El gobierno publica el documento para la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) que impone la educación única y vulnera las libertades educativas.
La imposición de la Ley del Gobierno, redactada con Podemos y sin contar con el resto de partidos y organizaciones, indigna al sector educativo. Una situación que deja en manos de las Comunidades Autónomas la regulación de la lengua cooficial y obstaculiza la educación concertada al eliminar el concepto de demanda social, entre otros aspectos.
Para el PP esta reforma es una vuelta al pasado, que deja latente un recorte y la cesión a sus socios nacionalistas. Esta propuesta supone el desmantelamiento de la reforma educativa del PP que, entre otros logros, había conseguido reducir el fracaso y el abandono escolar en más de seis puntos (llegó a subir hasta el 26%). Una reforma que regresa al modelo fracasado de la LOGSE que limitó las oportunidades laborales de miles de jóvenes
y aumentó el paro juvenil. Este documento, elaborado de forma unilateral, ignora las aportaciones de la inmensa mayoría de los intervinientes en la subcomisión, del conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad española (a los que se les ha dado quince días para hacer aportaciones a la reforma, plazo que finaliza el 10 de noviembre), saltándose los plazos que el Ministerio de Educación había fijado para recibir las aportaciones del sector, sin buscar el consenso ni el diálogo y dando la espalda al Pacto por la Educación.
La propuesta socialista debilita la figura del director del centro, elimina del sistema educativo la cultura del esfuerzo, la exigencia, la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la figura del profesorado. Además, disminuye los niveles de calidad, se renuncia a la prueba única de acceso a la universidad y se acaba con la transparencia en la educación, imponiendo una opacidad que impide que las familias conozcan los resultados de los centros.
Se establece un modelo de escuela única y monolítica que impide la especialización curricular de los centros (los actuales centros bilingües son de especialización curricular), cediendo a las CCAA la competencia para ordenar la presencia de la lengua cooficial en el sistema educativo, dejando claro una nueva cesión de Pedro Sánchez a sus socios nacionalistas. Un proyecto que recorta las libertades educativas anteponiendo la voluntad de la administración a los derechos de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. La renuncia del gobierno a ejercer sus competencias en educación nos presenta una España de diferentes velocidades sin ningún elemento de control por parte del Estado que dinamita el acceso a la educación en condiciones de igualdad.
Desde el PP proponemos un sistema educativo que permita a nuestros jóvenes prosperar y competir en un mundo globalizado. En este sentido, la LOMCE fomenta la formación profesional dual, los itinerarios, la evaluación de conocimientos, la libertad de los padres en la elección de centros, la vertebración nacional de los contenidos, o el bilingüismo, aspectos claves para luchar contra los índices de paro juvenil en España.