Ceuta y el resto del país se verán afectados por la nueva ley educativa que el Gobierno ha anunciado para mejorar las condiciones del profesorado y el funcionamiento del sistema escolar. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que rebajará horas lectivas en aula del profesorado a 23 en Primaria y 18 en ESO y Bachillerato.
La norma, que se prepara tras meses de debate en la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario, busca dar respuesta a las demandas históricas de los sindicatos: reducir las horas lectivas y bajar las ratios de alumnos por aula.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha adelantado que la ley establecerá un límite máximo obligatorio en la jornada lectiva de los docentes. En Infantil (segundo ciclo) y Primaria, el máximo quedará fijado en 23 horas semanales, mientras que en ESO y Bachillerato no podrá superar las 18 horas.
Con esta medida, se pretende aligerar la carga de trabajo en el aula y ajustarse a las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado.
Actualmente, informes sindicales como el de CCOO apuntan que un docente puede alcanzar hasta 48 horas semanales al sumar tanto las clases como las tareas fuera del aula. La reducción de horas lectivas es vista como un paso necesario para equilibrar el tiempo de preparación, evaluación y atención al alumnado.
La otra gran medida de la ley se centra en la reducción de ratios escolares. El marco actual fija un máximo de 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Sin embargo, los sindicatos reclaman que se modifique el sistema de cómputo. En su propuesta, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debería contar doble a efectos de ratio.
También solicitan que los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje tengan acceso directo a docentes de apoyo, como especialistas en Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje. Esta reivindicación se plantea como esencial para garantizar la inclusión educativa.
La reducción de ratios y horas lectivas supondrá un esfuerzo organizativo y de recursos. Según cálculos de CCOO, para aplicar estas medidas será necesario contratar alrededor de 34.000 nuevos docentes y habilitar unas 19.000 aulas adicionales en todo el país.
Otra de las peticiones sindicales, aún pendiente de abordar en profundidad, es la incorporación de todos los cuerpos docentes al subgrupo A1. Esto implicaría revisar los complementos salariales, situando a los maestros en el nivel 24 y al resto de cuerpos docentes en el nivel 26.
La nueva ley también contempla un impulso a la escolarización gratuita en la etapa de 0 a 3 años. En el curso 2023-2024, la tasa de escolarización alcanzó el 71,2 por ciento, un dato que refleja la creciente demanda en este tramo educativo.
Para responder a esta necesidad, el Gobierno destinará 175 millones de euros en subvenciones destinadas a las familias con rentas por debajo del umbral de la pobreza. Este apoyo busca garantizar que los hogares más vulnerables puedan escolarizar a sus hijos desde las primeras etapas.
Desde 2021, las comunidades autónomas han recibido más de 670 millones de euros para la creación de 65.000 plazas públicas en esta franja de edad. Hasta el momento, ya se han materializado 42.000 plazas nuevas, y la previsión es seguir aumentando esta cifra en los próximos cursos.
La Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario, que retomará sus trabajos el próximo 23 de septiembre, será clave para concretar los detalles de la futura norma. En este espacio, sindicatos y representantes del Ministerio de Educación continuarán dialogando sobre las condiciones laborales del profesorado.
Aunque las protestas en comunidades como Cantabria, Euskadi, Madrid, Valencia o Galicia habían marcado la agenda en los últimos meses, el anuncio de la nueva ley se interpreta como una vía para encauzar el conflicto.
El foco se traslada ahora a la redacción de la norma y a su aplicación práctica en cada territorio, incluida Ceuta, donde la comunidad educativa sigue de cerca los avances.
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