El PSOE insiste en acusar a Ayala: “No nos pueden tomar por tontos”

El PSOE de Ceuta ha recibido con estupor las explicaciones ofrecidas este jueves por la consejera de Cultura, Pilar Orozco, y el asesor de Festejos, Eduardo Ayala, en las que han mantenido su defensa de legalidad de los contratos pese a las muchas irregularidades detectadas e incluso han asegurado que desconocían que las tres empresas señaladas compartían un mismo administrador y la misma sede social en Utrera.

Unas explicaciones que los socialistas califican de insuficientes, inexactas, irresponsables y muchas de ellas  además directamente falsas y contradictorias.

“No nos pueden tomar por tontos a los ceutíes. Con independencia de cuál fuera el mecanismo concreto utilizado en cada expediente para recabar ofertas, lo cierto es que la Consejería ha mantenido durante años una relación contractual reiterada con tres empresas que compartían domicilio social y administrador, según la documentación mercantil. Resulta difícil sostener ahora que se desconocían esas circunstancias cuando constan en los expedientes los datos identificativos de las empresas con las que se venía contratando de forma continuada", resumen desde el PSOE.

Ayala se contradice a sí mismo

Tanto Pilar Orozco como Eduardo Ayala han insistido en que desconocían que las tres empresas guardaban relación entre sí. Sin embargo, con independencia de la forma en que se obtuvieran las ofertas en cada expediente, la Consejería sí conocía, o podía conocer, la identidad de las empresas con las que venía contratando, así como los datos que figuraban en la documentación administrativa.

Si durante años se han tramitado contratos con sociedades que compartían domicilio social y administrador, corresponde al Gobierno explicar por qué afirma ahora que desconocía esas circunstancias.

Además, el propio asesor de Festejos ha manifestado ante los medios que era él quien solicitaba personalmente los presupuestos. Esa afirmación resulta difícil de conciliar con la tesis de que desconocía las empresas con las que se relacionaba la Consejería y los datos identificativos que constaban en los expedientes administrativos.

También, recuerdan desde el PSOE, la Junta Consultiva de Contratación del Estado es clara: cuando concurren empresas del mismo grupo o bajo control común, la concurrencia es simulada y la adjudicación puede ser nula de pleno derecho.

Lo que no se ha explicado

En su comparecencia, tanto la consejera como su asesor delegado, han dejado además sin responder muchas de las cuestiones que el PSOE ha puesto sobre la mesa.

• Informes con normativa derogada. Los informes jurídicos a los que aluden los comparecientes, y que obran en poder del PSOE, citan el artículo 118.3 de la LCSP, derogado desde 2020, para justificar que no hay fraccionamiento de contratos.
• Documentos fechados después de incorporarse al expediente. Hay facturas con fecha de 19 de febrero subidas a la plataforma el 21 de enero, un mes antes de la fecha que figura en el propio documento. Ni Orozco ni Ayala han explicado esta incoherencia.
• Facturas que no constan en los expedientes. Ni las facturas de la prestación ni las del pago aparecen incorporadas, y la declaración de ejecución del contrato remite a los códigos de los presupuestos –donde figura Ayala– y no a los de ninguna factura.
• La Cláusula de exclusividad artística: De los 42 contratos analizados, sólo 16 son contratos de exclusividad artística. En la mayoría, además, se invocan simultáneamente el contrato menor (art. 118 LCSP) y el procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad artística (art. 168.a.2º LCSP) -dos cauces jurídicamente incompatibles entre sí. Y el caso más evidente de que “exclusividad artística” es una excusa, no una realidad: el Expte. 1160/2026 invoca esa exclusividad para contratar una corona, bandas borda-das y un servicio de azafatas. No existe ninguna razón artística por la que solo una empresa en el mundo pueda fabricar una corona o prestar un servicio de azafatas.

"Frente a esta batería de hechos documentados -NIF, domicilios sociales y administradores que constan en el Registro Mercantil, expedientes administrativos, importes sistemáticamente por debajo del umbral legal y fechas incompatibles en la tramitación electrónica-, la Consejería no ha desmentido ni un solo dato concreto.

Su respuesta se ha limitado a una defensa genérica de la legalidad basada, por un lado, en afirmar que esas empresas ya venían trabajando con la Administración desde años anteriores y, por otro, en tratar de trasladar el foco hacia los funcionarios que tramitan los expedientes.

“Desde el PSOE queremos dejar claro que en ningún momento, ni en la rueda de prensa celebrada ayer ni en ninguna de nuestras declaraciones públicas, hemos puesto en cuestión la profesionalidad, la independencia o la actuación de los funcionarios de la Ciudad. Los empleados públicos se limitan a tramitar los expedientes administrativos correspondientes a las contrataciones que impulsan y deciden los órganos políticos competentes”, subrayan recordando que “las responsabilidades políticas, si las hubiera, no recaen sobre quienes instruyen administrativamente los expedientes, sino sobre quienes deciden con qué empresas contratar, qué procedimiento utilizar y elevan esas propuestas para su adjudicación”.

Por todo ello, el PSOE exige la comparecencia de la consejera de Cultura ante el Pleno de la Asamblea, el órgano en el que reside la representación de la ciudadanía ceutí, para que ofrezca las explicaciones oportunas sobre estas contrataciones. Para ello ya cuentan con el apoyo de Ceuta Ya! y MCyD.

"Asimismo, daremos traslado de todas las irregularidades detectadas a los órganos competentes de control y, en su caso, a las autoridades con competencia para su investigación, entre ellos la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la autoridad competente en materia de defensa de la competencia, a fin de que determinen si los hechos pu-dieran dar lugar a algún tipo de responsabilidad”, adelantan.