En el ámbito de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, se ha aprobado la financiación del contrato de servicio para la ampliación, unificación y mantenimiento del software SAGE-200 de contabilidad y facturación de las empresas municipales de la Ciudad. La inversión prevista asciende a 240.000 euros para el periodo comprendido entre los años 2027 y 2030.

La distribución de esta partida se realizará mediante una aportación anual de 60.000 euros durante cada una de las cuatro anualidades contempladas, con el objetivo de garantizar la actualización y el correcto funcionamiento de esta herramienta de gestión empresarial.

Impulso a la educación y la cultura

Por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una subvención nominativa de 54.000 euros destinada a la Casa de Estudios CE-70. La ayuda permitirá desarrollar programas orientados a la promoción, el fomento y el acceso a estudios superiores para ciudadanos con menos recursos económicos.

Asimismo, se ha aprobado la convocatoria del programa de ayudas al estudio para el segundo ciclo de Educación Infantil y enseñanzas obligatorias correspondiente al curso 2026-2027.

Esta iniciativa se desarrollará con la colaboración de los centros educativos dependientes del Ministerio de Educación y del personal adscrito al convenio de colaboración existente entre el Ministerio y la Ciudad Autónoma.

Dentro del área cultural, también se ha autorizado una subvención nominativa de 140.000 euros a la Comunidad Islámica de España para la ejecución de programas de protección, conservación, mantenimiento y enriquecimiento del patrimonio cultural, así como para sufragar gastos de funcionamiento durante el ejercicio 2026.

Rehabilitación del antiguo Mercado de Abastos

Durante la reunión también se abordó la situación del proyecto de rehabilitación del antiguo Mercado de Abastos. Ramírez recordó que el pasado 17 de febrero el Consejo de Gobierno autorizó el gasto plurianual para la cofinanciación de las obras y aprobó el correspondiente convenio con el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Sin embargo, el Ministerio ha comunicado un retraso en la tramitación administrativa, circunstancia que impedirá que las obras comiencen durante el presente ejercicio. Esta situación ha obligado a modificar la cláusula relativa a la distribución anual de los créditos destinados a financiar la actuación.

Como consecuencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del convenio y autorizado una nueva distribución de la aportación municipal. La Ciudad destinará 583.574 euros en 2027 y 2.312.020 euros en 2028 para cofinanciar el proyecto de rehabilitación.

Becas universitarias y nuevas actividades

En el mismo ámbito educativo, se ha aprobado la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las becas de la Fundación Fluter, dirigidas a estudiantes ceutíes matriculados en titulaciones universitarias pertenecientes a las ramas de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.

La cuantía total de estas ayudas asciende a 80.000 euros, mientras que las bases reguladoras fueron publicadas previamente en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta del pasado 26 de diciembre.

Por último, la Consejería de Urbanismo y Transporte ha aprobado dos licencias de implantación de actividad. La primera corresponde a una pizzería en el Poblado Marinero y la segunda a un asador en la calle Cervantes.

Ambas iniciativas han sido calificadas conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) y continuarán ahora su tramitación para la obtención de la correspondiente licencia de apertura.

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Según la formación localista, estas actuaciones afectan a distintos servicios que se han venido prestando sin la correspondiente cobertura contractual y suponen un importe conjunto superior a los 160.000 euros.

La formación que lidera Fátima Hamed ha votado en contra de estos expedientes al considerar que reflejan una gestión deficiente y reiteran una práctica que ya habían criticado en anteriores ocasiones.

Desde el partido recuerdan que llevan tiempo alertando del uso excesivo de contratos menores y de las irregularidades en la contratación dentro de las sociedades municipales.

Servicios sin contrato durante meses

Uno de los expedientes señalados por el MDyC corresponde a la empresa Limpiezas Ceuta, encargada de prestar un servicio para ACEMSA durante más de un año sin contrato en vigor.

Los localistas recuerdan que ya han denunciado en reiteradas ocasiones el “uso abusivo de los contratos menores” por parte de ACEMSA y han votado en contra ante lo que consideran “actuaciones graves por parte de esta administración”.

