Competencia rechazó hace 6 años la petición de poner un techo de precios pero marcó un camino para hacerlo: conocer los costes reales de las navieras, concretar el interés público y excluir las mercancías.
El Gobierno de Ceuta prevé tener listo antes de que termine noviembre un nuevo informe que alumbre a la Administración local sobre las posibilidades que están a su alcance para meter mano al transporte marítimo, un mercado “imperfecto” en el que la competencia “no existe o es de muy baja intensidad” y que se caracteriza por tener “una ocupación bajísima, un gran número de rotaciones diarias, precios muy altos y al menos un 50% de su demanda cautiva”.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, adelantó anteayer que, a falta de la última destilación de las conclusiones del dictamen, hay una vía descartada, la de poner en marcha una naviera municipal (el PP no solo no lo ve políticamente oportuno sino también inviable legalmente), y un camino preferente: pedir el establecimiento de unos “precios máximos” en los billetes de barco.
Tal reivindicación ya fue analizada hace casi seis años por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, ahora Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC), entonces a requerimiento del Ministerio de Fomento, que planteó la posibilidad de “establecer tarifas máximas para el transporte marítimo de pasaje, vehículos en régimen de pasaje y carga rodada en la línea Algeciras-Ceuta-Algeciras y sometido a obligación de servicio público (OSP)”.
La Comisión dictaminó entonces que la fijación de una tarifa máxima supondría “una restricción de la competencia” en la medida en que, a su juicio, limitaría la capacidad de los operadores para competir libremente en el mercado “al no permitirles totalmente decidir los precios a los que ofertan sus productos o servicios” y concluyó que “con arreglo a la interpretación jurisprudencial de la normativa sectorial, el establecimiento de una tarifa máxima a los operadores de la línea” sólo resultaría “admisible” si la imposición de la medida se realizase “conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad de cara a la consecución del objetivo que se pretende perseguir”.
“Interés público definido”
“No se han detectado fallos de mercado que hagan evidente la intervención pública que se pretende ni tampoco se ha constatado la existencia de un objetivo de interés público claramente definido”, señaló entonces la Comisión como puntos flacos del argumentario de las dos Administraciones, a las que ofreció dos alternativas: “Si la causa de los supuestos precios excesivos se encuentra en comportamientos anticompetitivos de las empresas”, advirtió en primer lugar, “la solución a tomar en primera instancia no reside en la fijación de tarifas máximas porque hay otros instrumentos menos restrictivos como el tratar de reducir las barreras a la entrada que subsistan, incrementar la presión competitiva incentivando la entrada, revisar las obligaciones de servicio público y recurrir a los instrumentos que ofrece la normativa de competencia”.
El Ejecutivo ceutí trabaja ahora, en paralelo al establecimiento de tarifas máximas, en la posibilidad de propiciar incluso directamente, a través de un nuevo operador con capital público-privado, de aumentar los competidores en el sector una vez que la revisión del contrato de la línea de interés público no ha resuelto el problema global.
Alternativas para los residentes y para atraer viajeros a la ciudad.
La Comisión Nacional de la Competencia vio hace seis años dos alternativas para abaratar los pasajes a los viajeros, residentes o foráneos, sin recurrir a poner tarifas máximas. Para los primeros apuntó que “la alternativa más indicada podría ser la mejora de las bonificaciones al transporte” aunque ello exigiría “notificarse a la Comisión Europea en tanto que posible ayuda de Estado, si bien hasta el momento dichas medidas han sido normalmente autorizadas”. Para los visitantes planteó que “cabría adoptar medidas de estímulo directo”, aunque avisó de que “la posible subvención del transporte de turistas presenta un encaje menos inmediato en la normativa comunitaria que no significa que esté prohibido” pero sí que precisaría de autorización.
La UE, clave con la reivindicación de Canarias.
El Consejo de Gobierno de Canarias instó el pasado mes de febrero al Estado a fijar precios máximos de los billetes aéreos entre el archipiélago y la Península con el fin de evitar "picos" que se producen en determinadas épocas del año que suben el coste a niveles "prohibitivos". En marzo se concretó una petición para renegociar el REF incluyendo como exigencia de “establecer obligaciones de servicio público” para incentivar con carácter permanente el desarrollo de nuevas rutas” reconociendo al transporte público regular de personas el carácter de “servicio público esencial”. En verano, la ministra de Fomento, Ana Pastor, explicó que la imposición de una tarifa máxima tendrá que contar con el visto bueno de la Comisión Europea por la resistencia habitual de la UE a autorizar medidas que puedan perturbar la libre competencia en los mercados. Esta autorización ya fue requerida por ejemplo antes de que el Gobierno de Canarias pusiera en marcha en la pasada legislatura un plan de desarrollo de vuelos para incentivar con bonificaciones la creación por parte de las aerolíneas de nuevas rutas directas hacia y desde Canarias. Las bonificaciones tenían como condición la continuidad en el tiempo de las rutas subvencionadas.
