto que ha suscitado inquietudes. La labor que desempeña el complejo desalinizador “crea como subproducto esta pasta que nuevamente se devuelve al mar. Constituye un elemento con unas elevadas concentraciones de sal”.
“Puede presentar contaminantes que pueden dividirse en dos grupos. El primero reúne a aquellas sustancias aportadas por el agua de alimentación. Al ser rechazadas por los filtros o membranas desembocan en el entorno marino con cantidades mayores”.
El segundo recopila a las que “son añadidas al proceso como floculantes, biocidas o antiincrustantes entre otros”. Aunque generalmente se manifiestan en menores cantidades “pueden tener un mayor impacto potencial”.
Lo ilustran con un ejemplo. “Los bisulfitos, que se emplean a veces como inhibidores del crecimiento biológico, consumen todo el oxígeno disuelto del efluente e incluso pueden conservar cierta capacidad reductora tras su derrame al mar”.
Indicen en que la flora, la fauna y otros organismos “toleran unos rangos determinados de salinidad”. Es este motivo por el que trasladan que “un continuo vertido de salmuera puede tener efectos sobre la calidad de aguas, así como sobre conservación y regeneración de comunidades de especies o la propia actividad pesquera”.
Otras zonas en España
Diferentes publicaciones reflejan la preocupación de otras entidades españolas en torno a los efectos de esta aguasal en el ecosistema marino. La Asociación Agua para La Palma es una de ellas.
Mónica Riverol, su secretaria, reflejó su inquietud sobre estas concentraciones de sal el pasado año ante la pretensión de construir una desaladora en Fuencaliente, en las islas Canarias. Comunicó ante los medios que, de hacerse realidad el proyecto, “se comprometería la salud del litoral” del municipio.
Existen casos en España en los que esta clase de infraestructuras sí cuentan con medidas de vigilancia del impacto. La costa levantina es uno de esos lugares en los que se han implantado.
A esta referencia también se suma el modelo de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar, en Murcia. Cuenta con sensores que tienen como propósito cumplir con su supervisión medioambiental.