Según ha explicado Hamed tras la reunión, la legislación vigente prohíbe expresamente el fraccionamiento de contratos, por lo que entiende que la actuación de la sociedad municipal se ha desarrollado al margen de lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público.

La portavoz del MDyC lamentó además la falta de previsión de los responsables de la empresa pública, asegurando que se permite que contratos vencidos continúen prestándose sin que exista una solución administrativa definitiva.

Críticas por no aplicar las prórrogas

La formación también cuestionó otro reconocimiento extrajudicial de deuda relacionado con la empresa Prevención Ecos.

En este caso, el servicio continuó prestándose durante varios meses sin contrato después de que la dirección de ACEMSA decidiera no ejecutar la prórroga prevista en el contrato anterior.

Desde el MDyC consideran que esta decisión fue un error, especialmente porque el nuevo contrato que debía sustituir al anterior aún no ha sido licitado.

Para los localistas, las prórrogas contractuales existen precisamente para evitar que la administración incurra en este tipo de situaciones irregulares.

A esta situación se suma un tercer expediente relativo a Eulen Seguridad, que, según denuncian, presenta características similares al haberse mantenido la prestación del servicio sin soporte contractual.

Más de 160.000 euros en reconocimientos de deuda

El MDyC cifra en más de 160.000 euros el importe total de los reconocimientos extrajudiciales de deuda aprobados para estas tres empresas. Una cantidad que, a juicio de la formación, pone de manifiesto una forma de gestión que se repite en el tiempo y que evidencia una falta de control en la contratación pública.

Los localistas sostienen que las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo local no resultan convincentes y aseguran que el Gobierno continúa recurriendo a mecanismos excepcionales para resolver situaciones que podrían haberse evitado con una adecuada planificación administrativa.

Desde el MDyC contabilizan la cantidad de los reconocimientos extrajudiciales de deuda de ACEMSA en más de 160.000 euros entre las tres empresas y advierten que la justificación del Ejecutivo local no convence: “le viene grande cumplir con la legalidad vigente”.

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Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, quien ha explicado que la medida responde a la voluntad de la Ciudad de poner de manifiesto los estrechos vínculos que históricamente han unido a Ceuta con las Fuerzas Armadas y, de manera especial, con la Armada Española.

Según ha señalado Ramírez, la entrega de esta enseña constituye un gesto institucional que simboliza el respeto y la consideración de los ceutíes hacia una unidad naval que mantiene una presencia constante en el entorno marítimo de la ciudad y que desempeña funciones esenciales para la protección de los intereses nacionales.

Una relación histórica con la Armada

El portavoz ha recordado que Ceuta mantiene un estrecho lazo histórico, cultural y afectivo con las Fuerzas Armadas, una relación que se ha reforzado a lo largo de los años por la importancia estratégica de la ciudad y por la permanente colaboración entre las instituciones civiles y militares.

En este contexto, el patrullero ‘Isla de León’ forma parte de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada y opera de manera permanente en las aguas de soberanía española del norte de África, teniendo además a Ceuta como uno de sus puertos de referencia.

Desde esta posición, el buque desarrolla una actividad continuada en el área marítima próxima a la ciudad, contribuyendo a la vigilancia y protección de un espacio de especial relevancia para la seguridad nacional y para los intereses de España en la zona.

Funciones de vigilancia y protección

Alejandro Ramírez ha destacado que desde el año 2022 el patrullero viene ejerciendo funciones consideradas de vital importancia para la ciudad. Entre ellas figura la vigilancia del mar territorial ceutí, una tarea fundamental para garantizar la seguridad en las aguas que rodean la ciudad autónoma.

Asimismo, el buque participa en labores relacionadas con la protección de los españoles, así como en la observación y seguimiento de actividades que puedan producirse en puntos especialmente sensibles del entorno geográfico ceutí, como la zona del islote de Perejil, el área fronteriza de Benzú o el entorno del Tarajal.

