La pena de muerte en Marruecos no se aplica desde 1994, pero se siguen produciendo sentencias con esta condena en un país cuyo gobierno, sociedad y organismos oficiales de derechos humanos, defienden su abolición. El nuevo Ejecutivo quiere reformar el Código Penal hacia su supresión, en espera del aval del rey Mohamed VI.
A 31 de diciembre de 2021 había en las cárceles marroquíes 57 hombres y 1 mujer condenados en firme a muerte, informan a EFE fuentes penitenciarias que citan los datos de la Dirección General de Administraciones Penitenciarias.
Una cifra que, según las mismas fuentes, ha ido en disminución año a año y va fluctuando a causa de las nuevas condenas, de los indultos que les puede otorgar el rey conmutando sus penas, porque se les reduzca la pena como consecuencia de apelaciones o porque las personas mueran en prisión.
A pesar de que el debate sobre su abolición lleva vivo muchos años en Marruecos, el anterior gobierno liderado por los islamistas no suprimía esta figura en la reforma del Código Penal que presentó en 2015 ante el Parlamento marroquí.
El borrador de la reforma, retirado por el actual gobierno -el primero no islamista en una década-, sí reducía los artículos que gravan la pena de muerte de 31 a 8, aplicables sobre los delitos como el genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, el ministro del ramo, Abdelatif Ouahbi, líder del liberal-progresista Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) que forma parte de la actual coalición gubernamental, tiene la voluntad de ir restringiendo la pena de muerte para avanzar hacia su abolición.
Su departamento está elaborando un nuevo proyecto de ley de reforma del Código Penal para presentarlo en el Parlamento en los próximos meses, pero se desconoce si el texto recogerá reformas en este ámbito.
Mientras, las organizaciones marroquíes de derechos humanos no paran de pedir al Gobierno votar a favor de la resolución 75/183 de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria de las ejecuciones, con vistas a la abolición total de la pena de muerte.
Incluso el organismo estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que pide la votación de esa resolución, ha lanzado este lunes, coincidiendo con el Día Mundial contra la Pena de Muerte, la iniciativa "A la espera de la muerte, esperanza en la vida" para publicar testimonios de condenados en el corredor de la muerte.
Para el abogado marroquí Abderrahim Jamai, representante de la Coalición Marroquí para la Abolición de la Pena de Muerte, que celebra hoy una protesta en Rabat frente al Parlamento, lo que hace falta ahora es el aval del rey Mohamed VI.
"Hay un movimiento contra la pena de muerte, el ministro de Justicia se ha mostrado favorable y en el Gobierno son una mayoría en contra, pero tienen que tener el aval del rey", explica a EFE.
Jamai recuerda que el país magrebí lleva años sin aplicarla y cree que existen "suficientes razones para que Marruecos vaya adelante en este asunto, como Estado liberal y cercano a las democracias occidentales".
Una apreciación que comparten fuentes del ámbito de los derechos humanos consultadas por EFE, que destacan que efectivamente hay una voluntad de reformar la pena de muerte, pero que se necesita antes la autorización del monarca, que marca las líneas políticas del país.
En la práctica, la mayoría de los condenados a muerte de Marruecos están presos en la cárcel La'ouad de Kenitra (cerca de Rabat), dentro de un módulo especial destinado exclusivamente a ellos.
Sujetos por ley a un régimen penitenciario de celdas individuales con derecho a una hora de paseo al día en el patio, también de forma individual, tienen además un régimen alimentario diferente al resto de presos, sin que la ley penitenciaria marroquí detalle en qué consiste.
Varios son condenados por asesinatos terroristas -entre ellos los dos sentenciados por los atentados de Casablanca de 2003, en los que murieron 33 personas-, y el resto por asesinato, violación o secuestro.
