Una vez desestimada en el Pleno la opción de plantear una iniciativa legislativa para facilitar a Defensa la cesión gratuita de solares a la Administración local la vía por la que apostaba Caballas para que la Ciudad pueda disponer de terrenos de titularidad militar cuanto antes, la consejera de Fomento Susana Román, dará a finales de mes el siguiente paso en el itinerario alternativo elegido por el Ejecutivo que preside Juan Vivas para alcanzar el mismo propósito.
El director general de Infraestructura (DIGENIN) del Ministerio de Defensa, Eduardo Zamarripa, recibirá antes de que termine enero a la consejera para informarle del resultado de los contactos establecidos con la cúpula castrense para ponerla al tanto de las reivindicaciones ceutíes.
Zamarripa visitó la ciudad autónoma a finales del pasado mes de noviembre. Tras su encuentro con el presidente de la Ciudad, la propia Román y otros responsables institucionales locales, el alto cargo de Defensa se comprometió a impulsar la creación de un “grupo de trabajo” entre ambas partes para satisfacer tres objetivos “compatibles”: que el suelo pueda contribuir al desarrollo económico de Ceuta, que sea útil como recurso económico para impulsar la construcción de la Base Única proyectada y que sea útil para dotar los equipamientos que la ciudad necesita.
La Ciudad está, a corto plazo, “especialmente interesada” en la parte del Hospital Militar que las Fuerzas Armadas no utilizan “para completar la modernización de la oferta universitaria, con la implantación de la Facultad de Ciencias de la Salud, que no tiene cabida en el campus universitario que está construyendo la Administración local”.
El Gobierno que preside Juan Vivas también desea hacerse con la Rampa de Abastos, un inmueble “con un alto valor arquitectónico” que la Ciudad quiere rehabilitar a partir de 2014 y para el que se ha planteado un uso en forma de museo dedicado específicamente a la obra de Mariano Bertuchi.
Pese a la “predisposición” de Defensa a colaborar con la Administración local, la legislación vigente impone que la gestión del uso de propiedad militar debe ser “onerosa”, por lo que las dos Administraciones deben encontrar fórmulas de compensación coherentes con la disponibilidad presupuestaria.