A estas actuaciones se suman los trabajos de vigilancia del tráfico de mercancías y de control frente a la inmigración ilegal, cometidos que forman parte de las responsabilidades que la Armada desarrolla en este ámbito marítimo y que contribuyen al mantenimiento de la seguridad y el control de las fronteras.

Reconocimiento institucional de todos los ceutíes

Por todo ello, el Gobierno de la Ciudad considera “conveniente y oportuno” realizar esta donación en nombre de todos los ciudadanos de Ceuta. La bandera de combate pretende convertirse en un símbolo del reconocimiento colectivo hacia la labor que desarrolla la dotación del patrullero en el desempeño de sus funciones diarias.

La iniciativa busca además dejar constancia del sentimiento de respeto, cariño y admiración que la ciudadanía mantiene hacia una unidad naval que opera de forma permanente en aguas próximas a Ceuta y que participa en misiones relacionadas con la seguridad, la vigilancia y el auxilio marítimo.

Con esta decisión, aprobada por el Consejo de Gobierno, la Ciudad Autónoma quiere rendir homenaje al patrullero ‘Isla de León’ y reconocer su contribución a la seguridad, la soberanía nacional y las tareas de auxilio en el mar, reforzando al mismo tiempo los vínculos que unen a Ceuta con la Armada Española.

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Pese a la aprobación de una Proposición No de Ley en la Comisión de Educación del Congreso, defendida por el diputado popular por Ceuta, Javier Celaya, en diciembre del año pasado, los escolares de Ceuta y Melilla volverán a quedarse excluidos del Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche para el curso 2026-27.

En respuesta escrita a una pregunta formulada por diputados del grupo parlamentario popular, el Gobierno excusa la no asignación de fondos a la aplicación del Programa Europeo en Ceuta y Melilla a que no han sido solicitados por las Ciudades Autónomas, pese a que las competencias educativas en ambos territorios se ejercen desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Ni un solo céntimo para Ceuta y Melilla

El pasado 23 de abril de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la Decisión de Ejecución (UE) 2026/873 de la Comisión, de 21 de abril de 2026, por la que establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para las frutas y hortalizas y la leche, destinadas a centros escolares en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de julio de 2027.

Ese programa otorga a España 13.260.378 euros para fruta y verdura, y 5.323.213 euros para leche. Pero ni un sólo céntimo irá a parar a Ceuta y Melilla.

“Para corregir esta situación injusta, que se repite curso tras curso”, avanza el PP, el diputado popular Javier Celaya propuso en la Comisión de Educación que se articulasen los medios necesarios para la coordinación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que gestiona el Programa desde el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que gestiona las competencias educativas en Ceuta y Melilla.

Pese a que la iniciativa parlamentaria salió adelante, “el Gobierno no ha hecho nada y culpa a las Ciudades Autónomas”, denuncian.

Una respuesta "cínica"

“La respuesta no puede ser más desalentadora y cínica” -comenta Celaya- “El Ministerio pretende esconder su negligencia tras los gobiernos autonómicos”.

En la respuesta se informa que se atenderían las solicitudes de las Ciudades Autónomas, si las hubiera, ya para el curso 2027-28, según el baremo establecido en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ni Ceuta ni Melilla están presentes al asumir su representación el propio Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

“Lo que no puede ser, es que el MEFPD se proclame administración competente para negarle la voz a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Educación, y luego no ejerza esa competencia cuando se trata de gestionar recursos europeos en beneficio del alumnado de Ceuta y Melilla” afirma Celaya.

Desde el Partido Popular también se recuerda que, “tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, Ceuta y Melilla presentan los índices de pobreza infantil más elevados de toda España, según el indicador AROPE para los hogares: el 40,1% en Ceuta y el 47,1% en Melilla”.

“Por ello resulta más sangrante aún la despreocupación del gobierno socialista a la hora de poner en marcha el programa escolar de frutas, hortalizas y leche en ambas ciudades”.

