Sareb da tres meses de plazo a los afectados de Huerta Téllez para decir si quieren los pisos

La Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está enviando una carta individual a los afectados de las viviendas de Huerta Téllez en la que comunica que ha adquirido la promoción y que los destinatarios de la misiva tienen tres meses para decir que quieren las casas. Estas personas, que no han recuperado la inversión que desembolsaron hace una década, se quejan porque carecen de más información sobre las condiciones de la venta a pesar de que han llamado en varias ocasiones a la puerta de la entidad creada para ayudar al saneamiento del sector financiero español. Una pared con la que también se ha topado este periódico cuando ha intentado recabar más datos sobre la carta.

El también conocido como ‘banco malo’ requiere a los afectados por la quiebra de Viales, filial de Dolmen, que manifiesten ante Sareb si quieren continuar su derecho preferente y “comprar la vivienda en las condiciones que pacten con la misma”. Una parte del colectivo a día de hoy aún espera la carta porque, razona, la entidad tendrá que actualizar la base de datos que contiene los domicilios de las personas que abonaron diversas cantidades para los inmuebles.

Según figura en el documento al que ha tenido acceso este diario, que data del 1 de octubre, Sareb “se compromete, en virtud de esta compra, a garantizar durante el plazo de tres meses desde que la Administración Concursal comunique a los terceros con derecho de adquisición preferente frente a la concursada esta adjudicación a Sareb, este derecho de adquisición preferente a favor de los mismos, siempre que estos comuniquen de forma fehaciente y expresa a Sareb su voluntad de adquirir tales inmuebles en las condiciones de venta ofertadas finalmente por Sareb”.

No obstante, la Ciudad Autónoma “se desentiende”, aseguran, porque las viviendas están ahora en manos del ‘banco malo’. La mayoría quiere recuperar la casas que en la carta figuran como VPO, lo cual indigna a estos copropietarios porque “nadie da la cara”. Los afectados entienden que Dolmen y el Ayuntamiento estuvieron unidos porque la administración autonómica se ocupaba de arreglar la calle y la entrada a los pisos.