El proceso de adjudicación de las 317 Viviendas de Protección Oficial de Loma Colmenar sigue dando que hablar en la ciudad.
En esta ocasión ha sido la ‘Plataforma por una Vivienda Digna’ la que se ha pronunciado en referencia a las bases publicadas para dicho acceso. Se muestran disconformes con las bases porque consideran que perjudican especialmente a las personas que más tiempo llevan solicitando las viviendas, y esto es debido a que se les pone al mismo nivel que a los recién llegados. También creen que el Gobierno de la Ciudad pretende distraer la atención de la ciudadanía del escándalo generado por la lista fantasma. Dentro de la retahíla de bases publicadas para el acceso al proceso de adjudicación de las VPO de Loma Colmenar, la plataforma considera especialmente perjudicial el requisito de estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda con una antigüedad mínima de tres meses. Consideran que esto supone un grave perjuicio en relación a los demandantes que llevaban varios años intentando acceder a una vivienda digna, como proclaman sus estatutos. Definen la situación como vergonzosa, debido a que consideran que el Gobierno pretende perjudicar a dichas personas, tras tantos años, en beneficio de las que acaban de solicitar una vivienda con sólo tres meses de antigüedad. La norma anunciada les parece “vergonzosa” y creen que el Gobierno trata de distraer a la población del escándalo donde supuestamente varias personas han entregado cantidades de dinero al antiguo gerente de Emvicesa a cambio de acceder a una VPO. Acorralado Especialmente “sospechosas” les han resultado las declaraciones del Presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, en las que acusaba al antiguo gerente de Emvicesa, Antonio López, de amenazar con “reventar ésto”, haciendo alusión al tema de la lista fantasma. La plataforma se pregunta al respecto “¿qué quiere decir con esto, que hay más personas del Gobierno implicadas en este asunto vergonzoso?”. Creen que la afirmación de Vivas, de que López le amenazó con “reventar esto” implica, per se, que el mismo presidente tenía conocimiento de la situación. La plataforma también acusa al Gobierno de llevar años gestionando las adjudicaciones de las viviendas como le conviene a los intereses de determinadas personas, cosa que tildan como “muy grave”, al mismo tiempo que creen que se deberían depurar las responsabilidades de quienes estén implicados en el asunto. Por último, la plataforma ha querido solicitar que las viviendas se adjudiquen, finalmente, a quienes realmente las necesitan y que se evite el método del sorteo.