El PP advierte de que este programa de la Unión Europea es crucial al facilitar la distribución gratuita de frutas, leche y hortalizas en los centros, e incluye el desarrollo de medidas educativas esenciales para fomentar hábitos que son saludables.

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Un documento que, según denunciaron, llega con “ocho años de retraso” y presenta importantes deficiencias en materia de planificación, financiación y evaluación.

Durante una rueda de prensa, Vega defendió que las políticas de igualdad “van mucho más allá del feminismo” y tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las mujeres.

“Esto va de esa mujer que no se atreve a denunciar porque no tiene un lugar seguro al que asistir. O de aquella mujer que cruza cada mañana la frontera para trabajar en condiciones que nadie fiscaliza. En definitiva, esto va de que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y su propia libertad”, afirmó.

La dirigente socialista sostuvo que un plan de igualdad carece de utilidad si no incorpora elementos esenciales para su desarrollo. “Cuando un gobierno presenta un plan de igualdad sin plazo, sin presupuesto y sin medidas concretas, realmente no está haciendo políticas de igualdad”, aseguró.

Un documento "desactualizado y sin garantías"

Vega criticó que el Ejecutivo local vaya a elevar al Pleno un documento que, a su juicio, llega tarde y sin las herramientas necesarias para garantizar su cumplimiento. “Lo hace después de ocho años sin hacerlo, con ocho años de retraso y con muchas carencias”, señaló.

La secretaria de Igualdad explicó que el PSOE ha registrado las enmiendas con el objetivo de mejorar el texto y no de bloquear su aprobación. “No presentamos estas propuestas para impedir que salga adelante, sino para convertirlo en algo que funcione, en un plan de igualdad real”, manifestó.

Entre las principales deficiencias detectadas, destacó que el documento se apoya en datos de 2021, no establece un periodo de vigencia explícito, carece de una dotación presupuestaria concreta y no contempla mecanismos de rendición de cuentas. “No consideramos que esto sea un verdadero plan de igualdad”, subrayó.

Actualización normativa y nuevas realidades sociales

Las enmiendas socialistas se articulan en torno a cuatro grandes ejes. El primero de ellos pasa por actualizar el contenido del plan conforme a la legislación vigente.

Según Vega, el documento ignora hasta seis normas de referencia, entre ellas la Ley Orgánica de Paridad de 2024, la Ley de Igualdad de Trato, la Ley de Derechos LGTBI, los decretos sobre igualdad retributiva y la Directiva Europea sobre Ciberviolencia.

“Si se eluden estas normas, también se facilita que el Gobierno eluda las obligaciones que de ellas se derivan”, advirtió.

Asimismo, el PSOE propone actualizar el diagnóstico con datos hasta 2024 e incorporar situaciones que, según denunció, han quedado invisibilizadas en el texto.

Entre ellas citó a las trabajadoras transfronterizas, las mujeres afectadas por la brecha digital, las víctimas de matrimonios forzados y aquellas que han sufrido mutilación genital femenina.

Plazos concretos para los compromisos

El segundo bloque de propuestas pretende convertir los compromisos generales del plan en actuaciones concretas y evaluables. Vega consideró que el documento está “lleno de verbos que no comprometen a nadie”.

“Ellos valoran, impulsan o promueven, pero nosotros sustituimos esas expresiones por plazos y obligaciones concretas”, explicó.

Como ejemplo, citó el caso del Centro de Crisis 24 Horas para víctimas de violencia sexual, una infraestructura anunciada hace años y financiada con fondos europeos.

“Nuestra enmienda establece un plazo máximo de seis meses para que el centro esté abierto y funcionando al cien por cien, así como una comparecencia en la Asamblea si ese objetivo no se cumple”, detalló.

Evaluación y financiación

El tercer eje de las enmiendas plantea la creación de un sistema de seguimiento permanente. El PSOE propone un modelo de evaluación en cuatro niveles: un seguimiento mensual interno, un informe semestral ante la Asamblea, un informe anual de impacto y una auditoría externa bianual.

