En España, miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) están soportando un coste económico enorme debido al actual modelo de gestión de las bajas laborales por enfermedad común. Este sistema, lejos de proteger al tejido productivo, está generando un desequilibrio financiero que perjudica gravemente la competitividad y productividad de las empresas.
Es importante para el ciudadano entender de qué estamos hablando. Cuando un trabajador cae de baja por enfermedad común, o accidente no laboral, los 3 primeros días los suele asumir la empresa porque la mayoría de los convenios incluyen esta compensación, y hasta los 15 días los paga también la empresa, con una reducción de la base reguladora. Muchos convenios también recogen que las empresas asumen el gasto a partir del día 16 en distintos grados, aunque debiera hacerlo la Seguridad Social. La empresa, además, sigue teniendo que pagar:
- Las cotizaciones sociales durante toda la duración de la baja.
- Los complementos salariales que muchos convenios colectivos obligan a cubrir, como se ha explicado anteriormente.
Esto quiere decir que la empresa asume un coste muy importante, hasta tal punto que todo esto en la práctica representa un coste directo de casi 14.000 millones de euros al año. Pero si sumamos otras partidas —como fondos empresariales que se destinan a usos no directamente relacionados con estas bajas— la factura asciende a más de 20.000 millones de euros anuales.
Este gasto es mayor que el que asume la propia Seguridad Social, que ronda los 15.000 millones. En otras palabras: las empresas están pagando más que el sistema público por estas incapacidades.
¿Cómo afecta esto a las pymes?
Las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99% del tejido empresarial español, no tienen la misma capacidad de aguante que las grandes compañías. Para muchas, estas cargas suponen un freno a su crecimiento, su productividad y, en algunos casos, ponen en riesgo su viabilidad.
Además, el actual sistema no permite a los empresarios gestionar de forma eficaz el absentismo laboral. Las mutuas, que podrían ayudar a controlar este problema, tienen competencias limitadas, a pesar de que su gobernanza está en manos de los propios empresarios. El resultado: más bajas largas, menos control, y menos incentivos para reincorporarse a tiempo.
Si lo comparamos desde una perspectiva internacional, las empresas españolas también están en desventaja frente a otros países: en España, las cotizaciones sociales equivalen al 9,5% del PIB, mientras que la media de la UE es del 7,1%, y en los países de la OCDE, del 4,5%. Este sobrecoste reduce la competitividad de nuestras empresas frente a sus homólogas europeas.
¿Qué se necesita?
El sector empresarial reclama una reforma urgente y profunda del sistema de incapacidad temporal, que:
- Reconozca el papel clave de las empresas en la gestión del absentismo.
- Dé más margen de actuación a las mutuas para controlar y prevenir las bajas laborales.
- Haga el sistema más justo, equilibrado y eficiente.
Las empresas no pueden seguir pagando por un sistema que no controlan. Si queremos proteger el empleo y la competitividad, hay que tomar decisiones valientes ya.
