Cuando al investigador ceutí Francisco Sánchez le propusieron participar hace unas semanas en el ciclo de cine que el Centro de la Memoria Común para la Democracia y la Paz de Marruecos ha organizado entre el 19 y el 22 de junio en Nador en torno a la Guerra Civil y posteriores años no se lo pensó dos veces y aceptó. El programa oficial, bajo el título de ‘Memoria Común’, incluye la proyección de documentales de la Guerra Civil española, la Guerra del Rif, así como de los españoles que estuvieron viviendo en Marruecos.
“En ningún lugar leí nada relativo a Ceuta y Melilla”, explica, “y por lo tanto acepté al tratarse de un evento importante con historiadores peninsulares de renombre”, matiza. De hecho el programa oficial incluye hasta al embajador español en Rabat, que está invitado a la sesión de apertura.
Su sorpresa fue mayúscula cuando pocos días después de aceptar la invitación recibió un correo electrónico con las conclusiones y acuerdos a los que se había llegado en anteriores seminarios organizados por esta misma asociación, conclusiones en las que aparece con frecuencia que Ceuta y Melilla son ciudades ‘ocupadas’ por España y que es necesario crear las bases para “devolverlas” a Marruecos.
“Esta premisa aparece en todas las conclusiones de los seminarios que se han celebrado, auspiciados por este centro, desde 2006”, añade el investigador, que por esta razón declinó finalmente participar y así se lo expone a la organización del evento. “Después de mi lógica indignación conforme leía estos absurdos acuerdos en otros seminarios, rápidamente le envié un correo al presidente donde expongo claramente que no comporta esas barbaridades con las ciudades españolas de Ceuta y Melilla “, subraya, “porque por encima de cualquier otra cosa soy ceutí”. Sánchez subraya que las conclusiones de seminarios anteriores fueron enviadas a él y a los restantes participantes, por lo que se pregunta si otros conferenciantes o invitados, como el embajador español, las habrán leído, “si no es así alguien debería advertirselo”, matiza.
Participarán en estas jornadas investigadores españoles como Maria Rosa de Madariaga, Jordi Canal, Benabé López García,, Miguel Gómez Oliver, Ana Aguador, Victor Lezcano e historiadores e investigadores marroquíes. A la sesión inaugural está invitado el embajador en Rabat, Alberto Navarro y está prevista también la intervención del portavoz del gobierno marroquí y ministro de Comunicación, Mustapha El Khalfi.
Polémica en el año 2010
Y es que esta asociación, ya fue objeto de polémica en 2010 cuando estuvo a punto de recibir una subvención del anterior Gobierno español para el levantamiento de fosas de los soldados marroquíes caídos en la Guerra Civil con su antigua denominación como Centro de la Memoria Común y el Porvenir. Aquello hizo tanto ruido en España que finalmente se le denegó la subvención, de unos 60.000 euros, alegando problemas administrativos para no desvelar la verdadera razón: Esta organización estaba a punto de celebrar un seminario en Rabat cuyo eje central sería ‘Ceuta y Melilla y las islas ocupadas’, para el que había cursado invitaciones a numerosos embajadores en la capital marroquí, entre ellos el español. Es decir, que el Gobierno español iba a subvencionar con miles de euros a un grupo marroquí que cuestionaba la españolidad de Ceuta y Melilla, aunque finalmente se le denegó.
Defendiendo la memoria de los marroquíes caídos en la Guerra Civil
El Centro se define como una asociación que persigue la restitución de la memoria común de los marroquíes y de los componentes de su entorno geográfico y político «en su dimensión jurídica, política y de desarrollo». Esta asociación contactó con el Gobierno español en 2008 a raíz de la celebración de un Coloquio Internacional de Tetuán, bajo el lema «Las cuestiones de la memoria común entre el tratamiento jurídico-judicial, el tratamiento político y los derechos humanos: la participación de los marroquíes en la Guerra Civil española como ejemplo». Su presidente, Abdesslam Bouteyeb, escribió al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, proponiéndole a ambos la elaboración de un censo de víctimas del franquismo, para reivindicar la memoria de 130.000 marroquíes "obligados" a combatir contra la República, que fue el origen de la subvención que se adjudicó en 2010 provisionalmente, que fue el origen de la polémica.
