Aunque en Ceuta sólo hay un empresa que incluye dentro de sus servicios el reparto a domicilio de medicamentos, actualmente hay un debate abierto, a nivel nacional, sobre el control a la hora de distribuir ciertos fármacos, sobre todo aquellos que necesitan una receta médica. Para los farmacéuticos, este tipo de servicios, sabiendo lo que conlleva la distribución de medicamentos, son de “dudosa legalidad” y en algunas comunidades españolas, incluso, se ha prohibido que operen.
En Ceuta no está prohibido el envío de medicamentos a domicilio, explica el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta, Mario de Miguel, aunque tampoco son muchas las empresas las que operan en el sector y no se han suscitado los problemas acaecidos en otras ciudades con las empresas de delivery en este ámbito.
De Miguel detalla que para que estas empresas funcionen dentro del margen de la legalidad, para poder distribuir medicamentos que necesiten receta médica, en un primer lugar deberían ir al domicilio del cliente a recoger dicha receta prescrita por su médico y con ésta, ir a la farmacia “que sea de su elección”, sin coartar así la libertad de los consumidores para elegir una oficina de farmacia en concreto. Un proceso que considera “engorroso”, pero que sería el óptimo.
El cliente debe entregar la receta y también elegir la oficina de farmacia
En el caso de la parafarmacia o de los medicamentos sin receta no habría mayor problema, pues se consideraría una venta como otra cualquiera, aunque también se debe tener en cuenta que el cliente siempre debe tener la elección de la farmacia.
“Aún hay algunos vacíos legales”, admite el presidente de los farmacéuticos en este tipo de reparto a domicilio y ha generado tal polémica que algunas comunidades han prohibido la actividad, mientras que otras se mantienen en ‘pie de guerra’ con este tipo de empresas, como está ocurriendo ahora en Barcelona.
Es cierto que en Ceuta se están empezando a introducir este tipo de servicicios y la demanda aún no es tan requerida como en las capitales de provincia donde este tipo de compañías se multiplican cada día.
De Miguel cree conveniente que las autoridades competentes se sienten a estudiar si es necesario cambiar o adecuar la normativa a estos nuevos servicios para no incurrir en ninguna ilegalidad.
