El PP urge a la UE una solución al conflicto pesquero con Marruecos

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que urge al Gobierno a demandar a las entidades de la UE que resuelvan el conflicto pesquero con Marruecos para que no se ponga en riesgo la viabilidad económica de las empresas del sector.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró nulo el acuerdo de pesca firmado en 2019 entre la UE y Marruecos porque no recogía el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Ese acuerdo que ahora se ha declarado nulo provocó que Senegal decidiera bloquear las expediciones de licencia de pesca hasta junio de 2022.

A todo ello se suma un escenario de "sobrepesca" por parte de buques extracomunitarios en caladeros de "vital importancia" para España, como es Mauritania. "La flota española tiene cada vez menos aguas donde faenar", alerta el PP en su proposición no de ley, recogida por Europa Press.

"Sin un nuevo acuerdo con Marruecos, la flota española está obligada a cambiar de caladeros"

En este contexto, el Grupo Popular advierte que sin un nuevo acuerdo con Marruecos, la flota española está obligada a cambiar de caladeros o reducir su actividad, lo que podría poner en riesgo la viabilidad económica de algunas empresas pesqueras. Además, parece que la competencia en otros caladeros se intensifica, lo que puede generar una mayor presión sobre los recursos pesqueros disponibles en aguas nacionales y comunitarias.

Con todo ello, el PP pide en la propuesta que se debatirá en la Comisión de Agricultura del Congreso que el Gobierno demande a las entidades de la UE iniciar "a la mayor brevedad posible", la apertura de un nuevo proceso de negociación que solucione los condicionantes de ilegalidad reconocidos por los tribunales europeos.

También exigen los 'populares' que se apoye la negociación particular o colectiva con el fin de facilitar los acuerdos privados de pesca entre la flota española y el gobierno marroquí y agilizar el sistema de verificación de licencias a través de la red de Embajadas españolas y delegaciones de la UE, para que las embarcaciones operen con "absoluta seguridad jurídica" y evitar posibles problemas o intervención de agentes no autorizados.