La Comisión de Fomento del Congreso aprobó ayer el dictamen del proyecto de Ley del régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, tras incorporar un total de 450 enmiendas, 430 de ellas pactadas por PSOE y PP en un esfuerzo de consenso.
Entre las enmiendas presentadas se encontraban varias específicas para los puertos extrapeninsulares. Las dos principales afectan a la fórmula jurídica para engarzar las tasas portuarias, la número 278, y la que versa sobre la contribución al Fondo de Compensación Interportuario, que es la enmienda número 137.
La bonificación es uno de los temas que con mayor preocupación se veían desde las regiones afectadas: Canarias, Baleares y Melilla, además de Ceuta. Una resolución del Tribunal de Justicia, decretada a instancias de la Comisión Europea, sentenció que España incumplía la normativa comunitaria sobre la libre prestación de servicios al transporte marítimo por aplicar bonificaciones y exenciones en el pago de las tasas portuarias a los buques que navegan con origen o destino de los territorios extrapeninsulares. Según el presidente de la Comisión de Fomento, Salvador De la Encina, se ha encontrado la fórmula legal para que la reducción en las tasas continúe salvando la ilegalidad señalada desde Europa.
Otra de las claves de la nueva ley será el mayor margen de maniobra que tendrán las autoridades portuarias para aplicar las tasas: “Habrá una tarifa básica con unos márgenes muy abiertos de maniobra. Esto permitirá a los presidente de los puertos regular las tasas para calibrar la oferta que realizan: si le interesa un mayor número de ingresos por barco o unas tasas bajas para que entren un mayor número. En este sentido será como un patrón que guía a un barco”, explicó De la Encina.
La enmienda presentada al Fondo de Compensación Interportuario también mantiene una contribución menor a esta base de solidaridad entre puertos. El porcentaje a esta contribución se reduce en un 50 por ciento en los puertos con tasas reducidas ya que no perciben los mismos ingresos que el resto de autoridades portuarias españolas.
Antes de que el texto llegue al Senado habrá una nueva votación que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de mayo, después de que socialistas y populares aceptaran por "cortesía parlamentaria" la petición unánime de las minorías de debatir y votar el texto ante el hemiciclo.
