Los trabajadores de la empresa Incox, que es la adjudicataria de las obras de la antigua Facultad de Educación y Humanidades, para su conversión en un nuevo colegio de Infantil y Primaria, se han visto en la obligación de paralizar los trabajos, debido a que continúan, según señala el responsable de esta empresa constructora, sin recibir el pago de las certificaciones que ya presentaron ante la Ciudad y que fueron firmadas por el interventor hace ya más de un mes.
En la propia puerta principal de la antigua Facultad han colgado un cartel donde se dice textualmente: "Nos hemos visto en la obligación de parar. El interventor se niega a pagar".
Esta inversión por parte de la Ciudad Autónoma tienen un coste aproximado de 900.000 euros y tienen como objetivo la construcción de un nuevo centro de Educación Infantil y Primaria que acogería, de manera aproximada, a unos 700 alumnos.
Octubre
El primero de los conflictos se produjo a finales del mes de octubre, cuando resultó que la empresa Incox paralizó las obras y envió a sus trabajadores a concentrarse ante la puerta del Ceuta Center, sede de los órganos económicos financieros de la Ciudad, ya que tenían presentadas certificaciones por valor de casi 500.000 euros y no existía un abono por parte de Intervención. La empresa aseguró, en esos días, que el interventor tenía retenidas sus facturas.
Sin embargo, la intervención de distintos miembros del equipo de gobierno permitió que a los pocos días se desbloqueara la situación y se continuaran los trabajos, bajo la promesa de que el abono de las certificaciones se realizaría a los pocos días.
Pero han pasado cuatro semanas y, según fuentes de la misma empresa todo sigue igual. Por ello, el viernes los trabajadores volvieron a concentrarse ante las puertas del Ceuta Center para protestar por esta retraso en el cobro.
A principios del mes de octubre ya se había ejecutado un 70% del proyecto y las previsiones apuntaban a que para mediados de noviembre debía entregarse la obra, aunque parece ser que habrá algún retraso debido a todos estos problemas que se están acumulando.De todas maneras, no entrará en funcionamiento hasta septiembre de 2016.
Por entonces, la Ciudad ya indicó que los problemas de las certificaciones no se debían, para nada, a falta de liquidez en las arcas municipales, sino a cuestiones burocráticas dentro del área de Intervención.
