La acusada negó haberse abalanzado sobre un agente de Policía en la frontera.
La magistrada del juzgado de lo Penal número uno dejó ayer visto para sentencia el juicio celebrado contra una mujer acusada de cometer un delito de desobediencia y una falta de maltrato. Por ambos se enfrenta a nueve meses de prisión y al abono de una multa de 300 euros. La defensa solicitó la libre absolución de su representada en el juicio.
Los hechos que se le imputaban a la mujer ocurrieron el día 23 de diciembre 2010, sobre las 20.30 horas, en la frontera del Tarajal. Todas las partes coinciden en que el marido de la acusada intentó venir desde Marruecos con su documentación habitual y le negaron el paso, poniéndole un sello de prohibición en el pasaporte. Ante ello, la mujer se desplazó hasta el puesto fronterizo e intentó pedir explicaciones al responsable policial, ya que no entendía el motivo de la negativa. A partir de aquí comienzan las divergencias en las versiones. La acusada sostuvo que ella se mostró tranquila en todo momento y que estaba esperando sentada para que le dieran alguna explicación cuando llegó un agente y, con muy malos modos, le arrebató el pasaporte, le registró y, finalmente, la detuvo. Ella aseguró haber colaborado en todo momento e incluso haber llegado a sufrir lesiones en las muñecas. Por su parte, el agente en cuestión aseguró que la mujer llegó “en actitud prepotente” y que se negó a facilitar su pasaporte para identificarse durante la charla. Según el policía, la acusada comenzó a alterar el orden público y, cuando le dijo que la iba a proponer para ser sancionada, ésta le empujó y golpeó con la intención de arrebatarle el pasaporte. Otro agente ratificó esta versión en el juicio, aunque la mujer aseguró que ella jamás había empujado o golpeado al agente que la denunció e incluso llegó a afirmar que el segundo testigo policial era falso porque no había estado allí ni visto nada.
El Fiscal dio por sentado que la versión de los agentes era buena, aunque terminó rebajando su calificación de atentado a resistencia de la autoridad, es decir, que la mujer pasó de enfrentarse a dos años de prisión a afrontar solamente nueve meses.
La letrada encargada de la defensa se escudó en la versión de su defendida, en el principio ‘in dubio pro reo’ y en la presunción de inocencia para sostener la petición absolutoria respecto de la acusada.
La magistrada decidirá si la mujer es culpable o no.
