El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a crear una comisión interministerial que tome medidas "que garanticen la sostenibilidad de la vida en Ceuta y Melilla" ante la "sucesión de medidas de carácter unilateral" aplicadas por Marruecos en sus fronteras.
La PNL subraya que hace ya más de 20 meses -el 31 de julio de 2018- que Marruecos decidió cerrar la aduana comercial de Beni Enzar, en el paso con Melilla, para promocionar la actividad comercial del puerto marroquí contiguo, en la provincia de Nador, a lo que se suma la reciente prohibición de entrada de pescado marroquí en Ceuta.
Los diputados Cayetana Álvarez de Toledo, Marta González y Fernando Gutiérrez ven un "evidente desequilibrio" en cómo España y Marruecos perciben su relación fronteriza. En Melilla, dicen, pese al cierre fronterizo, los servicios sanitarios, escolares y de administración pública se ven "fuertemente sobrecargados y en ocasiones colapsados", por las atenciones a ciudadanos transfronterizos que, invocando principios de buena vecindad, acceden libremente a la ciudad reclamando la prestación de dichos servicios" y provocan "una importante sobrecarga".
Así, afirman que mientras en España son "escrupulosamente contemplados" los principios humanitarios y de buena vecindad, en Marruecos son "relegados", con medidas que se toman "en el uso legítimo de su soberanía sin tener en consideración, al mismo tiempo, la necesidad de contribuir al mantenimiento de los niveles de sostenibilidad de vida en las ciudades de Ceuta y Melilla", tal como "cabría esperar de una adecuada interpretación de los Acuerdos de buena vecindad" entre los dos países.
Por eso, en primer lugar, quieren que el Congreso inste al Gobierno a pronunciarse sobre las medidas adoptadas de forma unilateral por el Gobierno de Rabat. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y las considera ciudades ocupadas.
En segundo lugar, proponen una comisión interministerial, dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, en el que participen, al menos, representantes de Hacienda, Interior, Educación y Formación Profesional, Industria, Comercio y Turismo; Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a los gobiernos de las dos ciudades autónomas, con el objetivo de analizar su situación.
El trabajo de esa comisión es el que debería servir para proponer medidas "que garanticen la sostenibilidad de la vida en ambas ciudades" frente a las medidas unilaterales adoptadas por Marruecos.
Los 'populares' recuerdan que ya preguntaron al Gobierno por el cierre de la aduana en Melilla y por las medidas tomadas para contrarrestar los daños, pero la respuesta fue que se había creado un "grupo de trabajo de aduanas" entre ambos países que no ha logrado un punto de encuentro.
El pasado enero, después de unas 50 personas tratase en forzar el paso fronterizo de Farhana para entrar en la ciudad, el PP preguntó por acciones para reforzar las plantillas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) en la ciudad y por la colaboración con Marruecos para diseñar unos pasos fronterizos más eficaces y seguros para las policías de ambos países. La respuesta fue que las plantillas ya están en un nivel muy alto y que el contacto con Marruecos es permanente.
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