La Sociedad de Desarrollo de Ceuta,
Procesa, cerró el año pasado con unos
beneficios de 4.193 euros. Al no tratarse de una empresa de mercado, sino de una entidad mercantil pública que presta servicios únicamente a la Administración a la que pertenece íntegramente, la Ciudad Autónoma, que financia íntegramente su funcionamiento, el resultado “no es más que un indicador de una ejecución” ajustada a la previsión contenida en su estado de ingresos y gastos presupuestarios. Como en ejercicios anteriores, la propuesta que llevará a su Consejo de Administración será destinar esa cantidad a reservas voluntarias.
El grueso de su actividad se corresponde con la gestión de los programas e iniciativas cofinanciados por los fondos estructurales europeos, así como de las competencias en el área de economía de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, de la que depende funcionalmente.
Igualmente, lleva a cabo otros encargos de gestión de diferentes áreas de la Ciudad, encuadrados en su objeto social.
El impacto que en la actividad de la sociedad ha tenido la pandemia ha obligado a “un notable esfuerzo de actualización en la digitalización de la empresa” al objeto de “ampliar las posibilidades de teletrabajo durante los periodos de confinamiento”.
La UNED de Ceuta concluyó el año pasado con 88.870 euros en positivo
El Consorcio Rector del Centro Universitario
UNED Ceuta liquidó el ejercicio económico de 2020 con un resultado neto positivo de 88.870 euros a pesar de que el importe de la subvención que percibió por parte de la Ciudad cayó de 1,1 millones a 980.000 euros.
El capítulo de gastos de Personal se vio incrementado un 1,89% para cubrir la subida de las retribuciones prevista para todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas y a pesar de ello se cerró con un remanente de casi 167.000 euros “debido a las bajas de personal de Administración y Servicios producidas durante 2019”, una bibliotecaria y un especialista en consejería que todavía no se han cubierto. En gastos corrientes se logró un remanente de casi 78.000 euros por la supresión de actividades de extensión universitaria y culturales a causa de la pandemia y el de inversiones, con otro de 18.000 por la suspensión de adquisiciones de mobiliario y equipos para actuar con la moderación económica que la crisis sanitaria “aconsejaba”.