La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han coincidido este viernes en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de los menores inmigrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
Ambas han abordado esta cuestión durante una reunión celebrada en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde analizaron las vías para garantizar la protección de los derechos de estos menores.
Según han informado ambos departamentos, cualquier actuación deberá realizarse preservando el interés superior de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos.
Peramato y Rego han coincidido además en señalar que las niñas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Desde el día de la entrada masiva, se han abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres inmigrantes en Ceuta. En el 40% de esos casos, según los datos trasladados en la reunión, las víctimas han sido menores no acompañadas.
La ministra ha informado a la fiscal general de que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para poder llevar a cabo el traslado de los menores “en el menor tiempo posible”.
Rego ha defendido que este desplazamiento contribuiría a garantizar unas “condiciones adecuadas para su atención y bienestar” y, al mismo tiempo, permitiría “aliviar” la situación que atraviesa Ceuta.
Ambas responsables han subrayado que tanto el ordenamiento jurídico español como el internacional establecen que el interés superior del menor debe ser la prioridad en cualquier actuación que le afecte.
Durante el encuentro, Teresa Peramato ha explicado también algunos detalles del decreto dictado por la Fiscalía el pasado 7 de agosto, en el que se establecieron pautas de actuación destinadas a garantizar la protección de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta.
Por su parte, Sira Rego ha defendido la necesidad de avanzar hacia una respuesta que sitúe los derechos de la infancia en el centro y que cuente con “la corresponsabilidad” de todas las administraciones públicas.
La reunión también ha servido para abordar las dificultades recogidas en la memoria de la Fiscalía para desarrollar procesos de reagrupación familiar en Marruecos, así como la evolución de los datos relacionados con la delincuencia juvenil.
Peramato y Rego han tratado igualmente los avances y los retos pendientes para reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección frente a la violencia en la infancia.
Asimismo, ambas han intercambiado puntos de vista sobre la nueva ley orgánica para la protección de los menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
El encuentro se produce mientras los menores que llegaron a Ceuta durante las jornadas del 30 y 31 de julio continúan a la espera de una solución que permita avanzar en su traslado a la Península, con el objetivo de garantizar su protección y unas condiciones adecuadas para su atención, siempre bajo el principio del interés superior del menor.
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