Según la central, el texto niega que sea automático y dependerá del presupuesto de cada autonomía.
El Sindicato de Enfermería (SATSE) apremia a Ingesa a la materialización de aquellos aspectos del Real Decreto 10/2015, publicados en el BOE del sábado pasado, sobre la recuperación de derechos perdidos por los empleados públicos.
SATSE urge a Ingesa a que haga efectiva la recuperación de la parte de la paga extraordinaria y adicional de diciembre del 2012 del personal del sector público; la recuperación del número de días de permiso por asuntos particulares; del incremento de los días de permiso por asuntos particulares en función de la antigüedad; así como de los días de vacaciones en función de la antigüedad.
La razón por la que esta representación de los trabajadores exhorta a su cumplimiento por la vía urgente se debe a que el texto recoge que su devolución no será automática y dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada una de las autonomías.
Este Real Decreto establece la devolución del 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012. Respecto a las cantidades a abonar, cada administración abonará estas cantidades dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerdan y si su situación económica financiera lo hiciera posible. Una serie de condicionantes que SATSE rechaza ya que, en caso de no permitirlo, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.
Asimismo, el texto determina la recuperación del permiso por asuntos particulares por antigüedad, recogiéndose que las Administraciones Públicas “podrán” establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. SATSE señala que en la redacción de este permiso, antes de su supresión por el Real Decreto-Ley 20/2012, se establecía como un derecho de los funcionarios en atención a su antigüedad, sin embargo, la nueva redacción deja en manos de las administraciones públicas la potestad de concederlo.
