El vicepresidente Segundo del
Gobierno local, Carlos Rontomé, ha remitido a los Grupos Parlamentarios con representación en la Asamblea una nueva versión del plan ‘
Por un futuro más estable y seguro para Ceuta’ con la intención de convocar una Comisión Informativa como paso previo a su elevación al
Pleno, donde sigue confiando en poder conseguir el consenso de la Corporación para aprobarlo.
El documento parte de las 140 medidas que
el presidente de la Ciudad presentó en febrero como punto de partida, a las que en verano se incorporó otro medio centenar de propuestas de los partidos de la oposición (del PSOE y del MDyC) y de los agentes sociales (Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, CCOO, UGT y USO).
El también consejero de Educación y Cultura, a quien Vivas encomendó la misión de culminar su redacción y su aprobación con el mayor grado de acuerdo posible, ha pulido su introducción, fundido algunos puntos coincidentes en materia de inmigración y eliminado la reivindicación de obtener del Estado el pago de los 7,2 millones no abonados en 2019 y 2020,
aspiración conseguida en su segunda parte la semana pasada. “El espíritu y el fondo del texto sigue siendo el mismo y sus ejes prioritarios, las medidas urgentes y el resto de objetivos, básicamente también”, indicó este lunes Rontomé en declaraciones a este periódico sobre un plan que apuesta por “un modelo económico alternativo que no dependa de Marruecos” y por “contar con una frontera equiparable al resto de fronteras exteriores de la Unión Europea”.
El objetivo último es caminar hacia “un nuevo modelo de Ciudad como base para el cambio de paradigma que nos permita superar la actual crisis”. “Ceuta se enfrenta a un momento crítico y crucial de enorme calado y envergadura que exige una reacción enérgica, decidida e inmediata”, justifica su trascendencia el documento para “actuar sin dilación y con la necesaria contundencia para evitar que Ceuta caiga en el abismo”.
Un fondo para ayudar a los perjudicados por el cierre de la frontera
El plan mantiene la apuesta por conseguir “una rebaja sustancial del IPSI a la Importación y, en su caso, de los gravámenes complementarios”, para “mejorar la competitividad de nuestro comercio y, por esta vía, potenciar sus capacidades para fidelizar al consumo local y atraer demanda externa”.
También incluye entre sus 23 medidas “prioritarias” la adquisición por la Ciudad mediante licitación pública de 50.000 billetes de barco “para ponerlos a la venta al precio de 5 euros ida y vuelta a turistas que nos visiten los fines de semana y festivos de todo el año”.
Además, contempla solicitar al Estado “la financiación necesaria para dotar un fondo especial de ayudas a pymes y trabajadores afectados por el bloqueo de
Marruecos a la actividad comercial de Ceuta”, así como la inclusión de la ciudad en la lista de territorios autorizados a la exportación de productos pesqueros al territorio aduanero común.
“Intensificar los esfuerzos y mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude en cualquiera de sus manifestaciones”; “procurar que la contratación pública de la Ciudad en obras, servicios y suministros sea un factor que coadyuve al mantenimiento y desarrollo del tejido empresarial local”; y “estudiar la posibilidad de una revisión en profundidad de la actual excepción al Tratado Schengen”, son otras de sus líneas de actuación.
Una “encrucijada” y también “una oportunidad”
El documento elaborado por el Ejecutivo con las aportaciones de grupos de la oposición y los agentes sociales defiende que Ceuta en una “encrucijada” histórica que también es “una oportunidad que, partiendo de considerar que la única manera de salir airoso de la actual encrucijada es elegir la senda de más España y más Europa, se sustente en una estrategia definida, realista y viable” con diez ejes principales y un total de 23 medidas “prioritarias”.