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El abogado belga de Puigdemont considera que su cliente no tendrá un "juicio justo"
El expresidente catalán Carles Puigdemont y los 13 exconsellers del Govern están citados mañana y el viernes a declarar en la Audiencia Nacional, mientras que ante el Tribunal Supremo lo harán en los mismos días la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa. Todos ellos han sido citados en calidad de investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos tras la admisión a trámite ayer de las dos querellas que este lunes presentó la Fiscalía en el Supremo y la Audiencia Nacional contra los responsables en el proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en 2015.
Ahora bien, el abogado belga de Puigdemont -que ha pedido en Bruselas "garantías jurídicas" para volver a España- ha propuesto a las autoridades judiciales españolas que el expresident declare en Bélgica puesto que no tiene intención de presentarse mañana en Madrid ya que, según el letrado, su cliente "no tendrá un juicio justo" en España. Un escenario que podría motivar a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que se ha hecho cargo de la investigación contra el expresident y los exconsellers, enviar una orden europea de detención a la justicia belga contra Puigdemont en caso de no comparecer mañana para una futura extradición a nuestro país.
Mientras, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de los exconsellers -cuatro de los cuales aun permanecen en Bélgica- han recibido hoy las citaciones judiciales aunque sin confirmar sus comparecencias.
Lamela instruirá la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero; la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde el 16 de octubre. De hecho, nada más admitir a trámite la querella citó a Puigdemont y 13 exconsellers para mañana y el viernes, a las 09.00, y también para la celebración de una vistilla de medidas cautelares tras su declaración.
Al respecto, la Fiscalía baraja pedir prisión incondicional ante el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas (hasta 30 años de cárcel por rebelión), y de reiteración delictiva.
La magistrada acordó también fijarles una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza. Los 6,2 millones de euros se corresponden con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias que fueron aprobadas para la celebración del referéndum 1-O y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional. El otro escenario judicial estará en el Tribunal Supremo que ayer se declaró competente para investigar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, por ser miembros de la Diputación Permanente del Parlamento catalán.
Las comparecencias se producirán a partir de las 09.30 horas y los investigados deberán declarar acompañados de abogado, según explica el instructor de la causa, Pablo Llarena, expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Será Llarena quien, en su caso, decida si procede adoptar medidas cautelares -si se las pidiera el fiscal- y también todas las diligencias necesarias para avanzar en la investigación
