EFE
Marruecos ha desarrollado finalmente su plan de autonomía para el Sáhara Occidental que presentó en 2007, tal y como reclamaba la reciente resolución 2797 del Consejo de Seguridad.
Según publica Europa Press, la propuesta ofrece a la antigua colonia española un autogobierno que estará dirigido por una persona designada por Mohamed VI y que para salir adelante requerirá el visto bueno del conjunto de los marroquíes en un referéndum.
El documento, de 40 páginas, fue elaborado por tres consejeros reales: el exministro de Exteriores Taieb Fassi-Fihri, el jurista Omar Azziman (embajador en España entre 2004 y 2010) y Fuad Ali El Hima, principal asesor y hombre de confianza del monarca.
Su contenido ha sido adelantado por medios marroquíes como Yabiladi y Le Desk, así como por el español Atalayar, muy próximo a Rabat.
La publicación de algunos detalles de la oferta se produjo tras la reunión celebrada el 8 y 9 de febrero en la Embajada estadounidense en Madrid.
La cita reunió a los jefes de la diplomacia de Marruecos, el Frente Polisario, así como de Argelia y Mauritania, y estuvo copatrocinada por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, el enviado para África, Massad Boulos, y el enviado de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura.
En opinión de Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, se trata de un "globo sonda" para evaluar la reacción de la comunidad internacional. Aunque lo que se plantea "parece bastante sensato" y está en línea con otros sistemas autonómicos —como España o Groenlandia—, "no hay garantías políticas ni jurídicas de que se va a llevar a la práctica".
Según Fernández Molina, la propuesta podría funcionar en un Estado de derecho, pero en Marruecos "no lo hay". El Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann sitúa al país con un 3 en Estado de derecho, un 2 en separación de poderes y un 2 en independencia judicial.
Estos son los principales puntos de la propuesta marroquí:
Según publica Europa Press, el Estado seguirá preservando competencias relativas a defensa nacional, seguridad, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos de la soberanía.
Por su parte, el gobierno regional tendrá competencias sobre uso del territorio, planificación urbana, desarrollo turístico e industrial, gestión pesquera y políticas sociales como salud o educación, pudiendo emitir normas en estas materias.
Se incluye una cláusula de subsidiariedad, según la cual toda competencia no asignada explícitamente a la región seguirá siendo nacional, salvo acuerdo en contrario.
Además, hay una cláusula de salvaguarda constitucional, que permite suspender temporalmente competencias regionales si se produce un daño grave al orden constitucional, la integridad territorial o el funcionamiento de las instituciones.
El presidente del Gobierno regional será investido por el rey Mohamed VI "con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado". Le Desk señala que, dado que el monarca nombra al primer ministro en Marruecos, aplicar un procedimiento distinto al Sáhara crearía "una asimetría institucional peligrosa". Este presidente también será el representante del Estado en la región.
Está prevista la constitución de una asamblea regional unicameral. Parte de sus miembros será elegida por sufragio universal directo —integrándose también en el Parlamento nacional— y otra parte será designada por tribus saharauis reconocidas mediante ley orgánica.
Además, habrá una cuota de representación femenina. Este parlamento tendrá pleno poder legislativo en sus competencias.
La región autónoma podrá recaudar impuestos territoriales y regalías por la explotación de recursos naturales, así como quedarse con parte de los ingresos nacionales generados en el territorio. El Sáhara Occidental es rico en pesca y fosfatos, con potencial en energía eólica y solar.
El plan protege las tierras colectivas de las tribus saharauis y regula concesiones mineras e inversiones estratégicas. Cualquier inversión extranjera requerirá aprobación tanto regional como estatal, lo que podría generar fricciones con Argelia.
Regreso de los refugiados y desarme
Según la información de Europa Press, otro de los aspectos claves de la propuesta marroquí es el relativo al regreso de los refugiados saharauis que residen en los campos de Tinduf (Argelia), unos 173.000 según las estimaciones de organismos humanitarios.
Está previsto un comité permanente para organizar el retorno, con facultades para verificar la identidad y controlar la filiación, si bien los criterios específicos deberán fijarse en una negociación posterior.
Además, está incluido un mecanismo de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes del Polisario, del que deberían quedar fuera quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.
El estatuto de autonomía deberá ser sometido a referéndum en todo Marruecos, no solo en el Sáhara Occidental. Fernández Molina señala que esto "no cumple los requisitos formales de autodeterminación" y sería difícil de aceptar por el Polisario.
De aprobarse, el estatuto se integrará en la Constitución mediante un título específico. Cualquier revisión requerirá mayoría cualificada en el parlamento regional y nacional y un nuevo referéndum. Incluye una cláusula de irreversibilidad territorial, excluyendo cualquier derecho de secesión.
El reconocimiento internacional no implica tutela externa permanente, dejando al Sáhara Occidental como cuestión de derecho nacional sin supervisión internacional.
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