Como si de los ojos del Guadiana se tratara, el asunto de la laicidad aparece en tiempos de elecciones y dormita en los espacios intermedios. Ahora, Juventudes Socialistas nos proponen un rotundo ¡no a la religión en las escuelas! a la vez que abogan por un estado laico ya que según esta formación, la separación entre Estado e Iglesia es todavía “una cuenta pendiente” de nuestro sistema.
La laicidad es una opción válida para organizar las relaciones entre administraciones y religiones, aunque por extraño que les parezca, en un estado verdaderamente laico son las confesiones minoritarias las más perjudicadas: tienen menos fieles y reciben menos apoyos. Pero la propuesta laicista que hacen de nuevo los socialistas tiene otra finalidad y es víctima de incongruencias y desconocimientos. El primero de los desconocimientos es el de tipo legal. Hay que volver a recordar que según nuestra constitución España es un estado aconfesional, es decir, no existe una religión propia del estado pero al mismo tiempo se establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de los ciudadanos y mantendrán relaciones con la religión mayoritaria, el catolicismo, y con el resto de religiones. Así que el primer obstáculo que tienen por delante estos aspirantes es el de la reforma de la constitución, que además necesitaría realizarse por el procedimiento agravado ya que los artículos dedicados a los derechos y libertades forman parte del “núcleo duro” del texto constitucional. También podrían optar permutar nuestro sistema aconfesional por uno laicista por la vía de los hechos saltándose la legalidad aun a riesgo de caer en sentencia de inconstitucionalidad (un riesgo menor a tenor de la demostrada insignificancia de nuestro Tribunal Constitucional).
El segundo desconocimiento de la propuesta es el del significado del concepto de estado laico. Un sistema laico no es solo borrar la preeminencia del catolicismo en el espacio público, única preocupación que muestra la propuesta socialista. La laicidad es una actitud militante frente a la tolerancia de lo aconfesional. En un estado laico no solo desaparece la simbología católica de los ámbitos públicos, también la simbología del resto de religiones. En Ceuta por ejemplo, en un estado laico, las niñas no podrían acudir con hiyab a las escuelas o institutos. La secretaria ceutí de las juventudes socialistas que firma esta propuesta y que cursó magisterio, no podría impartir clase con el hiyab que porta habitualmente, porque en un estado laico el personal de las administraciones (y en especial el de la enseñanza) está sujeto a la más estricta neutralidad. Es lo que sucede en Francia, modelo de laicidad, donde está terminantemente prohibido el uso de símbolos religiosos en escuelas e institutos públicos. En Suiza, en la misma línea laicista, se ha prohibido el levantamiento de minaretes al considerarlos símbolos de una reivindicación religioso-política de poder y dominación que amenaza los derechos constitucionales.
Y ahora, la incongruencia. Durante el mandato de Zapatero se rompió la dinámica seguida por los gobiernos de González de no introducir tensiones religiosas. Sin embargo, el nuevo líder apostó por medidas recubiertas del discurso y la fraseología laicista a la vez que financiaba y apoyaba a las confesiones minoritarias. A los pocos meses de su llegada al poder, Zapatero impulso la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia, cuyo principal objetivo es la cooperación con las confesiones minoritarias. A través de esta fundación, en el caso concreto de la confesión islámica, la administración ha financiado libros de texto de religión islámica y de árabe, cursos a los imames y ayudas económicas por importe de medio millón anual a la Comisión Islámica para “favorecer, promocionar y fomentar planes globales destinados al fortalecimiento institucional, coordinación con las comunidades, mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos” a los que habría que añadir otro medio millón para proyectos locales. Lo lógico es que si de verdad los socialistas hubiesen estado interesados en reorientar nuestro sistema de relaciones entre la administración y las confesiones hacia el laicismo, habrían huido de favorecer las relaciones institucionales con las confesiones minoritarias a la vez que reducían la “privilegiada” situación del catolicismo. Pero no fue así. Mientras que el gobierno socialista creaba esta nueva fundación para promocionar a las confesiones minoritarias, sus juventudes iniciaban campañas contra la Iglesia como la del IBI.
El desprestigio en el que han caído los partidos tradicionales en España no se debe tan solo a la corrupción, asunto en el que todos andan enfangados, también a la incapacidad para crear y mantener discursos políticos validos y congruentes que resuelvan los problemas reales de la sociedad a la que dicen servir.