“Entendemos que no tiene sentido esperar al final de la vigencia del plan para saber si ha funcionado o no”, argumentó Vega.

Por último, los socialistas plantean incorporar una memoria económica que cuantifique las necesidades del plan. Según explicó, la formación estima necesaria una inversión de 950.000 euros anuales, equivalente al 0,2% del presupuesto de la Ciudad Autónoma.

“Estamos hablando de una cantidad perfectamente asumible para una administración que supera los 430 millones de euros de presupuesto”, indicó. Además, aseguró que la financiación podría obtenerse a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fondos europeos y convenios con el Ministerio de Igualdad.

"No necesitamos más documentos vacíos"

Mercedes Vega concluyó su intervención defendiendo la necesidad de contar con un instrumento útil y eficaz para las mujeres ceutíes.

“Las mujeres de Ceuta no necesitamos más documentos ni más declaraciones vacías de intenciones. Necesitamos un centro de crisis que funcione al cien por cien y un diagnóstico honesto que refleje la realidad de todas las mujeres, independientemente de su origen, credo, religión u orientación sexual”, afirmó.

Sandra López: "La igualdad debe estar en todas las políticas"

Por su parte, la secretaria de Políticas Institucionales del PSOE de Ceuta, Sandra López Cantero, quiso matizar que las críticas formuladas por su partido no significan que el Ejecutivo local “lo haga todo mal”, sino que existen “dos formas distintas de gobernar”.

“La ciudadanía tiene que entender que para el Partido Socialista la igualdad es transversal. Está en la vivienda, en el urbanismo, en la juventud y en el empleo”, explicó.

López cuestionó que la Ciudad haya permanecido ocho años sin un plan de igualdad pese a que la perspectiva de género debe aplicarse en todas las áreas de gobierno.

“¿Cómo es posible que el Gobierno haya estado ocho años sin un plan de igualdad cuando la transversalidad, por ley, tiene que ejecutarse en todas las consejerías?”, preguntó.

Críticas por falta de transparencia

La dirigente socialista fue especialmente crítica con el contenido del documento, al que calificó de “copia y pega”.

“Hay un capítulo exclusivamente dedicado a la COVID cuando la pandemia ya finalizó hace años. Con la cantidad de asesores que tiene el Gobierno de la Ciudad, parece que nadie se ha enterado de que la COVID ya no existe”, ironizó.

Asimismo, defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia. “Si no hay seguimiento, no sabemos si las políticas funcionan. Y cuando hablamos de seguimiento hablamos también de transparencia”, señaló.

En este sentido, denunció que el Ejecutivo local lleva “nueve meses sin responder” a diversas preguntas formuladas por escrito por el Grupo Parlamentario Socialista.

Reclaman información pendiente

Entre la documentación solicitada, López citó el reglamento del Consejo Sectorial de la Mujer, las actas de sus reuniones, la memoria de actuaciones del Centro Asesor de la Mujer y los datos relativos al número de usuarias atendidas.

“Queremos saber cuál es la memoria de actuaciones del Centro Asesor de la Mujer y cuántas mujeres han acudido a este servicio. A día de hoy seguimos sin conocer esa información”, lamentó.

También reclamó las actas de los distintos órganos contemplados en los anteriores planes de igualdad, entre ellos la Comisión Transversal de Género, la Comisión Permanente y los diferentes grupos de trabajo. “Las hemos solicitado en numerosas ocasiones y seguimos sin recibir respuesta”, aseguró.

Para concluir, López defendió que la diferencia entre el PSOE y el Gobierno del PP radica en la finalidad de estas políticas. “Ellos sacan un plan para cubrir un expediente y guardarlo en un cajón. Nosotros queremos un Plan de Igualdad para ayudar a las mujeres de esta ciudad”, concluyó.

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La inquietud surge tras el anuncio realizado hace unos días por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la posibilidad de condicionar el acceso a la tarjeta de transporte para universitarios al empadronamiento en la región.

