La escalada de robos en los centros educativos de la ciudad que se ha registrado durante los últimos meses llevó ayer al secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) en Ceuta Antonio Palomo, a reclamar la intervención “decidida y urgente” de la Delegación del Gobierno en el asunto “como institución encargada de garantizar la Seguridad Ciudadana en todos sus aspectos”.
“Esta problemática excede el ámbito docente y yo diría que hasta el de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, por lo que debería ser la institución encargada de garantizar la Seguridad Ciudadana la que adopte y anuncie medidas rápidas y urgentes para poner coto a los asaltos de los vándalos a los centros educativos, donde parecen haber encontrado un filón en los ordenadores portátiles del programa ‘Escuela 2.0”.
El director provincial de Educación, Cecilio Gómez, explicó ayer en conversación telefónica con ‘El Faro’ desde Madrid, donde se encuentra con motivo de la celebración de las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, que está “trabajando con la Policía Nacional” en la adopción de medidas adicionales de seguridad en los centros.
Gómez se reunió con los directores de todos los colegios de la ciudad el pasado 22 de enero, tras el último robo en el IES Clara Campoamor, y quedó en estudiar la suscripción de un solo contrato para todos los centros educativos con una empresa de seguridad privada (ahora cada colegio o instituto tiene el suyo) que además permita agilizar los mecanismos de respuesta al salto de las alarmas. Actualmente hace falta, por prescripción legal bajo amenaza de multa, que se activen tres distintas para alertar a las Fuerzas de Seguridad).
Además, la Administración quedó en analizar la posibilidad de poner vigilantes de seguridad durante las noches en los centros con mayores problemas de seguridad.
Hasta ahora no se han dado pasos concretos en ninguna de esas líneas de mejora de manera formal, aunque responsables de la ‘Prosegur’ aseguraron ayer a la directora del CEIP Santa Amelia, el último centro que ha sido víctima de los cacos, que a la vista de la evolución de los acontecimientos sus trabajadores alertarán a la Policía en cuanto se registre la primera alerta.
Mientras, diferentes centros, con fondos propios, han comenzado a colocar rejas y puertas blindadas en sus instalaciones “como medidas preventivas” de protección.