La formación localista asegura haber recibido numerosas quejas de estudiantes ceutíes que estudian en Madrid y que temen verse obligados a empadronarse en la comunidad autónoma para conservar el abono joven.

Una situación que, según denuncian, podría acarrear la pérdida del descuento de residente, una ayuda fundamental para sufragar los desplazamientos entre Ceuta y la península.

Desde el MDyC consideran que esta circunstancia coloca a los jóvenes en una situación injusta. “Es una injusticia que tengan que elegir entre su economía y su identidad”, sostienen desde la formación, que comparte la preocupación expresada por los estudiantes afectados.

Posible rectificación de la medida

Según ha podido conocer el grupo municipal, el Ejecutivo madrileño podría haber dado “marcha atrás” a esta medida mediante la firma de convenios con las comunidades autónomas de origen de aquellos universitarios no empadronados en Madrid. No obstante, advierten de que se trata de un procedimiento administrativo que podría prolongarse durante varios meses.

Los localistas recuerdan que muchos estudiantes ya están finalizando el curso académico y regresando temporalmente a sus lugares de origen. Por ello, consideran preocupante que tengan que afrontar el próximo curso sin conocer si la situación estará resuelta cuando deban volver a la capital en septiembre.

Ante esta incertidumbre, el MDyC insta al Gobierno de la Ciudad a actuar con rapidez y a iniciar las gestiones necesarias para garantizar que los estudiantes ceutíes no se vean perjudicados por una decisión administrativa ajena a su voluntad.

Solicitan la intervención de la Consejería de Educación

La formación considera que la Consejería de Educación debe mediar “a la mayor brevedad posible” para evitar que se ponga en riesgo la situación administrativa de los jóvenes empadronados en Ceuta que cursan estudios en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, solicitan que se compruebe si esta problemática puede estar reproduciéndose en otras comunidades autónomas donde también residen estudiantes ceutíes. A su juicio, darse de baja en el padrón de Ceuta resulta “inviable económicamente” para muchas familias.

El MDyC advierte de que la pérdida de la condición de residente podría afectar a los ingresos familiares y generar otros perjuicios administrativos y económicos cuando los estudiantes regresen a la ciudad autónoma, especialmente en hogares que ya realizan un importante esfuerzo para mantener a sus hijos estudiando fuera.

Ayuso anuncia acuerdos con otras comunidades

En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional promoverá acuerdos con otras comunidades autónomas para que los jóvenes universitarios puedan seguir disfrutando del abono joven aunque no estén empadronados en la región.

La dirigente madrileña realizó estas declaraciones durante su participación en un desayuno informativo celebrado en la capital, después de las limitaciones introducidas en la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a personas empadronadas en la Comunidad de Madrid y en determinadas localidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Ayuso defendió que la Comunidad de Madrid se limita a aplicar la normativa vigente del Consorcio Regional de Transportes, que desde 2011 establece que las tarifas bonificadas de los distintos abonos están destinadas a los contribuyentes madrileños.

Defensa del modelo de financiación

La presidenta madrileña aseguró que la medida no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que ya existen convenios de colaboración. Además, argumentó que el sistema responde a una cuestión de financiación pública.

“El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice”, afirmó Ayuso durante su intervención.

La presidenta también subrayó el esfuerzo inversor realizado por la Comunidad de Madrid para seguir modernizando y ampliando la red de transporte público, así como para asumir los costes de personal y mantenimiento de un servicio que calificó como “uno de los mejores transportes públicos del mundo”.

La entrada MDyC pide garantías para universitarios ceutíes en Madrid ante el plante de Ayuso aparece primero en El Faro de Ceuta.

Para ello, el partido ha registrado un escrito en la sede electrónica de la Consejería de Urbanismo y Transportes, insistiendo en una propuesta que ya defendió públicamente el pasado 11 de mayo.

Desde la formación consideran que se trata de una medida “absolutamente razonable”, especialmente ante el progresivo empeoramiento de los problemas de estacionamiento en la zona.

Según explican, la habilitación del antiguo Hospital Militar permitiría descongestionar el entorno y facilitar que los residentes puedan hacer uso de sus vehículos privados sin las dificultades actuales.

Ceuta Ya! sostiene que la escasez de plazas de aparcamiento ha alcanzado niveles que dificultan seriamente la movilidad cotidiana de quienes residen en el barrio. “Hoy por hoy, debido a la falta de estacionamiento, encontrar una plaza se ha convertido en una auténtica quimera”, señalan desde la organización.

Las obras agravan la situación

El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, recuerda que hace apenas un mes la formación ya denunció que las obras que se desarrollan en Hadú estaban agravando los problemas de movilidad en la zona. Sin embargo, asegura que la situación se ha complicado aún más durante las últimas semanas.

En este sentido, Mustafa apunta que a las dificultades existentes hay que añadir los efectos derivados de los trabajos para la ampliación de las gradas del estadio Alfonso Murube, así como otras actuaciones urbanísticas actualmente en marcha. Entre ellas destaca también la rehabilitación de las viviendas de Juan XXIII.

Según el dirigente autonomista, la combinación de todas estas actuaciones ha reducido todavía más las posibilidades de estacionamiento en los alrededores de O'Donnell. “Las plazas disponibles son tan escasas que es prácticamente imposible encontrar una libre”, afirma.

Reclaman más autobuses para la zona

Además del problema de aparcamiento, Ceuta Ya! pone el foco en las carencias del servicio de transporte público, cuya conectividad considera insuficiente para atender las necesidades de los residentes de la barriada.

Mustafa señala que la falta de alternativas de movilidad está teniendo consecuencias especialmente negativas para algunos colectivos. Como ejemplo, menciona el testimonio trasladado recientemente por una vecina afectada, quien asegura que existen personas mayores que llevan meses sin salir de casa debido a las dificultades para desplazarse.

Por todo ello, la formación autonomista ha vuelto a solicitar tanto la apertura del aparcamiento del antiguo Hospital Militar para uso público como una ampliación de las rutas del servicio de autobuses, con el objetivo de mejorar la movilidad y aliviar los problemas que afectan diariamente a los vecinos y vecinas de O'Donnell.

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No son basura. El movimiento ciudadano que reclama una alternativa a tener que despedir a sus mascotas en un contenedor con otros restos es cada vez mayor.

La decisión política de terminar con este vacío quedaba recogida en una carta publicada este domingo y remitida a los medios por la consejera de Sanidad, Nabila Benzina.

Tal y como ha podido saber El Faro, se va a elevar al Consejo de Administración de Acemsa, que tiene previsto celebrarse este próximo martes, la ubicación definitiva de este crematorio.

En su día se valoró hacerlo cerca de Santa Catalina, pero distintos problemas administrativos han llevado a tener que dar un giro localizando una nueva ubicación en zona portuaria.

En otro edificio junto a la base de Servilimpce

La Ciudad, después de estudiar diferentes posibilidades, ha acordado incorporar estas instalaciones para una despedida digna a las mascotas en el marco de la actuación integral de la nueva base de limpieza pública, ubicada en la parcela situada en la explanada del puerto.

La actuación será ejecutada por la empresa municipal Acemsa y se actuará en un espacio libre que hay dentro de esa parcela, que va a servir de sede para ese crematorio de mascotas.

Se trataría de una instalación totalmente independiente de la nueva base del servicio público de limpieza, buscándose así una mejora en la eficiencia de los servicios públicos.

Recursos que se pueden aprovechar

La implantación de este nuevo servicio tan demandado por la ciudadanía requiere de la ejecución de actuaciones específicas de obra civil e instalaciones, lo que incluye la adecuación de espacios, cimentaciones, acometidas, instalaciones eléctricas, ventilación, extracción, saneamiento, protección contra incendios, control ambiental, cámaras de conservación, equipos de proceso y elementos auxiliares necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el correcto funcionamiento de la instalación.

La idea que maneja el Gobierno local es poner en marcha un centro integral para la prestación de estos servicios municipales.

La ubicación del crematorio dentro de la nueva base operativa va a permitir aprovechar infraestructuras generales que estaban previstas en el proyecto, tales como accesos, redes de servicios, instalaciones de seguridad, sistemas de control, espacios de mantenimiento, suministros energéticos y recursos de explotación comunes, evitando la necesidad de desarrollar una actuación independiente con infraestructuras propias.

Coste económico y características

Ubicando allí el crematorio, en el puerto, se alcanza una mejora funcional del complejo proyectado, ya que permite ampliar la capacidad de prestación de servicios municipales desde una misma infraestructura pública y supone una solución más eficiente desde el punto de vista técnico, económico y organizativo para la Administración.

La valoración económica que se ha estimado es de 345.000 euros.

Con esa actuación se pretende evitar un vacío que arrastra Ceuta atendiendo lo que ya es un clamor popular.

Se descarta Santa Catalina

El crematorio para mascotas, que será municipal y quiere disponer de un horno con capacidad para entre 100 y 150 kilos, además de salita de espera y cámara de refrigeración en donde poder mantener los animales un tiempo antes de llevar a cabo el proceso de la cremación, iba a ubicarse en Santa Catalina. Espacio que queda descartado por distintos problemas.

Ceuta tiene más de 10.000 animales censados, pero a pesar de ello sigue sin disponer de un espacio para ofrecer una despedida digna a las mascotas.

Ahora se ha acordado que sea en zona portuaria donde habrá facilidad de acceso en coche.

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El diputado Jacobo Pérez Robatto ha sido el encargado de exponer la posición del partido, advirtiendo de que el debate va más allá “que una partida presupuestaria”, porque lo que está en juego es decidir "si nuestra nación quiere seguir siendo capaz de defenderse o si prefiere convertirse en un país indefenso, dependiente y sometido a la voluntad de otros".

Un mundo cada vez más peligroso

Vox ha argumentado que el contexto internacional justifica sobradamente el incremento del presupuesto de Defensa.

Según ha manifestado Robatto, “el mundo no se está volviendo más seguro”, y ha enumerado una serie de amenazas que considera urgentes: “Una guerra en Ucrania que ha devuelto el conflicto convencional al corazón de Europa”, un Oriente Medio “en llamas”, un Sahel “convertido en un espacio de inestabilidad, terrorismo, tráfico de personas y penetración de potencias hostiles”, además de “amenazas híbridas, ciberataques, presión migratoria organizada, rutas marítimas vulnerables y una competición internacional cada vez más dura”,

La posición estratégica de España y la amenaza marroquí

Vox ha subrayado que España ocupa una posición geográfica especialmente sensible, con dos ciudades en el norte de África –Ceuta y Melilla– e intereses en el Mediterráneo, el Atlántico y el Estrecho de Gibraltar.

En este sentido, ha señalado que el país cuenta con un vecino, Marruecos, “que lleva años aumentando de forma sostenida su inversión militar, modernizando sus capacidades y reforzando su posición estratégica”, ha manifestado.

Ante esta realidad, ha ironizado el diputado de Vox: “la paz no se defiende con pancartas y la libertad no se protege con eslóganes”.

Más inversión, menos "gasto ideológico"

La formación ha dejado claro cuál es su propuesta: "Invertir más y mejor en Defensa". Vox ha defendido que es necesario "reforzar las Fuerzas Armadas, dignificar la carrera militar, proteger Ceuta y Melilla, fortalecer la industria nacional y desarrollar tecnología propia".

Asimismo, ha apuntado que España debe “cumplir los compromisos internacionales”, pero siempre “desde la soberanía y defendiendo primero nuestros intereses”.

Según ha concluido Vox, “la soberanía no se garantiza con manifiestos de facultad, se defiende con medios, con industria, con tecnología, con soldados bien equipados y con una política nacional seria”.

Y ha remachado que lo que sobra en España “es gasto ideológico, burocracia inútil, chiringuitos políticos y cesiones a quienes quieren romper la nación”, no el gasto en defensa.

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